Lluvia de millones

Ya han llegado los primeros 10.000 millones de euros procedentes de Europa, un desembolso que está subordinado a que el gobierno español establezca diversas reformas, entre ellas las que tienen que ver con el mercado laboral y con las pensiones.

A punto de terminar el año 2021, Europa da a España el primer cheque de las ayudas, por una cuantía de 10.000 millones de euros, aunque el dinero llegará ya entrado el 2022.

Lo que ha sucedido es que los 27 han dado «luz verde» a que Bruselas adjudique a España la primera de las partidas de los 140.000 millones de euros, la mitad a fondo perdido, que le han sido destinadas al gobierno de Pedro Sánchez.

En concreto ha sido el Comité Económico y Financiero de la UE, en donde se reúnen los ministros de Economía y Hacienda de los 27 el que ha dado su pláceme para que el dinero sea transferido a España.

Todo indica que a partir de enero

Todo indica que el dinero no llegará en este 2021, sino que habrá que esperar a enero del 2022 para que España pueda disponer de esa lluvia milmillonaria.

Lo que ya está adjudicado, aunque todavía no haya llegado el cheque, son los 24.200 millones de los que se compone ese fondo, que han sido adjudicados en un 78,6%, esto es, ya está comprometida la inversión de 19.000 millones de euros.

De hecho, ya están ejecutados 14.963 millones de euros y las comunidades autónomas ya han recibido 11.247 millones de euros para desarrollar unos planes que han sido autorizados por el gobierno de la nación.

Todo en un contrato

La autorización de Bruselas para librar los fondos aparece rubricada en un contrato en el cual se marcan hitos y objetivos y los mecanismos de seguimiento que establecerá la Unión Europea para controlar que el dinero se gasta bien.

En el contrato, además de la firma de María José Montero, aparecen también la del comisario de Economía de la Unión Europea, el italiano Paolo Gentiloni, lo que supone la rúbrica de la Unión Europea en su conjunto.

Si bien los primeros 10.000 millones de euros han llegado a España de manera casi automática, el resto del dinero, hasta los 140.000 millones dependerá de varias reformas, como son la del mercado de trabajo y las pensiones.

La reforma de las pensiones es sin duda el principal escollo que existe no ya con la Unión Europea, sino dentro de la propia España, con unas fuerzas políticas que no llegan al acuerdo en el Pacto de Toledo.

Tal es así, que inclusive el gobierno estuvo a punto de enviar una propuesta de que las pensiones se calculasen sobre un periodo de 35 años y no de 25 como actualmente se calculan.

El componente 30

Bajo ese nombre se encuentra, en el Plan Europeo de Recuperación negociado con Bruselas, ciertos elementos que tienen que ver con la reforma de las pensiones.

Entre esos aspectos se encuentran el mayor esfuerzo fiscal que en cotizaciones a la seguridad social que realizarán los cotizantes con mayores sueldos o un cambio en el cómputo temporal de las pensiones.

Lo que se pretende con esas actuaciones es lograr la sostenibilidad del sistema de pensiones público más allá del 2030, basado en la equidad intergeneracional y asegurando su suficiencia para las futuras generaciones.

Este componente 30, y el consenso sobre el mismo de todas las formaciones políticas del arco parlamentario, ha sido vital para que la Unión Europea haya librado una buena parte de los 140.000 millones de euros que han llegado a nuestro país.

Islandia, el paraíso soñado

Al menos en lo que tiene que ver con las pensiones, ya que el pequeño país europeo cuenta con uno de los mejores sistemas de pensiones públicos del mundo.

Según el índice que publica todos los años MCGPI, Islandia es el mejor país del mundo para ser pensionista, aunque solo sea porque el fondo de pensiones islandés duplica la riqueza que se genera todos los años en aquel país.

El sistema de pensiones islandés no es la primera vez que resulta laureado y tiene bien ganada la fama de ser uno de los más robustos del mundo, a pesar de ser parte de un país con solo algo más de 300.000 habitantes.

El galardón se lo ha llevado Islandia por tres motivos: un sistema de pensiones público con sustanciosas pensiones, un buen sistema privado de pensiones y un sistema correctamente regulado.

A partir de los 67 años

Es la edad legal para abandonar el trabajo y convertirse en pensionista, y por cada mes que el trabajador continúa más allá de esa edad, recibe bonus que incrementan su pensión.

La posibilidad de obtener una pensión de jubilación por parte del estado está, además de ligado a los años de cotización, el de haber por lo menos residido 40 años en el país, esto es, desde los 16 a los 67 años.

Además, los jubilados, además de por su pensión de jubilación, cobran por otros conceptos como es ayudas para mantenimiento de la vivienda y otro tipo de conceptos, por lo cual la pensión media es muy abultada.

El sistema de pensiones en Islandia es de gestión público – privada, estando el régimen de pensión nacional gestionado por la Administración del Seguro Social, que depende directamente del Ministerio de Bienestar.

En cuanto a la pensión de cada trabajador, se sigue un esquema de «mochila austriaca», en la cual cada pensionista ha ido sumando sus cotizaciones durante toda su vida laboral en un fondo persona y privado.

Finalizada la vida laboral, cada pensionista puede optar por recibir su pensión en mensualidades o capitalizar todo lo acumulado en uno o varios plazos.

Estas pensiones individuales son gestionadas por diversos fondos de pensiones privados que han sido previamente autorizados por el gobierno islandés.

El sistema islandés muestra bien a las claras que. para gestionar un sistema de pensiones de una manera adecuada, no hay que ser un país con mucho territorio y mucha población y ni siquiera tener un enorme PIB del cual poder extraer recursos cuando sea necesario.

Fuente – el diario / LA INFORMACIÓN

Imagen – stockvault / Erin / NobMouse / Olga Berrios / Antonio Campoy / FSHH