Aprobado el ingreso mínimo vital

Un hito histórico largamente acariciado por muchas organizaciones sociales se ha logrado: la aprobación de un ingreso mínimo vital, de ámbito estatal y que llegará a 850.000 hogares y un millón seiscientas mil personas, con el objetivo de paliar la pobreza severa en España

Algo que muchas organizaciones humanitarias llevaban pidiendo más de 20 años en el Estado, un mecanismo de Ingreso Mínimo Vital, algo que ya existe en Euskadi hace 30 años y que se denomina Régimen General de Ingresos (RGI), ha sido aprobado por el Consejo de Ministros.

Su objetivo es, prioritariamente, combatir la pobreza en general, y la pobreza sobrevenida producto del parón de actividad económica en la pandemia, y para el vicepresidente de derechos sociales, Pablo Iglesias, es el mayor paso en derechos sociales desde la aprobación de la Ley de Dependencia.

Una medida largamente anunciada

Con la premura que marca la crisis del coronavirus, el gobierno de Pedro Sánchez ha aprobado el Ingreso Mínimo Vital, con el fin de paliar los estragos que está causando el coronavirus en la economía de empresas y familias.

La idea de un ingreso mínimo vital era largamente acariciada por Unidas Podemos, y estaba planteada mucho antes de que se produjese sorpresivamente esta crisis sanitaria y económica, pero la debacle ha puesto en bandeja al gobierno aprobarla.

Su objetivo no es otro que 850.000 hogares tengan un mínimo ingreso y evitar que 1,6 millones de personas tengan que vivir en situación de pobreza extrema, una de las mayores de toda la Unión Europea.

Mientras que las cifras de pobreza en España sacarían los colores a cualquiera, supone el 12,4% de la población, la media de la Unión Europea es prácticamente la mitad, un 6,9%. El ingreso mínimo vital tendrá un coste de 3.000 millones de euros.

Pablo Iglesias no ha dudado en calificar la medida como la adquisición de un nuevo derecho social, largamente acariciado por las organizaciones no gubernamentales que luchan contra la pobreza en España.

El vicepresidente de Derechos Sociales ha valorado el ingreso mínimo vital como un hito en los derechos sociales en España, solo parangonable a la aprobación de la Ley de Dependencia.

Relación directa con la Gran Recesión

En relación directa con la crisis financiera e inmobiliaria que eclosionó en el 2008, se produjo una situación de crisis económica y pobreza estructural que todavía no se había solucionado cuando estalló la crisis sanitaria y socioeconómica del covid-19.

En la actualidad, y antes de que el coronavirus trastocase la actividad socioeconómica tal como la conocíamos hasta ahora, el 26,1% de la población está en riesgo de pobreza, que engloba al 13% de la masa laboral.

Lo que se denomina pobreza severa engloba al 12,4% de la población española y la pobreza infantil afecta a 120.000 hogares sin ingresos en los que al menos vive un niño que es pasto de la pobreza.

Ineficiente redistribución de la riqueza

Y eso con datos refrendados por organizaciones supranacionales tan prestigiosas como el INE, la OIT y Eurostat, que afirman, con datos en la mano, que las políticas para la distribución de la riqueza yerran.

Tal como aparece publicado en un reciente informe de la Fundación La Caixa, elaborado por los profesores Luis Ayala y Olga Cantó, la principal razón del fracaso de las políticas de redistribución de la riqueza y que no reducen la desigualdad es la menor capacidad del sistema de impuestos y prestaciones para reducir la misma.

Algo más que un complemento

Será el Instituto Nacional de la Seguridad Social el encargado de distribuir el subsidio, y llegará a 850.000 familias, que tienen una renta menor de 310 euros, y tendrá como función complementar los ingresos de los hogares más vulnerables.

El nuevo subsidio irá de los 461,5 euros mensuales para aquellas personas que viven solas hasta las 1015 que cobrará una «unidad de convivencia» tipo formada por dos adultos y tres niños.

Las instancias para solicitar el Ingreso Mínimo Vital se pueden presentar entre el 15 de junio y el 15 de septiembre, y aquellas que sean aprobadas se cobrarán, con carácter retroactivo, desde el 1 de junio.

A la hora de realizar la valoración sobre la pertinencia de recibir la ayuda, se evaluará la renta neta de los hogares, sin entrar en el cómputo ni las becas ni las ayudas al alquiler, siendo compatible el nuevo subsidio con los salarios sociales autonómicos, como la RGI vasca.

Que el nuevo Ingreso Mínimo Vital complemente a los «salarios sociales» es una manera de orillar el espinoso tema de invadir las competencias autonómicas sobre asistencia social, lo que servirá también para que las comunidades autónomas liberen 1.500 millones de euros que podrán destinar a otros menesteres.

Las comunidades autónomas gestionaran el subsidio

Es lo que ha logrado «arrancarle» el Partido Nacionalista Vasco al gobierno en una negociación que ha logrado que las 17 comunidades autónomas puedan gestionar el subsidio, y en el caso de la existencia de subsidios sociales autonómicos, el subsidio estatal lo complemente.

Hasta la aprobación del Ingreso Mínimo Vital, las únicas ayudas sociales de ese tipo eran las autonómicas, lo que ha provocado agravios comparativos entre las diversas autonomías, ya que, por ejemplo, en Euskadi el 71% de las personas en situación de pobreza cobran el subsidio.

Sin embargo, debido a la «jungla burocrática» que supone llegar a cobrar el subsidio, en determinadas comunidades autónomas, caso de Castilla – La Mancha o Andalucía solo el 2% de las personas en situación de pobreza acceden al subsidio.

La dificultad señalada hasta por organismos internacionales

Son muchos los organismos internacionales que han subrayado la dificultad que tienen en España muchas de las personas en situación de pobreza para poder llegar a cobrar los subsidios.

La gestación del texto legal que da lugar al ingreso mínimo vital no ha sido fácil, pero finalmente ha cristalizado sobre todo por el impulso de los agentes sociales, en especial de los dos sindicatos mayoritarios, como son CCOO y UGT.

Las organizaciones sindicales de la cuales son secretarios generales Unai Sordo y Pepe Álvarez, respectivamente, iniciaron en el año 2015 una recogida de firmas para una Iniciativa Legislativa Popular, presentada al Congreso en al año siguiente.

Ante la iniciativa de lo que ha cristalizado finalmente como el Ingreso Mínimo Vital hubo altos funcionarios del estado muy críticos, como el actual ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, que dudaba que pudiese servir para luchar contra la pobreza severa, y sí para incrementar el gasto.

Fuente – EL PAÍS

Imagen – La Mocloa – Gobierno de España / TCU Alumni Association / Francoise Gajour / matthieu chollet / Craneys / EAJ – PNV / World Trade Organization

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