El gobierno será el gran avalista económico en esta pandemia

El gobierno que preside Pedro Sánchez se va a convertir en el máximo avalista de las empresas españoles, pequeñas y medianas, pero también grandes, que necesiten préstamos bancarios para poder seguir su actividad. Los avales tendrán una validez máxima de cinco años

El gobierno que preside Pedro Sánchez avalará el 80% de los créditos a PYMES y autónomos recibirán para, cuando concluya esta emergencia sanitaria, tengan capital para poder recuperar su actividad económica.

La primera «andanada» de avales, con una cuantía de 20.000 millones de euros, tendrá efecto retroactivo desde el 18 de marzo, y la función de ese dinero será para circulante, salarios y facturas varias.

Como ya hemos indicado que el «paquete» tiene efectos retroactivos, por lo que a algunas empresas les servirá para devolver créditos que tenían con entidades financieras y que habían quedado en el cesto de los impagos.

La AEB a favor de la medida

La «patronal» de los bancos españoles, la casi sacrosanta Asociación Española de la Banca, ha salido en tromba para alinearse con el gobierno en esta medida que pretende inyectar liquidez al sistema productivo español.

La premura que pide la AEB tiene que servir, según la asociación que preside José María Roldán, para evaluar de una manera rápida el mecanismo financiero que ha puesto en marcha el gobierno.

En una primera fase se trataría de «testar» como se ejecuta el mismo, estableciendo cuantas modificaciones sean necesarias para dotar al mecanismo de la suficiente flexibilidad para adaptarse a lo que se adivina como un entorno volátil y cambiante.

Tal como ha informado el presidente de la AEB, de lo que se trata es de que ninguna empresa española no pueda operar debido a que le falta lo que es el sistema circulatorio del sistema productivo, esto es, la financiación y sobre todo el circulante.

CECA también apoya la medida

Uno de los factótums en lo que a entidades financieras se refiere, la Confederación de Entidades de Crédito y Ahorro (CECA), lo que viene a ser la patronal de las pocas cajas de ahorro que todavía están en pie, también aplaude la medida.

Desde CECA se considera que la medida es imprescindible para dinamizar una actividad económica en España que, a día de hoy, se encuentra completamente ralentizada, a la espera del «maná» económico en forma de liquidez.

De hecho, CECA hace público su compromiso para permitir que las empresas del sector productivo español puedan seguir operando.

Características del primer tramo

Como ya se ha indicado, el primer «tramo» de la inyección de capital que realiza el gobierno será de «solo» de 20.000 millones de euros que estarán dedicados en exclusiva a financiar a la pequeña y mediana empresa española y a los autónomos.  

La calificación de PYME tiene el límite en el número de empleados de la empresa, que nunca pueden superar los 250 trabajadores.

El gobierno, con esta inyección de capital a las PYMES, lo que busca es favorecer el mantenimiento del empleo, permitir que ese tipo de empresas tengan circulante y permitir la continuidad de la actividad productiva.

Estos 20.000 millones de euros son una cuantía similar a la que otros gobiernos europeos están movilizando también para las empresas de su país que no llegan a los 250 empleados, y tiene el mismo objeto que las españolas.

Otro tramo para la mediana y gran empresa

Podemos decir que se trata, sin lugar a dudas, de «la parte del león», ya que se trata de la partida presupuestaria de mayor cuantía, y tienen como objeto que el estado se convierta en el avalista final de los créditos que solicite la mediana y gran empresa española.

En el caso de los nuevos préstamos, el estado avalará el 70% de la cuantía de los mismos, que bajará al 60% cuando de lo que estemos hablando es de la renovación de créditos previamente concedidos.

La elección de los porcentajes ha venido precedida de una intensa negociación a tres bandas – gobierno, banca y organizaciones empresariales, ya que desde CEOE y CEPYME lo que se buscaba era que el aval llegará al 90% de los créditos.

Luchar contra la incertidumbre

De lo que se trata con esta generosa política de avales es dar seguridad, o al menos una cierta seguridad, en un entorno económico devastado por la crisis sanitaria, en donde todavía quedan muy pocos sectores incólumes.

Y eso máxime porque, como las medidas de confinamiento no han sido lo suficientemente efectivas, está cerca un cierre total que dejará operativos solamente el sector de los supermercados y la distribución minorista de alimentos y las farmacias.

De hecho, los avales se van a poder utilizar inclusive con empresas que hayan entrado en mora, utilizando los avales para la renegociación de créditos fallidos con las entidades financieras que las concedieron.

Varias rondas

En el caso de los 20.000 millones de euros en avales para el parque de PYMES españolas, habrá varias «oleadas» de financiación sucesivas, de manera que cuando se acabe la primera, les seguirán las siguientes.

Además, el gobierno ganará dinero, porque el ejecutivo que preside Pedro Sánchez cobrará a cada banco que utilice los avales, entre un 0,20% y un 1,20% por permitir que en caso de impago el tesoro público respalde el impago.

En una lógica impepinable, cuanto mayor sea la cuantía del préstamo y mayor el tiempo, más cobrará el Estado a los bancos, con un máximo, como ya hemos dicho, del 1,20%.

Laissez faire, laissez passer

En una medida que puede ser calificada incluso como neoliberal, el gobierno no se mete en el interés que cada entidad financiera le cobra a cada empresa a la que le presta dinero, ya que lo deja al albur de la política comercial de cada entidad financiera.

A pesar de ello, el gobierno si quiere velar porque los tipos de interés que se apliquen vayan en consonancia con los que las que bancos y cajas de ahorro, han marcado desde el comienzo de la crisis del covid-19.

No más de un lustro

Una de las normas que sí es de obligado cumplimiento es que el plazo máximo para poder devolver el préstamo por parte de las pymes o de la gran empresa no puede superar los cinco años.

Por lo tanto, la validez del aval quedará sin efecto cuando haya pasado un lustro desde la fecha de concesión más cinco años, por lo que todos los avales quedarán sin efecto al finalizar el año 2025.

Como supervisor de la buena marcha de esta «batería» de avales, desconocida en la España contemporánea, se encontrará el Instituto de Crédito Oficial, el tan manido ICO.

Fuente – EL PAÍS / AEB

Imagen – La Moncloa – Gobierno de España / daneshjai / Zulio / Heiko Höhn / David Hall / Tyler Ross / Mooganic / Dick Thomas Jhonson / barrydon

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