Pan para hoy y hambre para mañana

La Fundación de Estudios de Economía Aplicada (FEDEA) se muestran críticos con el acuerdo al que se ha llegado en al Pacto de Toledo, aduciendo que el sistema sin los «gastos impropios» es sostenible, aunque desde el organismo dependiente del Banco de España la sostenibilidad se pone en solfa

Es la principal crítica que realiza FEDEA a lo que ellos denominan «contrarreforma» de las pensiones que está llevando a cabo el gobierno.

Para los investigadores de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada, el no lleva a cabo, por motivos electorales, una profunda reforma del sistema de pensiones aboca a una reforma «abrupta» en un futuro cercano.

Excesivamente optimista

Es como califican desde FEDEA la visión que de las pensiones tienen en el Pacto de Toledo, que recordemos fue un acuerdo de las fuerzas políticas para sacar a las pensiones de la lucha partidista.

Para la comisión parlamentaria, las disfuncionalidades del sistema de pensiones provienen de que la Seguridad Social lleva realizando una serie de gastos impropios lo que ha provocado un déficit.

Eliminando esos gastos impropios, el gobierno está convencido de que el sistema público de pensiones va a poder hacer frente al envejecimiento de la población, por lo que ha decidido eliminar la caución en el gasto que se impuso en el 2013.

La única medida que va a adoptar el gobierno pasa por aumentar la edad de jubilación, algo que desde FEDEA se considera insuficiente, un diagnóstico que comparten Ángel de la Fuente, Miguel Ángel García Díaz y Alfonso R. Sánchez Martín.

Cuentas ilusorias

El gobierno cifra la sostenibilidad del sistema público de pensiones a aumentar la recaudación en medio de una crisis económica que no se conocía desde la Guerra Civil y al aumento de la edad real de jubilación.

Con ello, abunda FEDEA, lo único que se va a lograr es un aumento significativo del gasto sostenido en el tiempo que acabará provocando que llegue un momento, cercano en el tiempo, en que el sistema sea insostenible.

Desde el Ministerio de la Seguridad Social se afirma que con cada año que se logre retrasar la jubilación se ahorrarán 1.2 puntos del PIB.

Además, si se logra cuadrar la edad de jubilación real con la legal se perderían las penalizaciones en las pensiones, que supone un buen dinero para la Seguridad Social todos los años.

Solidaridad intergeneracional

Según FEDEA sería uno de los principales elementos que se vería lastimado, porque dado que el sistema de pensiones público es un sistema de reparto – los que están trabajando pagan las pensiones de los jubilados – la presión sobre los trabajadores aumentaría.

Inclusive con la apreciable participación de los trabajadores extranjeros a la «caja común», el déficit anual de la Seguridad Social, además durante muchos años, sería entorno al 3% del PIB, que supone la mitad de lo que se recauda por IRPF.

Para el ministro Escrivá «el diablo está en los detalles», y todo pasaría por que la Seguridad Social no tuviese que soportar unos gastos impropios que supusieron el año pasado 23.000 millones de euros.

Sin embargo, para FEDEA los gastos impropios solo supusieron, el anterior ejercicio fiscal, alrededor de 4.500 millones de euros.

Bayb boomers que se jubilan

Denominamos el baby boom a la generación nacida en España entre los años 1960 y 1975, estando la primera «hornada» a punto de comenzar a jubilarse masivamente a partir del 2023.

Eso supone que hasta el año 2042, toda es generación va a ir engrosando las filas de los pensionistas, con un panorama económico agravado por el COVID.

Desde FEDEA para evitar una situación económica que podría llevar al Estado a una suspensión de pagos, será necesario una importante inyección de capital al sistema de pensiones, por ejemplo, con impuestos específicos.

Desde FEDEA se piensa que, si no se ensaya que la pensión se calcule teniendo en cuenta toda la vida laboral, sería necesario establecer un factor de sostenibilidad, que aumentaría la edad de jubilación a la esperanza de vida.

En cuanto a la actualización de las pensiones, aunque desde FEDEA se está de acuerdo de que las de menor cuantía se indexen al IPC, se pide que el resto se actualicen teniendo en cuenta la situación financiera del país.

En «román paladino» eso supone que la mayor parte de los pensionistas sean los que sufraguen los ajustes que se tengan que producir, con unas pensiones menores que los salarios.

Unas pensiones muy rentables

FEDEA echa por tierra una de las principales argumentaciones del ministro Escrivá: que España parte de un menor gasto de PIB en pensiones que los países europeos del nuestro entorno.

Pero desde FEDEA se niega la mayor: se trata de una situación temporal porque España es un país más joven que nuestro entorno, un efecto que se diluirá a medida que la población española se vaya haciendo más añosa.

Otro de los «problemas», suponemos que no para los pensionistas, es que, por término medio en la pensión, cada cotizante recibe, de media, un 74% más de lo cotizado.

Otro tema capital es que, en los próximos 30 años, se pasará de 10,5 millones de pensiones a casi 15 millones, cuando en el 2050 la tasa de dependencia pasará al 56%.

La «mochila austriaca»

Se trata de un sistema muy alabado por los economistas, sobre todo aquellos de orientación neoliberal, y consiste, a «grosso modo», de un sistema por el cual la empresa va aportando a su «mochila» una cantidad todos los meses.

Esa «mochila» es accesible al trabajador por múltiples motivos: despido, traslado, formación o llegado el caso en su jubilación.

Se denomina «austriaca» porque fue ese país centroeuropeo el que impuso ese modelo en el año 2003, y todavía lo mantiene vigente, con una aportación mensual del 1,53% del salario del trabajador.

De ese modo el sistema de pensiones austriaco ahorra, ya que al final el dinero que recibe el trabajador es el mismo que ha aportado a lo largo de toda su vida laboral.

Fuente – EL PAÍS / Público

Imagen – Pedro Ribeiro Simões / Eva Swensen / cea + / Michael Dadino / Thomas Kholer / Images Money / Franck Michael

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