Perseguir a los malos

La Unión Europea se dota de un nuevo organismo – Autoridad Europea contra el Blanqueo de Capitales para luchar contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, poniendo especial atención al uso de criptomonedas por redes mafiosas y criminales

Es lo que pretende la Unión Europea con una autoridad de nuevo cuño, que recibirá el nombre de Autoridad Europea contra el Blanqueo de Capitales.

La nueva autoridad tendrá la potestad de imponer sanciones de hasta 10 millones de euros, con una cuantía en sus sanciones que dependerán de la gravedad del delito o del número de países implicados.

Las dos principales «dianas» del nuevo organismo serán perseguir el blanqueo de capitales, así como la persecución del financiamiento de terrorismo mediante el uso de criptomonedas alojadas en la web oscura.

Un ambicioso paquete legislativo

Todas estas actividades se encuentran dentro de un objetivo más ambicioso para crear un marco normativo que permita luchar con eficacia, dentro del territorio de la UE, del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.

La nueva autoridad recién creada tiene la capacidad de imponer sanciones de tipo administrativo, de una cuantía que puede llegar al 10% del volumen de negocio de la empresa o diez millones de euros, lo que sea más lesivo para el infractor.

De lo que se trata es de que la nueva autoridad funcione como un «cortafuegos» que pueda detectar las actividades fraudulentas, y tiene como misión cerciorarse que el sector privado se ajusta a las normas europeas.

Además, la Autoridad Europea contra el Blanqueo de Capitales se coordinará con las unidades de inteligencia financiera que haya en los países miembros, para crear sinergias que permitan una mejor persecución de los delitos financieros.

Jurisdicción europea

AMLA, esas son las siglas en inglés del nuevo organismo europeo, tendrá jurisdicción en los 27 países que forman parte de la Unión Europea, y contará con un importante contingente humano que se cifra en 250 personas.

Dentro de su jurisdicción se encuentran instituciones financieras transnacionales que operan de diversos países europeos y también ejercerá de entidad coordinadora de sus pares nacionales.

Su rango de alcance es tanto las autoridades financieras como las no financieras, y permitir un uso integrado y coordinado de las instituciones nacionales que persiguen en fraude fiscal y el blanqueo de capitales.

Al mismo tiempo, se coordinará en una aplicación todas las cuentas corrientes de bancos europeos como un repositorio en el que poder «bucear» tanto la AMLA como las policías nacionales buscando cortar la financiación del terrorismo.

Ampliar la legislación

Hasta ahora la legislación europea contra el blanqueo de capitales donde su utiliza como vehículo de evasión las criptomonedas estaba muy «verde», ya que solo alcanza a unos pocos proveedores de servicio.

A partir de ahora, y auxiliados por la AMLA todos los proveedores de servicio de criptomonedas que operen en Europa tendrán que aplicar los controles de blanqueo de capitales a todos sus clientes.

A partir de ahora, y tal como permite de manera fácil la tecnología de la cadena de bloques en la que se basan las criptomonedas, se tendrá que asegurar la trazabilidad de todas las operaciones financieras.

Otra operativa que dice adiós tiene que ver con la existencia de «monederos» de criptomonedas anónimos; a partir de ahora los propietarios de los «monederos» tendrán que estar completamente identificados.

Las criptomonedas, un riesgo cada vez mayor

Las policías de los 27 países miembros llevan años avisando la de la peligrosidad de las criptomonedas, por su casi completo anonimato, en la financiación de actividades ilícitas, como es el caso del terrorismo.

Algo parecido sucede con el blanqueo de capitales, que han visto en las criptomonedas un aliado sigiloso, en donde se pueden blanquear millones de euros de una manera fácil y sin dejar rastro.

Por su parte el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) solo establece recomendaciones a los países miembros de la Unión Europea sobre como actuar para evitar el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.

Son los grandes pagos, los que superan los 10.000 euros la principal «puerta de entrada» para el blanqueo de capitales, por lo cual GAFI recomienda a los gobiernos que cualquier pago que se realice mayor que esa cantidad tendrá que ser realizado mediante transacciones financieras que son trazables.

Lista negra, lista gris

Es otra de las recomendaciones de GAFI, y pasa por tener una lista negra – países que son de facto paraísos fiscales – y una lista gris, en la cual se recogerá a aquellos países que permiten actividades financieras que podrían ser catalogadas como dudosas.

De lo que se trata es, fruto de la colaboración de los países miembros y de las autoridades europeas, dejar cada vez menor margen de maniobra a aquellos que pretenden desarrollar actividades financieras opacas.

En casi todos los países europeos se descubren casos de blanqueo de dinero que inclusive utilizan la legislación opaca de algunos territorios, caso de Mónaco o algunas islas del canal de la Mancha, para blanquear dinero.

De lo que se trataría es de recuperar a los países de la lista gris y hacer caer todo el peso de la ley internacional sobre los paraísos fiscales que se encuentran ubicados en esa precisa zona negra.

José Luis Moreno

Recientemente hemos conocido la imputación del productor televisivo que ha sido detenido acusado de blanqueo de capitales y por estafa.

El ventrílocuo ha «caído» en una operación de la UDEF que se ha practicado en Madrid y que también ha tenido parte de la investigación en Barcelona que ha llevado a cabo la Guardia Civil de la Ciudad Condal.

Se acusa a Moreno de, utilizando una maraña societaria, haber blanqueado dinero del que Moreno se habría apropiado fraudulentamente a partir de créditos bancarios y créditos privados que nunca devolvía.

La investigación depende del Juzgado Central de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional del juez Ismael Moreno y se creé que la estafa del ventrílocuo y sus socios podría ascender a 50 millones de euros.

Por ahora, y según la policía, las investigaciones todavía están abiertas, sobre todo en Madrid y en la capital catalana que es donde la red operaba de manera casi impune, teniendo como «tarjeta de visita» al mediático artista.

Fuente – el diario / CincoDías

Imagen – Tobias / Joan Amigó / Tonbo Nuske / Olympia Law / Son Dakika Haberler / Study Abroad University of Glasgow / Lawrence OP

Menos chuletón

La polémica la ha servido el ministro de Consumo, Alberto Garzón, al protagonizar un vídeo en el cual invitaba a los españoles a no consumir carne. Aparte de la polvareda producida, la reducción de consumo de carne lleva años en las agendas nacionales de los países miembros de la Unión Europea

Encendida la polémica sobre el consumo de carne en España por el ministro de consumo Alberto Garzón, lo cierto es que la Unión Europea lleva años poniendo medidas para reducir el consumo de carne entre su población.

A pesar de la polvareda mediática desatada, la realidad es que reducir el consumo de carne es bueno tanto para la salud individual como para la salud del planeta en su conjunto.

Planas sale al ruedo

El primero en entrar al quite ha sido el ministro de Agricultura, Luis Planas, que ha hecho una cerrada defensa del sector y de su contribución al PIB, debido al «músculo» exportador que tiene el mismo.

De errónea ha llegado a calificar la campaña, que ha equiparado a una contra el exceso de consumo de azúcar que tuvo como eslogan la lapidaria frase de “el azúcar mata”.

Pero la polémica ha quedado zanjada después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, confesase que a él el chuletón le gusta «al punto».

Argumento científico

La realidad es que alejando de la polémica las declaraciones de Garzón es que existe un consenso científico en que reducir el consumo de carne es beneficioso tanto para la salud individual como para la «salud» del planeta.

Dos entidades difícilmente calificables como partidistas, como son la Organización Mundial de la Salud y la Agencia Española de Consumo (AESAN), recomiendan un consumo responsable de carnes rojas (ternera, cerdo, cordero y cabra) y procesadas.

A esa certeza científica se suma el Fondo Mundial de Investigación contra el Cáncer, que recomienda que no se consuma semanalmente más de 500 gramos de carne, no superando los 70 gramos diarios.

También el medioambiente

El consumo de carne, de manera indirecta, también influye de manera directa en el medioambiente, ya que el 9% de las emisiones contaminantes del sector agrícola en nuestro país tiene como culpables al sector ganadero.

La realidad es que las actividades que rodean la producción y el consumo de carne son altamente contaminantes: cría, procesado, empaquetado, transporte y un largo etcétera.

La alimentación de ganado también tiene mucha incidencia en la agricultura, ya que se dedican grandes extensiones de terreno para el cultivo del principal alimento de la cabaña ganadera española, eminentemente soja y maíz.

Con el respaldo de la Unión Europea

Con su política “De la granja a la mesa”, la Unión Europea apoya las tesis del ministro Garzón, proponiendo dietas que sean eminentemente vegetales y con menos carne, creando una industria alimentaria más sostenible.

De lo que se trataría es que el sector acabe promoviendo una agricultura con menos pesticidas, que se ocupen del bienestar animal y con una menor «huella ecológica».

Ese cambio de modelo productivo casa mal con las últimas declaraciones del ministro de Agricultura donde Luis Planas, enmendándole la plana a su compañero de consejo de ministros, ha afirmado que la política está para no crear problemas.

Para Greenpeace la transición a un modelo más limpio es inevitable, y ponen como ejemplo que el gobierno «cogiese el toro por los cuernos» cuando se planteó la progresiva descarbonización de la industria.

Ahora lo que toca es que se produzca un cambio de las enormes granjas de producción intensiva a otro tipo de explotaciones agroalimentarias en las cuales se sea más respetuoso con el bienestar animal y el medio ambiente.

España reduce progresivamente su consumo de carne

Uno de los argumentos que ha utilizado el ministro Garzón en el vídeo ha hecho que el sector se haya lanzado al degüello, ya que Garzón dice que cada español consume semanalmente un kilo de carne.

La realidad es que desde el año 2013, los españoles hemos reducido el consumo de carne al año un 13%, donde no hace tanto comíamos 52,7 kilos anuales, algo más de un kilogramo por semana.

Los datos del 2019 muestran que el consumo anual se ha reducido a 45,2 kilos anuales, lo que supone unos 870 gramos de carne semanales.

Durante la pandemia de SARS-CoV-2, y en buena parte condicionado por el confinamiento, el consumo de carne repuntó levemente, llegando a 49,9 kilos anuales.

Formulas imaginativas para reducir el consumo de carne

Lograr ese objetivo proviene no solo del gobierno de España, sino que es un objetivo estratégico para la Unión Europea.

La UE considera que la reducción de consumo de carne debe estar liderada por los gobiernos, y no cifrarse solamente en la apelación a los ciudadanos para que coman menos carne.

Una medida que se apoya tanto desde las instituciones europeas como desde las organizaciones ecologistas es que los comedores públicos, sobre todo los que tienen como destino a los estudiantes, sirvan menús más vegetarianos.

Algunos políticos españoles han lanzado medidas para limitar el consumo de carne en los comedores escolares, caso de IU en el municipio de Collado Villalba que propuso que los lunes no se sirviera carne.

En la misma línea, Ada Colau, también ha expresado su opinión que los comedores escolares de la ciudad de Barcelona debieran de servir menos carnes rojas en sus menús.

De hecho, en Barcelona se ha puesto en marcha una iniciativa piloto en seis comedores escolares de la ciudad, bajo el título de Comedores escolares más sanos y sostenibles.

Mientras tanto en otros países europeos, como Gran Bretaña están teniendo mucho éxito iniciativas como la desarrollada en la Universidad de Goldsmiths, donde se prohibió que en los comedores del campus se vendiese carne de vacuno.

Subir el IVA de los productos cárnicos

Puede ser otra de las medidas que ya se ha ensayado en Alemania, donde el Partido Verde propuso que subiese el IVA de los productos cárnicos del 7% al 19%.

Con el aumento de la recaudación el partido político que lidera Annalena Baerbock pretendía utilizar el dinero recaudado de más para posibilitar políticas en favor del bienestar animal en su país.

Sin embargo, la medida no pudo implementarse debido a que el resto del arco parlamentario, cada uno con sus personales réplicas en contra de la medida, se negaron a esa subida del impuesto sobre el valor añadido.

Otra medida, igualmente efectiva podría ser disminuir el IVA de productos vegetales, hortalizas y frutas, para favorecer su mayor consumo, unos productos que en España están gravados con un 10% de IVA.

Fuente – el diario / Los Verdes en Wikipedia

Imagen – Dj Roman / G20 Argentina / Whatershed Post / Orange Aurochs / Tim Green / Guilhem Vellut / px fuel

La jubilación del Baby Boom

Las jubilaciones, de ahora hasta el 2050, de la generación del Baby Boom, va a suponer un problema para la Seguridad Social ya que son jubilados con historiales de cotización largos y elevados sueldos. El gobierno y los agentes sociales buscan como solucionar el problema, aportando diferentes soluciones

La España nacida desde finales de los años sesenta del pasado siglo y hasta mediada la década de los años setenta del siglo XX, comienza a jubilarse.

Se trata de personas con un largo historial de cotizaciones y con unos sueldos que determinarán altas pensiones cuando comiencen a jubilarse.

Ahora, la polémica ha saltado debido a que el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, ha hecho unas polémicas, casi hasta desafortunadas, declaraciones que a nadie han dejado indiferente.

Trabajar más o menor pensión

En la entrevista concedida a Televisión Española, el que fuera presidente de la AIReF, indicaba que para el ministerio que dirige, las jubilaciones masivas de los hijos del Baby Boom van a suponer una desafió para las arcas de la Seguridad Social.

Las declaraciones, que a casi nadie han dejado indiferentes, coincidieron con el día en que los agentes sociales – la patronal y los sindicatos – firmaban un acuerdo sobre la reforma de las pensiones.

En el acuerdo todos asumen que, en un futuro muy cercano, las pensiones tendrán que buscar nuevas vías de financiación, pero que la solución no pasa por «meter la tijera», buscando fórmulas imaginativas.

Otra de las consecuencias del acuerdo entre gobierno y agentes sociales es que se deroga completamente la reforma que se llevó a cabo en la época de Mariano Rajoy y su tan cacareado «factor de sostenibilidad».

Rectificar es de sabios

Tras las declaraciones, patronal y sindicatos se desvincularon de la ocurrencia el ministro, y en el caso de la CEOE, cargó las tintas indicando que no compartían las opiniones de Escrivá y que no había ningún acuerdo sobre el particular.

Ante la falta de apoyo concitado, el ministro recoció que se trataba de un «globo sonda» y que únicamente eran, tal como las definió, pensamientos en voz alta.

El contingente humano más grande de la historia

El concepto, como otras muchas cosas, lo importamos de Estados Unidos, y en el país que gobierna Joe Biden designó a la cohorte nacida entre los años 1946 y 1964, generación marcada por el final de la II Guerra Mundial y la guerra de Vietnam.

Fue una época de bonanza económica donde muchas parejas veían que tenían la suficiente capacidad económica para procrear y tener hijos.

El término se exportó a otros países, y en España, como ya hemos indicado, designó a la cohorte nacida entre finales de los años sesenta del pasado siglo y hasta, aproximadamente, el año 1976.

Millones de pensionistas más

Las estimaciones informan de que los diez millones de pensionistas que hay en estos momentos en España, pasarán, en el umbral del 2050, a ser 15 millones de personas.

El «pistoletazo de salida» de las jubilaciones comenzará en el 2023, de una generación que tiene más esperanza de vida que todas las precedentes.

Pero el panorama se complica: la generación posterior, que será la que pague con sus cotizaciones las pensiones de la generación de Baby Boom, es una de las de menor natalidad de la historia de España.

Sistema de reparto

Además, la principal característica del sistema de pensiones español no ayuda, ya que se trata de un sistema de reparto, esto es, los que en estos momentos están cotizando a la Seguridad Social, son los que pagan las pensiones de los jubilados.

A una situación – una gran masa de jubilados con cada vez menos cotizantes – que se presume que durará tres décadas, se suma que los hijos del Baby Boom tienen largos historiales de cotización y buenos sueldos, que es lo que finalmente acaba determinando la pensión que se recibirá.

Con un gasto en pensiones que alcanza el 12% del PIB, esta cohorte tiene aseguradas sus jubilaciones, pero nadie «pone la mano en el fuego» por las pensiones de las generaciones futuras.

Proyecciones demográficas para echarse a temblar

Si el sistema sigue sin reformarse, dentro de tres décadas habrá 1,8 cotizantes por cada mayor de 66 años; ahora esa ratio es de 3,4 cotizantes por cada pensionista.

Las proyecciones del Banco de España son todo menos halagüeñas: para mantener el sistema de pensiones como en la actualidad, habría que aumentar un 35% las cotizaciones a la SSGG para que el sistema siga intacto en el 2050.

Además, sería necesario que en España el 80% de las personas en edad de trabajar lo hiciesen, unas cuotas de ocupación que solo se pueden encontrar, en nuestro entorno europeo, en Suiza.

Hoy, en España solo trabaja el 60% de las personas en edad de trabajar, de manera que mucho tendría que mejorar el mercado laboral para lograr que se llegase en el umbral del 2050 al 80%.

Más impuestos

En los planes enviados a la Comisión Europea, el gobierno de Pedro Sánchez indica que debido a la enorme cifra de desempleados no es una solución subir las cotizaciones, algo que solo iba a conseguir tensionar más el sistema.

La solución pasaría por subir los impuestos o utilizar una «batería» de ellos para financiar las pensiones, que es una de las medidas que apoyan las centrales sindicales.

Para UGT y CCOO, la receta pasaría, además de financiar la Seguridad Social con impuestos, sumar una mayor inmigración, un mayor crecimiento económico y una lucha decidida contra el fraude fiscal y financiero.

Poner los puntos sobre las íes

La AIReF, Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, estima que una vez anulada la reforma de las pensiones que llevó a cabo el Partido Popular, que el gasto en pensiones aumentará unos cuatro puntos del PIB.

Para hacer frente a ese aumento, sería necesario aumentar la recaudación de IRPF un 60%, algo que puede ser calificado, al menos en el momento actual, de economía ficción.

El Banco de España, que en estas situaciones suele actuar como un «pepito grillo», ha advertido que una subida de impuesto en semejante magnitud dañaría tanto la economía como subir las cotizaciones.

Una posible solución, por tanto, pasaría por aumentar la productividad, auxiliándose para ello de la revolución tecnológica y la digitalización.

Otra posible solución tendría que ver con aumentar la tasa de ocupación hasta llegar a la que tiene países como Suiza, Holanda o Nueva Zelanda, aunque eso solo solucionaría la mitad del problema.  

Fuente – EL PAÍS / José Luis Escrivá en Wikipedia

Imagen – Beatrice Murch / J. Stimp / La Moncloa – Gobierno de España / Rick / Hsing Wei / Marco Verch / Google Maps / James Morris / Café Credit

Vuelven las hipotecas

El mercado hipotecario, a punto de domeñar la pandemia con las vacunaciones masivas, se recupera con la adquisición de más viviendas y con unos clientes que prefieren abrumadoramente hipotecas de tipo fijo

Los primeros meses de este 2021 ya mediado han sido testigos de la recuperación del mercado de las hipotecas, después de muchos mese de estar de capa caída.

Dos hechos se han conjugado para la recuperación de este importante subsector financiero, como son que ha habido un aumento de la demanda que se a sumado a unos tipos en mínimos históricos.

Inclusive, en pocos meses, podríamos estar a un nivel de actividad prepandemia, los mismos niveles de hipotecas que antes de que el SARS-CoV-2 provocase un desbarajuste del sistema financiero mundial.

Mejor dato mensual desde hace diez años

Es lo que se ha vivido el pasado marzo, con casi 40.000 hipotecas firmadas, lo que supone el mejor dato mensual en las series históricas de los últimos diez años.

La ganancia es evidente, y supone haber firmado un 40% más de hipotecas con respecto al mismo mes del año 2020 y un 19,3% más que el año anterior, nos referimos al 2019.

Lo que más se ha contratado ha sido hipotecas a tipo fijo, lo que supone que durante toda la «vida» del préstamo se va a pagar la misma cantidad.

La de tipo fijo es un tipo de hipoteca codiciado tanto por los hipotecados como por las entidades financieras, y esto porque los primeros tienen la seguridad que pagarán la misma cantidad durante toda la deuda.

En el caso de las entidades financieras, las hipotecas a tipo fijo les dan una gran tranquilidad, debido a que el riesgo que asumen es inalterable y estable.

Sin embargo, no suben las compraventas

Aunque pueda suponer paradójico, las compraventas no suben todo lo que se debiera de suponer, de manera que están más bajas que las que se lograban en el 2019.

Es lo paradójico del asunto, ya que en marzo del 2021 solo han superado en un 1,5% las cifras que se lograron en el mismo periodo del 2020, mes en el que debemos recordar vivimos lo más cruento del confinamiento.

En el 2019, también en el mes de marzo se realizaron 133.860 operaciones de compraventa, muy cercanas a las operaciones dos años después, en un contexto en el cual ya resulta claro que salimos de la pandemia.

Lo que si se adivina sin ambages es que el mercado hipotecario va recuperando la normalidad e inclusive algunos analistas anuncian que estamos a las puertas de un mercado inmobiliario que volverá a estar desbocado.

Evolución del mercado

Como ya hemos indicado, el mercado hipotecario opta en su gran mayoría por el tipo fijo, suponiendo el 56,2% de lo firmado en el mes de marzo de 2021.

Los expertos aducen que en estos momentos el tipo fijo es la opción más atractiva para los nuevos hipotecados debido a que nos encontramos todavía ante un entorno enormemente volátil.

Aunque la recuperación se adivina en el horizonte, todavía la misma avanza a velocidad moderada y hay muchas incógnitas por despejar: habrá nuevas variantes del SARS-CoV-2, seguirán siendo efectivas las vacunas…

A pesar de que las hipotecas de tipo fijo ofrecen unos intereses mayores que las de tipo variable, para el hipotecado saber cual es la cuota mensual que va a tener que pagar durante toda la vida del crédito ayuda a darle seguridad.

En el pasado mes de marzo, el interés de las hipotecas de tipo fijo se encontraba en el 2,75%, lo cual supone una rebaja con respecto al mismo mes del 2019, cuando dicho interés estaba fijado en el 3,11%.

Ligera recuperación del Euribor

El Euribor es el indicador con respecto al cual se indexan las hipotecas de tipo variable, y el pasado mes de marzo estaba en el -0,481%, después de que enero tocase suelo con un interés del -0,505%.

Pero estos datos pueden dar lugar a equívoco: los tipos negativos no informan de que los bancos nos paguen por contraer una hipoteca, y todo parece indicar que el Euribor se irá recuperando progresivamente.

En una hipoteca de tipo variable, es el préstamo el que está sujeto a variaciones de interés, mientras que otra parte de la hipoteca, denominado diferencial permanece estable durante toda la hipoteca.

Por lo general, las hipotecas de tipo variable cuentan con un periodo de «vida» más larga que las de tipo fijo, por lo que suelen ser más beneficiosas para los propietarios de la vivienda.

Una propiedad inmobiliaria más barata

Y como consecuencia son hipotecas de menor cuantía las que se contratan, alcanzando en 2021 una inversión media de 137.700 euros, siendo más baja que la necesaria en el 2020.

El perfil de los hipotecados también ha cambiado en este largo año de pandemia. Ahora son personas de mayor edad y en mejor situación económica, tal como se puede leer en El impacto de la crisis sanitaria del covid-19 sobre el mercado de la vivienda en España, publicado por el Banco de España.

Por ello, y por lo que los más mayores tiene mejores tasas de ahorro pueden tener un más rápido acceso al crédito de entidades financieras para hipotecas, pero no solo.

Los más jóvenes que pretenden acceder a una hipoteca viene lastrado por bajos salarios y una enorme inestabilidad laboral, cosa que precariza el tipo de vivienda a la que pueden acceder, habitualmente en alquiler.

El precio de la vivienda se mantiene estable

Aunque muchos agoreros pronosticaban que el precio de la vivienda caería producto de la pandemia de SARS-Cov-2, la realidad es que el mercado inmobiliario se ha mantenido estable a pesar de todo.

Inclusive según los datos que aporta el Instituto Nacional de Estadística (INE) el precio de la vivienda se ha apreciado, en este primer trimestre de 2021, un 0,9%.

También se puede apreciar que el aumento del precio de la vivienda está en dependencia del lugar donde se encuentra esta.

Mientras que, en Canarias, Navarra, La Rioja y la Región de Murcia los precios han bajado, si han aumentado en Asturias, País Vasco, Aragón y Baleares, manteniéndose estable en el resto de los territorios.

Las razones de la subida en las compraventas

Una de las principales razones es que, con la pandemia, se aplazaron muchas decisiones de compra, con lo que ahora, a punto de domeñar al SARS-CoV-2, la demanda se reactiva.

También tiene que ver en el aumento de las operaciones que, con la pandemia, muchas familias han llegado a la conclusión de lo importante que es contar con un jardín o un balcón en la posibilidad de nuevos confinamientos.

De hecho, las viviendas que se compran ahora o bien son unifamiliares o pareados, o en le caso de los pisos estos son de más metros cuadrados.

Fuente – EL PAÍS

Imagen – Jon Gorey / Mike Mozart / Matthew Rutlegde / U.S. Department of Agriculture / Billie Grace Ward / Curt Gibbs / Mike Fleming / Wonderlane

Primer paso hacia un impuesto de sociedades planetario

La reciente reunión del G7 ha sido tremendamente productiva ya que han logrado consensuar un borrador para la imposición de un impuesto de sociedades a nivel mundial, lo que impediría la existencia de paraísos fiscales, como es Irlanda

Un principio de acuerdo se va abriendo camino en el G-7, el club de los siete países más industrializados del mundo.

Tal como ha informado el ministro de finanzas británico, Rishi Sunak, el nuevo impuesto de sociedades a nivel mundial será, como mínimo, del 15%.

Se trata de un acuerdo histórico, en parte devenido de la pandemia de SARS-CoV-2, que ha mostrado la necesidad – egoísta por parte de los países con las economías más boyantes – para fortalecer a todos los estados.

Un porcentaje todavía sin concretar

No ha sido fácil llegar al acuerdo, sobre todo para aquellos estados que enarbolan un mal entendido neoliberalismo, que tiene en su frontispicio la frase laissez faire, laissez passer.

Sin embargo, otros países, caso de Francia y Estados Unidos, ahora que gobierna la administración Biden, que piden aumentar ese porcentaje.

Pero la creación de un impuesto de sociedades a nivel mundial, también llevará aparejado, algo que han «rascado» los países más digitalizados o con una industria digital más desarrollada, es la eliminación de la denominada tasa Google.

El texto que se ha consensuado habla de imponer un impuesto de sociedades en todo el mundo del 15%, de manera que se acaben con los paraísos fiscales que aún hoy operan en el mundo.

Pero también reconoce explícitamente crear un grupo de trabajo que logre derogar la mayoría de las tasas que graban el negocio digital.

A varias velocidades

Estados Unidos ha sido el más beligerante para eliminar de manera automática los impuestos a la industria digital, aunque el resto de los países han logrado calmar la belicosidad del país que ha gobernado Donald Trump.

Entre otras razones aducidas para no hacer automática la norma que relaja la fiscalidad sobre el negocio digital se encuentra que, si eso sucediese, y hasta que la legislación federal norteamericana se adaptase, las tecnológicas pasarían a pagar menos impuestos.

Además, aquellas empresas que logren unos beneficios de más del 10%, tendrán que pagar por lo menos un impuesto de sociedades del 20%, porcentaje se podría llegar a incrementarse.

Por otra parte, el pago de impuesto de sociedades se hará por la facturación en cada territorio donde generen su negocio, y no como hasta ahora exclusivamente tengan su sede fiscal.

El acuerdo se ha muñido en el palacete de Lancaster House, en pleno centro de Londres y en la reunión han estado presentes los representantes de Estados Unidos, Reino Unido, Alemania, Francia, Canadá, Italia y Japón, los países que conforman dicho organismo.

Adaptarse a una economía digital

Es el principal objeto del acuerdo, y de lo que se trata es que las grandes tecnológicas tengan que pagar sus impuestos en aquellos territorios donde desarrollan su actividad y logran sus beneficios.

Al mismo tiempo, imponer un impuesto de sociedades homogéneo en todos los países impedirá la elusión fiscal, y que ciertos países se hayan convertido en paraísos fiscales donde la fiscalidad por impuesto de sociedades es muy baja o directamente no existe.

La medida viene dictada directamente por las consecuencias de la pandemia de SARS-CoV-2, ya que todos los Estados del mundo se han visto obligados a unos gastos elefantiásicos.

Muchos de esos países, donde la tributación, tanto por rentas del trabajo como del capital, son muy bajos o directamente inexistentes, se han visto arrollados por el tsunami económico, de salud pública y social que no han podido gestionar.

Europa carga las tintas

Pero, sin lugar a dudas, los más beligerantes han sido los países europeos que han pergeñado un borrador mucho más duro que el documento consensuado que finalmente ha visto la luz.

Dicho borrador lleva la firma de los ministros de finanzas de España, Nadia Calviño, de Francia, Bruno Le Maire, de Alemania, Olaf Scholz y de su par italiano, Daniele Franco.

Los cuatro ministros de finanzas ven un panorama muy negro para la humanidad en su conjunto si se sigue manteniendo el sistema fiscal actual, donde grandes empresas y grandes patrimonios acaban tributando lo mínimo en diversos paraísos fiscales.

Dichas políticas fiscales de los ricos lo único que está provocando es aumento de la desigualdad entre regiones, y la imposibilidad de muchos países de financiar, como se ha visto en la actual crisis, financiar los servicios públicos básicos, como es el sanitario.

En la Unión Europea se podría aplicar el refrán castizo que dice que «en casa del herrero cuchillo de palo», ya que Irlanda lleva muchos años convertido de facto en un paraíso fiscal, con uno de los impuestos de sociedades más bajo de toda la Unión Europea.

Es en el país que lidera Micheál Martin donde, por su baja presión fiscal, ha radicado las filiales europeas de los gigantes tecnológicos, como Facebook, Apple o Google.

La nueva norma al detalle

Los países del G7 no se han limitado a hacer una declaración de intenciones más o menos genérica, sino que se muestran dispuestos a desarrollar la norma hasta sus más mínimos detalles.

Ese 15% de impuesto de sociedades se establecería para los beneficios que las empresas lograsen en el extranjero, pudiendo los estados nacionales poner en su territorio los tributos que consideren oportunos.

De ese modo, se lograría un fair play, y las grandes empresas no podrían tributar menos si deciden pagar el impuesto de sociedades en otros estados.

A pesar de que se ha llegado a un principio de acuerdo con un impuesto de sociedades global de entorno al 15%, todavía será necesario esperar a que Estados Unidos realice la armonización fiscal a esos nuevos tipos tributarios.

El pláceme del G – 20

Aunque el acuerdo ya está tomado, a grandes rasgos, en el G-7, será necesario ver si obtiene el pláceme de los países que conforman el G-20, ya que es en ese foro donde existe la suficiente «masa crítica» para que la medida pueda surtir efecto.

Además, aunque se dé esa condición, armonizar las políticas fiscales, aunque sea solo en esos 20 países, serán un proceso lento y farragoso, ya que cada uno de esos países tienen sus propios sistemas tributarios.

Lo que si resulta claro es que, de aplicarse dichas normas, los paraísos fiscales, tal como los conocemos hasta ahora, tendrán sus días contados.

Fuente – EL PAIS / elPeriódico

Imagen – Hans / Jo Jakeman / Sean MacEntee / Stock Catalog / La Moncloa – Gobierno de España / Woody Hibbard / Ron Bulovs

Dinero a espuertas

La administración Biden se dispone a aprobar un presupuesto elefantiásico para que EE. UU. vuelva a la pujanza económica que le corresponde para salir del marasmo económico que ha provocado la pandemia de SARS-CoV-2 y que retorna, entre otros motivos, por la masiva vacunación de la población norteamericana

De elefantiásico se puede calificar el primer presupuesto de la administración Biden – Harris para este año: 6 billones de dólares.

No se recordaban unas cuentas públicas tan generosas desde la II Guerra Mundial, y tampoco un endeudamiento tan alto, anatema para las administraciones republicanas, pero no para las demócratas, como es el caso.

Pero inclusive, para dentro de diez años, en el 2031 tiene todavía un presupuesto inclusive mayor, que según las previsiones será de 8,2 billones con el objetivo claro de fortalecer una economía que casi ha sido herida de muerte por la pandemia.

Más infraestructuras y más sociedad

Con unos parámetros radicalmente opuestos a los de Donald Trump y el Partido Republicano, el binomio Biden – Harris pretende embarcarse en un ambicioso programa de construcción de infraestructuras.

Además, los Demócratas pretenden imprimir un giro social a sus políticas, con el Plan de Empleo Americano y el Plan de Familias Americanas, con la intención de aumentar y fortalecer a la clase media.

En cuanto a crear empleo en Estados Unidos, la industria también recibirá una fuerte inyección de capital para lograr ser más competitiva, pero a base de calidad en los productos manufacturados y no compitiendo en salarios bajos con China y diversos países asiáticos.

También más déficit

El resultado de todas esas políticas es que para financiarlas hay que salir a los mercados a base de bonos que comprarán los acreedores.

Por ello, y durante la próxima década el déficit de Estados Unidos estará, son datos de The New York Times por encima de los 1,3 billones de dólares.

Según el equipo económico de la Casa Blanca será a partir de esos diez años, cuando la deuda pública decline y se pueda de nuevo equilibrar las cuentas públicas.

Un buen número de capítulos

Los hasta ahora citados son solo varios de los aspectos que se pueden encontrar en el presupuesto para un «curso» fiscal que comienza en próximo uno de octubre.

La lucha contra el cambio climático también tiene una partida importante reservada en el Presupuesto Federal Norteamericano, que también aumentará la partida para MEDICAID, parte fundamental de lo que se denominó como Obamacare.

El presupuesto militar, uno de los más abultados, sigue pujante, ya que la administración Biden tiene intención de adquirir a la Lockheed Martin 85 cazabombarderos F-35, de manera que además de renovar su arsenal, compra americano.

Biden tampoco se olvida de ayudar militarmente al Estado de Israel, con una cantidad que este 2021 volverá a ser de 3.800 millones de dólares para comprar armamento fabricado en Estados Unidos.

Gravar a los que más tienen y las empresas

Los dos tributos sobre los que basculan el aumento de recursos de los que dispondrá la Hacienda norteamericana, será el aumento en el impuesto de sociedades y en gravar a las rentas más altas.

La previsión de la administración Biden – Harris es que, durante los próximos 15 años, sean las rentas de más de 400.000 dólares anuales los que más tributen, y no como con la reforma fiscal de Donald Trump, las rentas medias y bajas.

Un campo de minas

Pero sacar adelante el presupuesto no va a ser una tarea fácil para el que fuera vicepresidente con Barack Obama, ya que además del rechazo frontal de los republicanos, también se sumará un más que probable «fuego amigo».

Dentro del Partido Demócrata, también hay un rechazo de congresistas centristas que no ven la solución a los problemas en gravar a las rentas más altas.

Además, el ala más a la izquierda del partido que fundase Andrew Jackson lleva décadas oponiéndose a la ayuda militar a Israel, bien es cierto que Bernie Sanders no es sino un líder marginal dentro de ese partido político.

Inclusive políticas que debieran, en principio, concitar la anuencia de toda la Cámara de Representantes, como son las infraestructuras, tampoco lo hacen.

Inclusive habiendo rebajado esa partida hasta los 1,7 billones de dólares, los Republicanos han presentado una contraoferta que rebaja la partida hasta menos de la mitad, esto es, 568.000 millones de dólares.

Con ánimo de negociar

Aunque el Partido Demócrata cuenta con mayoría en la cámara baja, y mayoría también – con el «voto de calidad» de Kamala Harris a la sazón presidenta del Senado – en la cámara alta, la nueva administración pretende hacer de la negociación el marchamo de la nueva administración.

Por ello ha tendido puentes con el Partido Republicano a pesar de que se tilda a los republicanos como renuentes a invertir en partidas como los hospitales de veteranos, energías limpias o sustitución de cañerías contaminadas de conducción de aguas.

Espaldarazo de la reserva federal

Los planes presupuestarios del gobierno norteamericano han sido validados, por su ambición y sus objetivos, por la Reserva Federal Norteamericana, que preside Janet Yellen.

Desde la FED se ve como un buen plan intentar recuperar la economía norteamericana a partir de la inversión en infraestructuras y en obra pública, algo parecido al New Deal de Franklin Delano Roosevelt.

Janet Yellen, en una reciente comparecencia ante el Comité de Apropiaciones de la Cámara de Representantes se ha quejado que el presupuesto de la entidad financiera que preside lleve congelado más de una década.

La economía se recupera

Así parece que lo muestran todos los indicadores, que se han comenzado a recuperar a buena velocidad tras la vacunación masiva del grueso de población norteamericana.

El PIB del primer trimestre ha crecido un 1,6% con respecto al mismo periodo del año anterior, según los datos que obran en poder de la Oficina de Análisis Económico (BEA en sus siglas en inglés).

Hay que recordar que, en el año 2020, producto de la pandemia de SARS-CoV-2 el PIB norteamericano se hundió un 3,5%, socavón del que parece recuperado.

De hecho, si en los siguientes tres trimestres la evolución de la economía sigue por los mismos derroteros, el crecimiento anual de EE. UU. en el 2021 sería de + 6,4%.

Fuente – EL PAÍS

Imagen – Guilherme Torelly / Mike McBey / Pictavio / Forvars Departementent / NASA Goddard Space Flight Center / Resolute / Peter Stevens / Brookings Institution / Charles Hildebrant

Fumata blanca

Todo parece indicar, aunque todavía no hay un texto definitivo, que los agentes sociales han llegado a un acuerdo sobre la reforma del mercado laboral y de las pensiones, incentivando el trabajo más allá de la jubilación y una tributación de autónomos por la cuantía que ingresan mensualmente

Todo parece encarrilado para que los agentes económicos y sociales lleguen a un acuerdo para la reforma de las pensiones.

A pesar de todo la CEOE todavía no ha dado su sí y esperará a ver la redacción final del documento para dar su pláceme.

Mientras tanto los dos sindicatos mayoritarios están contentos con el borrador del acuerdo y coinciden con el hecho de que lo único que falta por arreglar son los últimos flecos.

Acuerdo político

Al menos sobre el camino que debe de llevar a cabo para la reforma de las pensiones, aunque como ya hemos indicado la CEOE esperará al texto final para dar su visto bueno, o no.

Desde el gobierno se indica que en unos pocos días el texto estará listo, y después de comunicárselo a los agentes sociales, se publicará en el Boletín Oficial del Estado para que sea público.

Debemos de recodar que los 140.000 millones de euros que van a llegar desde Bruselas – la mitad en subsidios y la otra mitad en préstamos – están condicionados a un ambicioso paquete de reformas.

El paquete de reformas se centra en una reforma en profundidad de las pensiones y el mercado de trabajo, unos cambios que no son del agrado de los dos sindicatos mayoritarios, CC. OO. y UGT.

Hay que tener en cuenta que la crisis financiera de hace 10 años provocó unos recortes brutales en las pensiones y ahondó la precarización del mercado laboral, con poca calidad en el empleo.

Endurecer la jubilación

En el caso de las pensiones, la nueva reforma va a traer un endurecimiento de las mismas, con un aumento del tiempo de cómputo, que llegará a los 35 años para poder lograr el 100% de la pensión.

A regañadientes los sindicatos han asumido los 35 años como el tiempo que cualquier trabajador tendrá que cotizar para cobrar su pensión íntegra, lo cual supone una gran victoria para el ministro Escrivá.

Además, de esa manera, deja lo más peliagudo de la negociación, la reforma del mercado laboral, para el próximo año, una negociación que será mas llevadera con el SARS-CoV-2 dejado atrás y con un PIB creciendo más del 5%.

Aunque hasta ahora lo que se ha llegado a un acuerdo es a un borrador, fuentes del ministerio indican que en pocos días se podrá publicar la redacción del texto definitivo, donde también se establecen modificaciones con respecto a las pensiones no contributivas.

Problemas en seno de la CEOE

Aunque la Confederación de Organizaciones Empresariales finalmente ha firmado el acuerdo, el mismo es de su entera satisfacción.

Además, cualquier ligero cambio en la redacción del documento puede provocar borrasca en la CEOE, habida cuenta de que la comisión de diálogo social de dicha organización está compuesta por 280 miembros.

Además, la asunción del texto se produjo primeramente en UGT, unos días después en la CC. OO. y los últimos en asumir el acuerdo fueron los empresarios.

Cada vez menos cotizantes

La realidad del mercado laboral español es que cada año que pasa hay menos cotizantes, y en estos momentos hay 3,4 personas trabajando por cada pensionista.

El envejecimiento de la población y la baja natalidad abonan el pesimismo en un escenario en el cual en pocos años no habrá suficientes cotizantes para sostener las pensiones.

En estos momentos se gasta el 11% del PIB en pagar pensiones, y las previsiones para el 2050 es que el gastó será más del 15% en el 2050, según el informe España 2050.

Precisamente es con esa reforma que se va a efectuar en las pensiones lo que pretende lograr es una sostenibilidad del sistema, tanto a corto, como a medio y largo plazo.

Otros temas de índole menor: revalorización de las pensiones

Ha sido uno de los compromisos del gobierno para con los pensionistas, y es que estos no solo no pierdan poder adquisitivo, sino que lo ganen en cada ejercicio fiscal.

En el caso en el cual haya inflación negativa, las pensiones no se revalorizarían ya que es un corrector automático que aumenta la capacidad de compra de los pensionistas.

Con ello se deroga la reforma de las pensiones que realizó el PP, que, en caso de desequilibrio en las cuentas del Estado, la revalorización sería solo del 0,25%.

Jubilarse cuando se debe

Lo que se pretende logar es que la edad efectiva de la jubilación se equipare con la edad legal, y no como ahora en la cual el pensionista tipo se jubila dos años antes de su edad legal de pasar a retiro.

Para ello la Seguridad Social estrena una nueva panoplia de bonificaciones y penalizaciones para aquellas personas que acceden a su jubilación, lo hagan cuando deben.

Por otro lado, desde la Seguridad Social también se pretende incentivar que los mayores alarguen su vida laboral, máxime cuando esta más que demostrado que ello no tampona el acceso de los jóvenes al empleo.

Aquellas personas que decidan seguir trabajando después de su edad de jubilación recibirán, por cada año de más trabajado, 11.000 euros o un 4% más de pensión.

Los autónomos cotizarán en función de su facturación

Con ello se logra una de las reivindicaciones históricas del colectivo de los autónomos, que es tributar por la facturación que tiene, y no como hasta ahora por una cantidad fija.

La cotización sería entre una horquilla entre 90 y 1.220 euros mensuales en dependencia directa de sus ingresos.

El método entraría en vigor en 2023 y existiría un periodo de transición de nueve años hasta la completa implantación del modelo.

Hasta ahora, además de una cantidad fija, los autónomos podían también tributar por módulos, aunque a esa figura se adscribían aquellos trabajadores por cuenta propia que más facturaban.

Fuente – EL PAÍS

Imagen – La Moncloa – Gobierno de España / CEOE / Daniel X O’Neill / Universidad de Deusto / Public Services International / 401 (K) 2012 / Pedro Ribeiro Simões / John Morgan

Al rescate de la industria

El sector industrial también se va a ver beneficiado del «maná» de las ayudas europeas, máxime cuando supone el 13% de la PIB español y que el empleo que genera es de alta calidad, ajeno a la temporalidad y precariedad que caracteriza al mercado de trabajo español

Con la pandemia de SARS-CoV-2 la economía española se ha resentido a unos niveles que no se conocían desde la Guerra Civil.

Inclusive sectores que hasta en las peores crisis muestran «músculo», como es el caso del industrial, se están viendo resentidos y van a necesitar de un plan de rescate.

El gobierno financiará el plan de rescate industrial con 4.600 millones de euros, aunque desde el sector se opina que ese dinero no será suficiente.

Tangencialmente el ejecutivo ha creado el plan PERTEpara el vehículo eléctrico, dotado con casi 2.300 millones de euros, y que busca aumentar el parque de vehículos con propulsión eléctrica.

Un plan en tres años

Las previsiones del gobierno son invertir los 4.600 millones de euros en tres años para cimentar una industria que sigue renqueante después de un año de pandemia.

De esos casi 5.000 millones, algo menos de la mitad son subsidios a fondo perdido, y que están encuadrados en el Plan de Recuperación y Resiliencia que ha aprobado el gobierno.

Mientras tanto la otra mitad son créditos que habrá que devolver, aunque se pueden calificar como créditos «blandos» cuya gestión depende de varios ministerios.

Sin embargo, de tapadillo, existen otras partidas presupuestarias que de manera más o menos directa van a beneficiar al sector industrial español.

Así nos encontramos con un presupuesto de 850 millones de euros para gestión de residuos y economía circular, más de 1.500 millones para un plan de hidrógeno verde de aplicación industrial.

El plan se completa con 160 millones de euros para el sector aeroespacial, 40 millones de euros para I+D de vehículos no contaminantes y 880 millones para digitalización y gestión de datos en la industria.

Una inversión insuficiente, según la patronal

A pesar de que las cifran son mareantes, la patronal del sector no las considera suficientes y está presionando para que se aumente la cuantía de estas.

Por otro lado, tal como aducen los empresarios, el monto de las ayudas – entre subsidios a fondo perdido y créditos «blandos» – no suponen ni el 3% del dinero que se está movilizando desde Europa.

Y eso para un sector que supone el 11% del PIB y que además tiene una merecida fama de crear puestos de trabajo estables, rara avis en el precario sistema laboral español, donde cunden las externalizaciones.

También está el PERTE

El Plan para la Recuperación y Transformación Económica, en siglas PERTE, pretende realizar una transformación de un parque de vehículos con motores de combustión de derivados del petróleo, al vehículo «verde».

Las nuevas hornadas de vehículos, principalmente eléctricos, pero no solo, van a requerir una importante inversión, sobre todo para adaptar las factorías de vehículos que fabrican coches en España.

En vez de los fabricantes, será con dinero estatal con la que se llevará a cabo la adaptación de las fábricas de SEAT en Barcelona y Volkswagen en Pamplona, y también de la importante industria auxiliar que generan.

De estas inversiones depende, por ahora pende de un hilo, que la multinacional que dirige Herbert Diess implante una fábrica de baterías para vehículos eléctricos en España.

Una cuantiosa inversión

En esta primera inversión en el PERTE tiene una cuantía de 6.000 millones de euros a nivel europeo, de los cuales 1.200 millones caerían en España.

De eso precisamente, de la cuantía, se malicia la patronal de la industria que recortaría el dinero que se puede invertir en otros proyectos, muchos de los cuales son calificados como estratégicos.

Además, desde el ministerio del ramo se asegura que la inversión será suficiente, y en caso de necesitar más fondos estos serían librados, de manera que la inversión inicial se podría modular según las necesidades.

Desde el departamento de Reyes Maroto se asegura que los planes diseñados para el próximo trienio serán ejecutados y si es necesario se logrará la financiación de partidas en las cuales no se haya conseguido invertir el 100% del dinero asignado.

Recabar la opinión del sector

A la hora de priorizar las inversiones, el Ministerio de Industria ha recabado la opinión del sector, un proceso que comenzó el 20 de enero.

En esa fecha el departamento que dirige Reyes Maroto inició un proceso para que se presentasen proyectos de transición industrial, con la recepción de 718 que tras el cribado se quedaron en 462.

La inversión necesaria para desarrollar esos casi 500 proyectos se sitúa en 143.000 millones de euros, por lo que se realizó una nueva expurgación, sobreviviendo solo 139 proyectos con una inversión necesaria de 30.000 millones de euros.

Agua de borrajas

A pesar de esas elefantiásicas cantidades de dinero, la realidad es que finalmente la Unión Europea solo permitirá disponer a España de 11.922 millones de euros.

Además, el ministerio solo aportará 2.289 millones de euros, y ese dinero se asignará en procesos de concurrencia competitiva, en el que los proyectos elegidos se tendrán que mostrar más válidos que los de la competencia.

Por tanto, la información recabada por el Ministerio de Industria es solamente informativa, para pulsar las intenciones del sector industrial.

El gobierno de España ya tiene perfilado su «hoja de ruta» que pasa por priorizar siete de esos proyectos que serán los que integren el PERTE.

Esos proyectos son automoción, electrónica orientada al diseño de chips, economía circular, reciclaje de baterías, energías renovables, agroalimentación, salud y aeronáutica.

Y otros planes secundarios

Dependiendo cuál sea la inversión para esos siete planes que conforman el PERTE original, y si después de su implementación sobra dinero, se podrían activar otros planes.

Dichos planes tienen que ver con el textil y el calzado, industrial química, ferrocarril y cerámica.

Inclusive para el PERTE la patronal tiene sus propias iniciativas, que pasarían por el establecimiento de planes plurianuales, y que las autonomías también tengan capacidad de decisión en cuanto a que tipo de inversión llevar a cabo en sus territorios.

Fuente – EL PAÍS

Imagen – Rutger van der Maar / AVID Vines / Tech Stomberg / Kārlis Dambrāns / Eric Caballero / Associació Catalana de Municipis / Hauke Musicaloris

Lento pero seguro

Se acaba de presentar, con el boato que solo sabe imprimir Presidencia del Gobierno, el informe España 2050, en el cual un panel de 130 expertos presenta sus propuestas para lograr que a mediados de siglo se haya cerrado la brecha económica y de otros tipos con los países más avanzados de Europa

El informe España 2050 fue presentado con todo el boato que solo se pueden permitir el gobierno nacional y su presidente Pedro Sánchez.

En el aspecto económico, lo más relevante, aunque hay un cúmulo de objetivos más que encomiables, es que en dicho plan se fija que, hasta ese año, el crecimiento de la economía patria debería ser de al menos un 1,5% anual.

El informe también subraya, con preocupación, que si España no se pone las «pilas» la brecha que existe con los países de nuestro entorno europeo se puede agrandar.

Vae Annis

A pesar de que en el último cuarto de siglo la economía española ha crecido, de media, a un 2%, la realidad es que en la última década España se ha atascado producto de dos crisis: la financiera del 2008 y la provocada por la pandemia.

El panel de expertos que ha elaborado el informe España 2050, cifra lograr ese objetivo en el concepto, casi mágico, de la productividad.

De lograrse ese crecimiento de aquí al 2050, España no tendría nada que envidiar, ni el PIB ni en renta per cápita a los países europeos más avanzados.

Sin embargo, con unos crecimientos anuales entre el 0,3% y el 1,1% España pasaría a estar en el vagón de cola de la UE y no se lograría la tan ansiada convergencia.

Recuperando a John Maynard Keynes

En cierto modo el informe España 2050 recuerda mucho a Las posibilidades económicas de nuestros nietos, que explica, hasta cierto modo, las dos crisis económicas que hemos vivido en apenas una década.

El informe ha contado con un panel de 103 expertos de ámbitos multidisciplinares, siendo el trabajo ligeramente optimista ya que afirma que con políticas económicas acertadas a mitad de siglo España seguirá siendo una potencia pujante.

Desde el punto de vista económico, y lo subrayan los panelistas, España podría, en el horizonte del 2050 tener una renta per cápita cercana o muy próxima a los países que «cortan el bacalao» en la Unión Europea.

Una de cal y una de arena

En los últimos 30 años, y a raíz de los Pactos de la Moncloa, en la cual los partidos políticos que hicieron la transición llegaron a la conclusión de que con las cosas de comer no se juega, se ha ido convergiendo con Europa.

Hace tres décadas la renta per cápita era de 16.000 euros y hoy por hoy supera los 30.000 euros per cápita.

Pero, como ya hemos indicado, lo más importante para que España tenga un futuro, a todos los niveles, a mediados de siglo es aumentar sea como sea la productividad por hora trabajada.

Sin embargo, en la última década, España ha tenido que vivir dos crisis económicas que a punto estuvieron de desarbolar el país: la primera fue la del 2008 que fue financiera y en el caso de España también inmobiliaria.

La segunda todavía la estamos viviendo y ha sido producto del virus SARS-CoV-2, una crisis que podía haber acabado con la economía española si no fuera por el salvavidas de los ERTE y por el maná europeo de 140.000 millones de euros.

Otro de los hándicaps que tiene el sistema económico español tiene que ver con la longevidad de su población, que en los próximos años se volverá añosa.

Los expertos también suponen que de no lograrse un crecimiento económico suficiente aumentaría el desempleo y la desigualdad.

La «receta» para aumentar la productividad

Para lograr que el trabajo en España se vuelva más productivo los expertos establecen que la «receta» debe de estar compuesta por mejorar los estándares educativos, aumentar la investigación y el desarrollo.

Otros componentes para que España logre la excelencia allá por el 2050 tienen que ver con la digitalización, transición ecológica y aumentar el tamaño de las empresas.

Al mismo tiempo, habría que obligar a que la economía sumergida, que actualmente se estima en un 17%, se convierta en economía formal, con esas empresas pagando tributos e impuesto de sociedades.

También sería necesario aumentar el número de población empleada, del 62% actual a más del 80%, incentivando alargar la edad de jubilación e invirtiendo especialmente en formación de jóvenes, mujeres e inmigrantes.

Lo ideal sería lograr lo que mismo que ha conseguido Alemania y los países escandinavos, que han logrado en las últimas tres décadas aumentar la productividad en un 50% y al mismo tiempo aumentar el porcentaje de población empleada.

En el corto plazo

Pero sin proyectarnos sobre el 2050, también es necesario tomar medidas en el corto plazo, sin ir más lejos en el 2023.

Y una de las primeras tareas tiene que ser reducir la brecha en cuanto a la renta per cápita de la media de los países europeos. Dicha brecha es de un 21%.

Mientras que el trabajador tipo español ingresa anualmente 30.000 euros, un europeo consigue anualmente, por rentas de todo tipo incluido el trabajo, 39.000 euros.

La proyección para el 2050, si no se introducen importantes medidas en el mercado laboral y la productividad, la desviación se iría al 27%.

El maná europeo

Nos referimos a los 140.000 millones de euros que van a venir de Europa, la mitad como subsidios a fondo perdido, y los otros 70.000 millones como préstamos que habrá que devolver llegado el caso.

Pero ese dinero no va a salir gratis, ya que la Unión Europea y la Comisión Europea exigen reformas de calado, esencialmente en lo que tiene que ver con el mercado laboral y la reforma de las pensiones.

Pero el panel de expertos también considera que sería necesario reformas en lo que tiene que ver con la territorialidad, distribución de la población, actividad económica y también con el cambio climático.

¿Qué nos depara el futuro?

A pesar del prestigio de los académicos que han elaborado el informe España 2050, nadie sabe ni siquiera de manera fragmentaria cómo evolucionará exactamente nuestro país.

De cualquiera de las maneras se trata, en esencia, de un juego de prospectiva más: a medida que se vaya acercando la mitad de siglo veremos si el informe España 2050 acierta o no.

Fuente – EL PAÍS

Imagen – La Moncloa – Gobierno de España / FAO Americas / Peter K. Levy / Waleed / Hobbes Lao / Foto Sleuth / European Parliament / Juan Antonio Segal

Los autónomos acarician un viejo sueño

Mientras poco a poco la economía, y en especial la hostelería recuperan empleo y actividad, los autónomos ya casi acarician una histórica reivindicación del colectivo: poder cotizar proporcionalmente a lo que se factura

Un sueño largamente acariciado por los autónomos, cotizar por lo que ingresan en vez de una cuota fija, podría estar más cerca.

En el último borrador presentado por el gobierno a los agentes sociales y que, por primera vez, establece que los pagos se harán por tramos, con unas cuotas que irán desde los 90 euros a los 1.220 euros mensuales.

El gobierno tiene intención de aprobar la norma para el 2022 y que sus efectos económicos comiencen a tener efecto un año después.

Novedades importantes

En caso de ser aprobada la reforma, el despliegue de la misma se hará en nueve años, y cada tres años se evaluará si la medida va por buen camino.

Asimismo, serán los propios autónomos los que decidirán en que base de cotización quieren estar, en previsión de la cantidad de ingresos que van a tener en el año entrante.

En caso de que el autónomo tenga unos ingresos superiores a los previstos, antes de que termine el año fiscal el trabajador podrá modular su cuota para que sus ingresos reales se ajusten a los estimados.

En caso de ingresar más de lo previsto, el autónomo tendría que pagar una cuota añadida, y si el caso es que no ha ingresado tanto como esperaba, la Seguridad Social le devolverá una cantidad proporcional.

Revalorizar las pensiones

Es otro de los grandes proyectos del gobierno socialista y del ministro José Luís Escrivá, que abre nuevamente la puerta a la revalorización de las pensiones.

En el borrador se puede leer que en caso de que los pensionistas pierdan poder adquisitivo en el año en curso, eso se compensará, al año siguiente, con lo que en términos coloquiales se llama «paguilla».

Y los más interesante, en caso de que, por diversos motivos, como puede ser una inflación negativa, los pensionistas ganen poder adquisitivo, no se les detraerá nada de sus pensiones.

A eso se une que cada lustro se hará una evaluación de si las pensiones han logrado aumentar su poder adquisitivo: en caso negativo se establecerían mecanismos para lograr ese efecto.

Aumentan las penalizaciones

Hasta ahora, aquellos cotizantes que se jubilaban antes de la edad legal de jubilación – de media los trabajadores se suelen jubilar dos años antes de llegar a la edad efectiva – tenían una penalización del 4%.

A partir de ahora la penalización se equiparará al del resto de los trabajadores, que va del 13% al 21%, dependiendo de los casos posibles.

Con esta nueva medida lo que se pretende es desincentivar a las jubilaciones anticipadas, aunque le gobierno prevé un periodo transitorio de 12 años, en los cuales se irá progresivamente aplicando la medida.

Trabajar más allá de la jubilación

Es otro de los puntos fuertes del plan del Ministerio de Seguridad Social y Migraciones, y es que, voluntariamente, se siga trabajando más allá de la edad de jubilación.

Son muchos los trabajadores que más allá de su jubilación pueden seguir trabajando, siendo unos años en los cuales se tiene una valía profesional y unos conocimientos, atesorados tras una larga vida de trabajo, que muchas veces se desaprovechan.

Para incentivar que se siga trabajando más allá del retiro, se va a prohibir la jubilación forzosa al llegar a los 68 años y medidas de apoyo a las empresas para que mantengan el empleo de los trabajadores añosos.

España crea empleo a pesar de la pandemia

Con los últimos datos en la mano, los de abril del 2021, en España se han creado 134.000 nuevos empleos, el mejor dato de creación de empleo desde julio del 2020.

Hoy la Seguridad Social ha recuperado a 19 millones de cotizantes, bien es cierto que gracias al efecto el calendario.

En lo que respecta a datos interanuales, en los últimos doce meses se han creado 600.000 puestos de trabajo, aunque también es cierto que en estos momentos hay 200.000 afiliados menos a la Seguridad Social que antes de la pandemia.

Buen dato de paro

Como es lógico y natural, la creación de empleo ha traído con consecuencia una mejora en los datos del desempleo.

En el pasado mes de abril se crearon 39.000 empleos, con lo que en estos momentos hay desempleados 3.910.628 personas, y serían muchas más si el gobierno no se hubiese sacado de la chistera los ERTE.

Al mismo tiempo, buena parte del empleo que se está creando es de calidad: de los contratos firmados en abril, 164.080 fueron indefinidos, lo que supone un 12,01% del total de los contratos establecidos.

En una situación de recesión económica, el dato dice mucho del estado de la economía nacional, ya que en un mes «normal» los contratos indefinidos no pueden superar el 10% de los firmados.

Pero en los meses precedentes, con la economía a medio gas y las olas sucesivas del coronavirus SARS-CoV-2, en marzo la seguridad social perdió 45.000 cotizantes y en febrero las bajas fueron 30.000.

Las empresas se recuperan

Y el mejor índice de eso no es otro que el dato de los trabajadores que salen cada mes de los ERTE, que, en marzo, último mes del que hay datos, han llegado a 36.621 personas.

El número de trabajadores en ERTE actualmente en España es de 638.238 personas, y el 50% de estas proviene del gremio de la hostelería, y 100.000 de ellas específicamente de negocios de hospedaje, principalmente hoteles.

En el último año se ha conseguido que tres millones de trabajadores hayan podido volver a sus puestos de trabajo, mientras todavía 13.500 empresas siguen con expedientes de regulación de empleo temporal.

La hostelería a la cabeza de la recuperación

La hostelería es, con mucho, el sector que más empleo crea, en concreto con 40.000 nuevos afiliados a la Seguridad Social.

Uno de los sectores más pujantes de la economía nacional, como es la hostelería, se va recuperando poco a poco a medida que la caída de las restricciones y del estado de alarma permiten hacer más negocio.

Fuente – EL PAÍS / CincoDías

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