Sanción ejemplar a Google

Google ha sido multada por la Comisión Europea con casi 2.500 millones de euros por prácticas que vulneran las leyes de competencia de la UE, aunque a los de Mountain View todavía les queda la posibilidad del recurso. Apple parece que será al siguiente

A casi 2.500 millones de euros ha sido sancionada Google por vulneración de las leyes de la competencia por el Tribunal General de la Unión Europea.

La multa proviene del hecho de que Google privilegia sus productos, con respecto a su competencia, en su motor de búsquedas.

El demandante ha sido la Comisión Europea, y refrenda la sanción que fue puesta en el año 2017, a pesar de que la demanda ha estado recurrida todos estos años.

Ante la sentencia del TGUE todavía cabe recurso ante el TJUE, por lo que Google no tendrá, por el momento, que rascarse el bolsillo para pagar la cuantiosa multa.

A pesar del montante de la sanción, para los resultados económicos que logra Google en Europa, la multa no es más que calderilla.

Una sentencia meridianamente clara

Los jueces sentencian que Google lleva tiempo valiéndose de su privilegiada situación para favorecer, en las búsquedas, a sus propios productos sobre los de la competencia.

Sin embargo, todavía no cabe entonar victoria, debido a que la sentencia todavía es recurrible ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).

Del montante total de la sanción, casi 524 millones de euros los tendrá que pagar Alphabet, que no es otra que la empresa matriz de Google, en un contencioso que se inició en el 2015.

Fue en ese año cuando la comisaría de la competencia, liderada por Margaret Vestager abrió una investigación para determinar si Google privilegiaba a sus productos sobre los de la competencia.

Las pesquisas se centraron en el buscador Google Shopping, el comparador de precios de Google, determinando que efectivamente se producía ese comportamiento desleal que atentaba contra las leyes europeas de la competencia.

Una práctica habitual

La investigación, que culminó en una sanción de casi 2.500 millones de euros, no era una más de las que el ejecutivo europeo instruye sobre las tecnológicas como Google o Apple.

En una de dichos procesos abiertos por Europa, se determinó que las subvenciones que Irlanda otorgaba a la multinacional Apple eran de todo punto de vista ilegales y que la compañía que comanda Tim Cook tenía que devolverlas.

En el caso de Google la Comisión Europea razonaba la sanción afirmando que Google es el principal motor de búsqueda de la Unión Europea.

La comisión también aducía que los usuarios del buscador de Google solo se suelen fijar en los primeros resultados de las búsquedas que es donde Google solía colocar sus productos.

La Comisión Europea considera probado que inclusive cuando los precios de los bienes a comparar son de menor precio entre sus competidores, Google sigue colocando en las primeras posiciones de la búsqueda sus productos.

Los magistrados rechazaron por completo los argumentos de Google que defendía que sus productos aparecían en los primeros resultados de las búsquedas producto de la genialidad tecnológica de la compañía.

La aserción del TGUE quedó demostrado cuando sus técnicos analizaron 1.300 millones de búsquedas desde el año 2008 y pudieron demostrar que los productos de Google eran privilegiados en las búsquedas con respecto a los de la competencia.

De la contemporización a la sanción

Hasta el año 2015 al Comisión Europea había intentado templar gaitas con Google y con otras tecnológicas que estaban en su punto de mira, caso de Amazon o Apple.

Pero a partir del 2017 la comisión, ante la falta de respuesta de las tecnológicas, decidió pasar de las palabras a los hechos y comenzó a multar, con sanciones milmillonarias, a esas tecnológicas que vulneraban las leyes de la competencia.

La matriz de Google, Alphabet, acumula sanciones por casi 10.000 millones de euros, y eso solo en aspectos que tienen que ver con la libre competencia.

Récord

La mayor sanción que ha puesto la UE ha sido precisamente a Alphabet: en el 2018 elevó una sanción de casi 4.500 millones de euros, y el motivo fue que la citada compañía obligaba a los fabricantes de smartphone a instalar sus aplicaciones si querían gozar de Android.

Y ahí no queda la cosa, ya que Google tiene otra investigación abierta el pasado junio para investigar si utiliza prácticas monopolísticas en el mercado de la publicidad, con el manido AdWords campando por sus respetos.

Apple también tiene lo suyo

En este caso la acusación de la UE tiene que ver con abuso de posición dominante en cuanto a la distribución de audio bajo demanda, para entendernos de lo que hablan es del servicio Apple Music.

Pero no solo eso, sino que la UE también habría probado que impone comisiones abusivas a Spotify por obras musicales de los cuales Apple tiene sus derechos de explotación.

En caso de que la UE gane el caso ante la justicia europea, Apple se podría enfrentar a una multa de hasta el 10% de su negocio en europea, que en euros contantes y sonantes podría ser hasta 27.000 millones.

Inclusive, Apple se queda hasta con el 30% de la factura de que otras plataformas, caso de Spotify, tiene que pagar por poder «publicar» su música en sus servicios de streaming.

De resultas de lo cual, asevera la Comisaría de Competencia, los que acaban siendo perjudicados por esas prácticas son los consumidores finales que ven como el precio del servicio se encarece.

Como gato panza arriba

Apple por supuesto se ha defendido de las acusaciones de la UE, aduciendo que lo único que hace es comercializar un servicio de música en streaming que puede ser contratado o no por sus potenciales clientes.

Contra lo que por el momento no se ha podido defender es de la acusación de que a las empresas que comercializan sus aplicaciones en App Store les obligue a utilizar su pasarela de pagos.

Todo augura una larga y tortuosa carrera judicial, habida cuenta que siendo Apple la compañía que más efectivo maneja del mundo, pueda contratar a los mejores bufetes de abogados por lo que se puede augurar años de contenciosos judiciales.

Fuente – EL PAIS / CincoDías

Imagen – Robert Scoble / Ryan Wick / Cristhoper Michel / Balkan Photos / Ged Carroll / Roberto Strauss / Rainer Stropek

D-E-R-O-G-A-R, con todas las letras

El tira y afloja entre el PSOE y Unidas Podemos se ha solventado, finalmente, con una declaración del gobierno en el que este se compromete a derogar la reforma laboral del 2012 que propició el gobierno de Mariano Rajoy el Partido Popular

Es el acuerdo al que han llegado, en última instancia, Unidas Podemos y el PSOE, los dos partidos que están coaligados en el gobierno de España y que estaba provocando graves tensiones

A decir de varios medios, la pugna entre Yolanda Díaz, ministra de trabajo y la ministra de Economía, Nadia Calviño ha sido cruenta, ya que mientras desde UP se abogaba por la derogación, Calviño hablaba de reforma.

Aún con todo, todavía quedan muchas horas de negociaciones para que esa derogación adquiera forma de ley, por lo que lo que podríamos calificar como una competición de tug of war.

En uno de los extremos de la soca tira estará la comunista Díaz y en el otro, tirando al alimón, la titular de economía, Nadia Calviño y el ministro de Seguridad Social, José Luís Escrivá.

Derogación

Es como finalmente se va a conjugar el verbo, algo que Calviño suponemos que habrá admitido a regañadientes, sobre todo pensando que desde Bruselas con inflexibles sobre la reforma del mercado de trabajo.

De hecho, el tema es tan importante, que en las negociaciones ha participado de manera directa el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Sobre la mesa, aunque todavía no concretadas, estarán medidas para devolver el poder a las centrales sindicales, de manera que los convenios del sector preponderen sobre los acuerdos que se puedan llevar a cabo en las empresas.

Acabar con los vicios

Sobre todo, con los dos principales, como son la precariedad y la temporalidad en los contratos, que hacen que muchas personas no puedan desarrollar su proyecto vital por falta de seguridad en el empleo.

Aunque a algunos les sorprenda, en el comunicado de prensa que ha emitido Moncloa después de la reunión a tres – Pedro Sánchez, Yolanda Díez y Nadia Calviño – se habla explícitamente de derogación.

Bien es cierto que todavía queda muchos flecos y que la reforma solo se ha pergeñado a grandes rasgos, pero utilizar desde un primer momento el verbo derogar es una muy buena declaración de intenciones, máxime cuando lo certifica el presidente del Gobierno.

Un comunicado muy medido

Como suele ser habitual en los gobiernos, y más en el gobierno de la nación, el comunicado de prensa está muy medido para decir inequívocamente lo que se quiere decir, y no otra cosa.

En ese tipo de documentos, se suelen cuidar hasta las comas, precisamente para que la comunicación sea unívoca y no dé lugar a malentendidos, dejando claro que en la negociación van a participar también los agentes sociales.

En algo en lo que se ha empeñado el PSOE y Pedro Sánchez, es en el hecho de que la patronal tiene que estar, sí o sí, en la firma del acuerdo como una manera de garantizar la paz social.

De la otra parte, es decir, por parte de Unidas Podemos, también consideran irrenunciable que la nueva legislación laboral este, en parte, dictada por los sindicatos, especialmente las dos centrales sindicales mayoritarias, CC.OO. y UGT.

Una Díaz rimbombante

En la posterior comparecencia en el Senado de Yolanda Díaz, y ante una pregunta del PP, la vicepresidente tercera se ha mostrado taxativa al reconocer que van a acabar con los errores de la reforma laboral del PP y lograr mejorar la vida de los trabajadores españoles.

Del mismo modo, tanto Díaz como el resto de los miembros del gobierno que han participado en la negociación, han dejado claro que, después de haber logrado el acuerdo, ahora lo que hay que hacer es negociar.

Como en cualquier otro tipo de acuerdo, ahora lo que hay que negociar es la «letra pequeña», que normalmente es donde se encuentra la sustancia de todo pacto, además teniendo en cuenta que existe otro negociador que no está presente, nos referimos a la Unión Europea.

El fondo del acuerdo se va a negociar a varias bandas, estando presentes las ministras de economía y trabajo y el ministro de Seguridad Social, esperándose también que en funciones de moderación se encuentre presente Pedro Sánchez.

Imposible una derogación total

De ello son conscientes tanto Yolanda Díaz como Unidas Podemos, y ello porque no se puede dejar si legislación laboral a un país, por lo que independientemente de lo profunda que sea, con propiedad estamos hablando de una reforma.

Además, debido al Plan de Transformación y Resiliencia, todos los países de la Unión Europea tienen que presentar a Bruselas un plan con la reforma laboral que van a desarrollar en sus países.

De cualquier forma, antes de desarrollar lo que se ha llamado el Componente 23, esto es la reforma del mercado laboral, el gobierno quiere negociar, en la misma mesa, con las centrales sindicales, CEOE, y Cepyme.

Díaz liderará las negociaciones

Es algo que resultaba innegociable para Unidas Podemos y con lo que el PSOE ha transigido, aunque en la mesa de negociación estará presente Economía e Inclusión social, además de los agentes sociales.

Los dos caballos de batalla como en todas las negociaciones de ese jaez que se han producido en los últimos años serán la prevalencia del convenio sectorial sobre el de empresa y la ultraactividad.

Por ultraactividad se entiende que cuando ha caducado un convenio colectivo, el mismo seguirá vigente, en derechos y obligaciones, mientras no se apruebe el siguiente, siendo un salvavidas para los trabajadores.

A esperas de lo que diga la patronal, en lo que están de acuerdo sindicatos y gobierno es en eliminar las causas que hacen que el mercado laboral español sea uno de los más precarios y con mayor temporalidad de la Unión Europea.

Mientras tanto la patronal sigue empeñada en mantener a toda costa la flexibilidad en contratación que se logró con la reforma laboral del Partido Popular en el año 2012, aunque de aquellos polvos vienen estos lodos.

Fuente – EL PAÍS

Imagen – La Moncloa – Gobierno de España / Patrick Milan / Gunnar Wrobel / Siuloon / Janet Lindenmuth

Crecimiento a la baja

El gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, en una reciente comparecencia parlamentaria, acaba de «enfriar» las previsiones de crecimiento económico para el 2022, que a decir de la entidad emisora, será de solo un 5,6%

Es el anuncio que ha realizado el Banco de España sobre el crecimiento económico del país para el 2022, aguando, en parte, las triunfalistas previsiones del gobierno.

La corrección sobre las previsiones, tal como ha informado Pablo Hernández de Cos, gobernador de la entidad emisora, se realizarán en diciembre.

Al mismo tiempo, Hernández de Cos también ha valorado como por encima del consenso de los analistas las previsiones económicas del gobierno que son las que finalmente se han utilizado como base para los presupuestos.

Reducción significativa de las previsiones

No se trata de recortar décimas en las previsiones, sino que el Banco de España habla de una reducción significativa del crecimiento económico para el año 2022.

La noticia la ha dado el gobernador Hernández de Cos en una comparecencia en el Congreso de los Diputados, sesión en la cual se analizaban los Presupuestos Generales del Estado.

Con ello el Banco de España no hace sino seguir la misma senda que el Instituto Nacional de Estadística, que evalúa que el crecimiento para el último trimestre del año en el 1,1% en vez del 2,8% previsto.

En cierto modo, la disminución prevista del crecimiento económico tiene que ver con factores exógenos a la economía española y que mucho tienen que ver con la economía internacional.

Entre los factores que van a lastrar el crecimiento se encuentran los cuellos de botella que está viviendo la industria y el encarecimiento de la producción industrial y de las materias primas.

Factores a favor y factores en contra

Como en cualquier otra circunstancia de la vida, en estos momentos la economía española se ve lastrada por causas muy determinadas y también impelida por otras.

Entre los factores que están impidiendo la normal recuperación económica tras la pandemia nos encontramos con el recibo de la luz, que afecta a los clientes minoristas, pero también a grandes empresas.

De hecho, de seguir «disparado» el recibo de la luz, hace pensar al Banco de España que de seguir por esos derroteros el PIB se podría dejar un 3% en los próximos años.

Entre los factores que impulsan con «viento de cola» la economía española nos encontramos con la vacunación masiva de todos los grupos de edad, que ha promovido que haya una mayor movilidad y que la hostelería se recupere.

Recuperación a pesar de todo

Sin embargo, lo que resulta incontestable es que la economía española recupera el pulso prepandemia, en un 2019, que, si recordamos, llevaba camino de tener un muy buen desempeño económico.

A pesar de ello, no se llegará al 6,3% de crecimiento del PIB que auguraba el gobierno, y solo se crecerá al 5,6%.

Para el 2022, aunque las previsiones eran de una recuperación del PIB del 7%, solo se llegará a superar, por unas décimas el 6%.

Estas declaraciones de Hernández de Cos son «munición» para el PP, con un líder de la oposición que no ha dudado de calificar como malas las previsiones del gobernador del BDE.

Pablo Casado también ha acusado, sin ambages, de mala previsión en los Presupuestos Generales del Estado, que se nutren de una previsión de ingresos que raya el guion de una película de ciencia ficción.

Las previsiones del equipo económico del Partido Popular para el 2022 habla de un crecimiento del PIB que se quedará estancado en el 5%.

Un buen dato de empleo

Pero lo que resulta incontrovertible, inclusive para el PP – dicen que los datos pueden ser tozudos – es que la recuperación del empleo es un hecho.

Mientras que todavía quedan por «recuperar» 8,4 puntos de PIB para llegar a las cotas de crecimiento pre pandémicas, el empleo está a solo un punto y dos décimas de las cotas de ocupación de antes de la pandemia.

Bien es cierto que todavía hay muchos trabajadores en ERTE, pero todo parece indicar, que ahora que se extienden hasta febrero del 2022, muy pocos de ellos se convertirán en ERES.

Por otro lado, por grupos de edad, han sido principalmente los jóvenes los que han acabado engrosando las listas del paro, y también determinadas regiones, sobre todo las turísticas, se han visto especialmente perjudicadas.

Tiento con las medidas fiscales

Desde el Banco de España, también se es de la opinión de que las políticas de «barra libre» no ayudan en nada a la economía patria y que las políticas fiscales tienen que ser selectivas y quirúrgicas.

Según Hernández de Cos, las medidas fiscales tienen que ser temporales y centradas en lograr la recuperación de los sectores más afectados por la crisis económica derivada de la pandemia de SARS-CoV-2 que todavía no ha desaparecido.

Al mismo tiempo ha hecho un llamamiento a la disciplina fiscal, sobre todo en lo que tiene que ver con el déficit público, no en vano la deuda pública está disparada, ya que debemos el 115% de nuestro PIB.

Una recaudación que no alcanza

El primer indicio que muestra que es muy posible que las previsiones de ingresos no sean realistas proviene del hecho de que las subidas de impuesto del año pasado han recaudado 3.000 millones de euros menos que las previsiones.

Se podría dar el caso de que al no obtener los ingresos previstos para el 2022, el déficit público aumentase debido a que el gasto está consignado en dichos presupuestos y en cuanto a las previsiones de gasto, estas están casi esculpidas en mármol.

A vuelta con las pensiones

Es otra de las partidas que tradicionalmente son fuente de controversia, máxime cuando el gobierno socialista derogo el factor de estabilidad – un magro 0,25% de revalorización – y volvió a indexar las pensiones al IPC.

Para Hernández de Cos esa indexación es un factor de desestabilización, debido a que, al depender de la inflación, un factor externo a la economía española, lo que provoca es la pérdida de competitividad para el país.

Además, en estos próximos años el gasto en pensiones va a aumentar de una manera importante, debido que los denominados babyboomers comienzan a jubilarse.

Los nacidos entre 1946 y 1964 son una cohorte que une a elevados tiempos de cotización unas pensiones abultadas.

Además, hay que tener en cuenta que siendo el español un sistema de reparto, los que están trabajando en estos momentos son los que pagan las pensiones de los jubilados, y en un futuro próximo solo habrá dos cotizantes por cada pensionista.

Fuente – EL PAÍS

Imagen – NAR REALTOR Party / Kostas Limitsios / Financial Times / Olle Svenson / Mo McFarlland / Nathaniel U. / Win Hide

Habemus presupuestos 2022

De expansivos y con acento social se pueden calificar los Presupuestos Generales del Estado para el 2022, que una vez aprobados por el Consejo de Ministros esperan ahora su aprobación parlamentaria

Finalmente, y aunque por el momento solo en Consejo de Ministros, los Presupuestos Generales del Estado ya están en capilla a expensas de lo que decida el poder legislativo.

Se trata, como ya ha aireado el gobierno, de los presupuestos con el mayor gasto social de la Historia, al menos desde el advenimiento de la democracia.

A eso se suma el dinero aportado por los fondos REACT, que provienen de Europa, y que sumarán 27.000 millones de euros.

Muchas novedades

Se trata de unas cuentas públicas que están dominadas por el gasto social, necesario para que muchos colectivos y sectores puedan remontar vuelo después de la debacle que ha supuesto la pandemia de SARS CoV-2.

Entre las novedades una ambiciosa política de becas para aquellos que quieran opositar a jueces y fiscales, unas largas oposiciones – de media se tardan cinco años en aprobar – y que suponen una sangría económica para las familias de los postulantes.

Con ello lo que se pretende es democratizar ciertos estamentos de justicia, ya que por lo general solo los hijos e hijas de familias pudientes pueden sobrellevar el gasto de un lustro de estudio, a lo que se suma el pagar a los preparadores.

Al mismo tiempo, también el Consejo de Ministros ha decidido incluir en los PGE ayudas al alquiler de vivienda para los jóvenes y un bono de 400 euros, para productos culturales, de devengo anual, para los jóvenes entre 18 y 22 años.

Muñir el acuerdo

Es lo que han tenido que hacer los ministros del PSOE y de Unidas Podemos para limar las asperezas del que es el primer gobierno de coalición de la Historia del último periodo democrático de nuestro país.

Las negociaciones no han sido fáciles y en las mismas UP ha logrado arañar buena parte de sus medidas estrella, como es el imponer a las empresas un mínimo del 15% en el impuesto de sociedades.

A eso se ha sumado la nueva Ley Estatal de Vivienda, otra de las peticiones largamente esperadas por la formación política que liderara Pablo Iglesias Turrión.

La negociación de esa y otras medidas hacen que las nuevas cuentas se hayan retrasado dos semanas y por ello se deban acortar los tiempos para que se puedan aprobar en cortes las cuentas para el 2022.

Unos presupuestos expansivos

Además de tener un fuerte acento social, las cuentas del 2022 también son unos presupuestos expansivos, coincidiendo la munificencia de los mismos con la llegada de 27.000 millones de euros desde Bruselas.

Con un «techo» de casi 200.000 millones de euros, destacan sobre todo por medidas de importante calado social, como es la nueva Ley Estatal de Vivienda y las ayudas al alquiler para los más jóvenes.

Tal como ha subrayado María Jesús Montero, ministra de Hacienda, el 60% del presupuesto está destinado a políticas sociales del más variado espectro.

Desglosando por partidas presupuestarias, casi 13.000 millones de euros van destinadas a políticas destinadas a la juventud, entre las que se encuentran ayudas de hasta 250 euros mensuales para el alquiler de vivienda.

Bono cultura y más becas

Es otra de las novedades, con un montante de 400 euros anuales y que costarán al erario público 220 millones de euros.

El objetivo es, además de reflotar al sector cultural de nuestro país, es que los jóvenes, un grupo de edad que disfruta de la cultura, puedan acceder a artefactos culturales, incluidos los videojuegos.

El gobierno de Pedro Sánchez tampoco se ha olvidado que todo aquel que quiera y tengan el suficiente tesón pueda estudiar con independencia de los «posibles» de su familia, por lo que las becas sumarán 2.199 millones de euros.

Congraciarse con el funcionariado

Los trabajadores públicos también van a ver mejorado sus emolumentos, con una subida del 2%, aunque desde las centrales sindicales la medida se ve insuficiente debido a la subida sostenida de la inflación.

Por otro lado, 2022 también será promisorio para la función pública, ya que el gobierno ha decidido que la tasa de reposición para el próximo año sea del 110% con lo que la función pública ganará en plantilla.

Tal como se han encargado de recordar desde el gobierno, en los tres años del mandato de Pedro Sánchez la OPE ha sido un 73% mayor que la que se produjo en los seis años del gobierno del PP de Mariano Rajoy.

Actualizar las pensiones a la inflación

Es otro de los logros del gabinete bicolor que gobierna España y la subida de las pensiones será mayor que la que han logrado los funcionarios, esto es, superior al 2%.

En este ejercicio la subida de las pensiones para 2022 se indexará a la inflación que se haya producido entre diciembre del 2020 y noviembre de este año, y esa medida se encuentra en estos momentos en trámite parlamentario.

Tal como ha señalado José Luis Escrivá las pensiones mínimas y no contributivas subirán más que el resto, una medida de importante impacto social.

Un impuesto de sociedades del 15%

Un nuevo impuesto de sociedades ve la luz, y será de un mínimo del 15%, en consonancia con la intención que ha mostrado la OCDE y los países que forman parte del G-7, los más industrializados del mundo.

Sin embargo, al los visto, la medida nace con poca ambición recaudatoria, ya que solo afectará al 1% de las empresas, las multinacionales y las más grandes.

La recaudación del nuevo impuesto de sociedades sumará a la Hacienda Pública casi 400 millones de euros y afectará solo a 1.079 empresas.

Nueva fiscalidad

Entre las medidas fiscales también se estrena un nuevo abordaje en los beneficios fiscales de las pensiones individuales.

Las deducciones se aplicarán solo a los 1.500 primeros euros, no como hasta ahora en el cual el máximo exento era de 2.000 euros.

Este paquete de medidas económicas y fiscales han sido definido por el gobierno como unos PGE de la recuperación, pero de una recuperación que alcance a todos y evite que nadie se quede atrás.

Previsiones económicas

El horizonte que augura en lontananza el gobierno y la mayoría de los analistas económicos es de recuperación vigorosa, con un crecimiento para este año 2021 del 7%.

Esas cifras irán en consonancia con la recuperación del empleo, que se augura del 2,7%, con lo que la tasa de desempleo se quedará en el 14,1%.

El déficit público también dará muchas alegrías, ya que en el 2022 se reducirá hasta el 5%, cuando este 2021 terminará con un 8,1%.

A pesar de este halagüeño panorama, el gobierno ha tenido que sacrificar varias partidas, como es el caso de la ampliación de los permisos de paternidad y maternidad, algo que hasta hace seis meses era una «línea roja» para UP.

Fuente – EL PAÍS

Imagen – La Mocloa – Gobierno de España / Ozzy Delaney / German Poo – Caamaño / Museoviraston Kuvakokoelmat / Kimmo Räisänen / AGC Glass Europe / pxfuel / Mike McCune

El que parte y reparte…

La Comisión Nacional del Mercado de la Competencia acaba de imponer una multa millonaria a varias empresas que participaron en la construcción del AVE por haber formado un Cartel habiendo intervenido ilícitamente en 82 licitaciones. Al mismo tiempo, el aeropuerto de El Prat se convierte en vía de lavado de dinero de las mafias de Gambia

La Comisión del Mercado y la Competencia acaba de multar con 128 millones de euros a ACS, Siemens, Alstom por repartirse contratos del AVE, llegando a calificarlas de Cartel.

Con ello habrían logrado eliminar a la competencia en 82 licitaciones de los cientos que hubo durante 15 años con un presupuesto de 4.142 millones de euros entre 2002 y 2017.

Los contratos tuvieron que ver con seguridad, señalización y comunicaciones en el trazado del AVE, en un periodo de 15 años con al menos 82 licitaciones fraudulentas.

Sanciones millonarias

Las empresas que asumen las mayores multas son ACS con 30 millones de euros, Siemens con 28,9 millones de euros, mientras que Nokia recibe una multa de 24 millones de euros y la francesa Alstom es multada con 22 millones de euros.

Pero las sanciones llegan también a la cúpula directiva de esas empresas, afrontando 10 directivos un correctivo que suma 483.000 euros, aunque uno de ellos por colaborar en las investigaciones verá reducida la cuantía de la multa un 50%.

La CMNC inculpa a esas compañías por haber formado un cartel que se hizo fraudulentamente con 82 licitaciones del Ministerio de Fomento y de ADIF entre los años 2002 y 2017 cuando se estaba construyendo el trazado del AVE.

Los contratos estaban centrados en seguridad y comunicaciones de la infraestructura y se produjeron cuando se estaba construyendo y poniendo en funcionamiento el trazado del AVE.

Alguno de los contratos tenía que ver también con el trazado convencional de la red de transporte por ferrocarril, y no estaba directamente relacionado con el AVE.

Además, los efectos de la actividad ilícita tendrán, en algunos casos, un alcance hasta el 2040, ya que algunas de las licitaciones se desarrollan hasta esa fecha.

Sus orígenes se sitúan a comienzos del año 2000

Según los hechos probados por la CNMC el cartel tuvo su origen en el año 2002, y sus incitadores fueron Thales y la división de ferrocarril de Siemens, con la intención de interferir en la libre competencia y repartirse los contratos.

El acuerdo entre ellas fue hacerse con las licitaciones de RENFE y de ADIF al 50%, aunque posteriormente se ajustó a un 55% y un 45%, y afectó a la tecnología se que utilizó en la señalización del AVE.

En años posteriores se sumaron al ilícito otras compañías como Siemens (2003), Nokia (2007) y Cobra (2008).

Unión Temporal de Empresas

Fue la estructura empresarial que utilizaron los miembros del cartel para hacerse con los contratos, mientras que otros miembros del mismo, hacían ofertas de cobertura para simular que existía la libre competencia.

Las características de las licitaciones no hacían necesario esa estructura, pero de esa manera el cartel podría mostrar más «músculo» en caso de que a las licitaciones se presentase algún competidor.

El menoscabo para la Hacienda públicas se ha cifrado, hasta ahora, en 82 licitaciones por un montante de 4.142 millones de euros durante un periodo de 15 años, teniendo en algunos casos un alcance que llega hasta el 2040.

Una práctica recurrente

No es la primera vez que la CNMC descubre método anticompetitivo para repartirse el mercado, en concreto en todo lo que ha rodeado la construcción, dotación y explotación de la infraestructura del AVE.

Ya en el año 2019 el organismo público que preside Cani Fernández Vicién sancionó con 118 millones de euros a 15 empresas por formar carteles que lograron contratos que tenían que ver con la electrificación del AVE.

Fue durante el proceso de instrucción cuando los registros en las oficinas de empresas que ahora han sido sancionadas alertaron a la CNMC de prácticas anticompetitivas.

De resultas de esa investigación, en el año 2017 al CNMV registró las oficinas centrales de Thales y también las de Bombardier y las de CAF.

España en el circuito del blanqueo de capitales

Desgraciadamente, además de lo ya sabido, nuestro país esta dentro del circuito de blanqueo de capitales a nivel internacional, y se acaba de descubrir que organizaciones delictivas gambianas utilizan nuestro país para «lavar» dinero.

Gambia se ha convertido en un país africano que es centro de un lucrativo negocio de contrabando de drogas y medicamentos, además de tráfico de armas y otros bienes.

Organizaciones que investigan el blanqueo de capitales informan de que España se ha convertido, por la salida de capitales hacia Gambia, en un negocio para una estructura criminal organizada que exporta dinero de origen criminal.

Interpol lo corrobora

La Organización Internacional de Policía Criminal (INTERPOL), corrobora que el trasiego de dinero entre las porosas fronteras de los países africanos y Europa, en concreto España, tienen que ver con la actividad criminal.

De hecho, las investigaciones que Aduanas ha realizado rastreos aleatorios en el aeropuerto de Barcelona por las sospechas que muchos de los viajeros del vuelo que une la capital catalana con la capital de Gambia, Banjul, son «correos» de dinero.

De hecho, en el año 2019, fueron trasladados, al menos el dinero declarado, por 2.179 viajeros un total de 73,4 millones de euros, lo cual destacada habida cuenta la poca relación comercial que existe entre España y el país africano.

Las autoridades gambianas también investigan

La nueva terminal del aeropuerto de Yundum luce impoluta después de una profunda reforma, y las autoridades de ese país, superada la emergencia de SARS-CoV-2, esperan que la afluencia de turista desde la UE y de otros continentes.

Últimamente la policía gambiana no da abasto interrogando a viajeros del vuelo con origen en Barcelona que llegan con ingentes cantidades de dinero: el 28 de agosto a dos ciudadanos del país africano se les intervino 152.000 euros en metálico.

Sin embargo, la policía gambiana no pudo interponer una denuncia contra ellos, ya que portaban documentos en los cuales demostraban que eran propietarios de ese dinero, por lo que los policías «se la tuvieron que envainar».

Inclusive los servicios antiterroristas de Gambia tienen puesta la vista en el dinero que ingresa por el aeropuerto de Yundum y las redes informales de lavado de dinero, porque tienen sus sospechas de que pueden ser una fuente de financiación del terrorismo yihadista.

Fuente – el diario / Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia en Wikipedia

Imagen – Daniel Luis Gómez Adenis / influenZia marketing / Luis Zamora / Rob Dammers / Christian Van Der Henst / pxfuel / Security & Defence Agenda / U.S. Army Southern Europe

La mano invisible

Los lobbies, aunque hace mucho tiempo se llamasen de otra manera, siempre han tenido un poder de influencia mayúsculo sobre las decisiones del poder político. Trabajando para defender los intereses de empresas del más variado tipo no se entiende que todavía en España su actividad no esté regulada

Salvo en aquellos países donde su actividad está regulada, caso de Estados Unidos, donde ejercer de tal puede llegar a ser hasta una actividad honorable, estos grupos de presión siempre han estado en la zona gris.

Los grupos de presión gastan todos los años cientos de millones de euros para torcer el brazo a los políticos para lograr legislaciones favorables a los intereses de las empresas a las que representan.

En el precio de la electricidad y en España

Uno de estos lobbies es el de las centrales nucleares que acaba de terciar en la polémica sobre el precio de la electricidad.

Los lobistas de la patronal de las centrales nucleares han advertido que es necesario una rebaja del precio que las empresas pagan por contaminar con CO2 la atmósfera.

Sin esa reducción de precio de los derechos de emisión dicen que la operativa de las centrales nucleares en España se tornará del todo de punto imposible su actividad.

Además, advierten que entonces la energía será mucho más cara, con lo cual el recibo de la luz se pondrá por las nubes, tanto para empresas como para particulares.

Al mismo tiempo, un lobby de consumidores terciaba que sería necesario sancionar a las eléctricas por el excesivo precio de la luz que está abocando a muchas personas en España a situaciones de pobreza energética.

También en Europa

Con el mayor peso del gobierno de Bruselas, muchos lobbies han dejado de tener representación estatal en Europa para ir a presionar a la capital de ejecutivo comunitario.

Solo el sector tecnológico tiene en la sede de la Unión Europea 612 empresas que ejercen como lobistas, gastándose todos los años casi 100 millones de dólares para lograr que la legislación comunitaria se avenga a sus intereses.

Sin embargo, el lobby tecnológico no es, ni con mucho, el que más presión ejerce sobre los gobernantes europeos.

Su actividad y presupuesto se ve ampliamente superado por los lobbies farmacéutico, petrolero, bancario o de la industria química.

Poder asimétrico

Los lobbies, bien es cierto que no se puede generalizar, pueden llegar a tener más poder que los gobiernos, y España es un buen ejemplo.

Los lobistas de algunos sectores empresariales lograron incluir en la legislación española normas legales favorables a los intereses de sus clientes, aunque posteriormente llegara Bruselas a enmendarles la plana.

Por otro lado, estos lobbies tienen un poder casi omnímodo que no tienen los ciudadanos ni las organizaciones de consumidores que se ven obligadas a transigir con leyes que perjudican al ciudadano de a pie.

Inclusive cuando el ejecutivo, tanto a nivel nacional como autonómico y municipal, inician proceso de consulta a la ciudadanía, son los lobistas del sector económico que se trate, los que más logran con sus alegaciones.

Y en principio esos procesos de consulta están diseñados para que sea la ciudadanía la que rubrique los proyectos que realizan las Administraciones públicas, como puedan ser los planes urbanísticos.

Un sector hipertrofiado en Europa

La cantidad de lobistas que existen en Bruselas llegará en poco tiempo hasta la hipertrofia, y eso que los lobbies, en la Unión Europea, se encuentran regulados.

Dentro del sector tecnológico, todos los días casi 150 personas trabajan como lobistas intentando arrimar la ascua a su sardina, para que las empresas que los financian tengan una legislación favorable a sus intereses.

En la capital de las instituciones europeas son casi 40.000 personas las que trabajan como lobistas, de las cuales 1.500 tienen acceso franco al parlamento europeo.

Además, pueden pasearse tranquilamente por los pasillos de parlamento porque su actividad está regulada y aceptada por la UE en los tratados de la unión desde casi los años cincuenta del pasado siglo.

No reconocidos en España

Mientras que los lobbies se encuentran reconocidos y regulados en la Unión Europea no sucede lo mismo en España, donde los grupos de interés no han sido reconocidos nunca por la legislación española.

Desde muchas organizaciones no se entiende que procesos de influencia sobre el poder político que de facto se producen todos los días y que cuentan con un consenso político y social no se encuentren regulados todavía.

Desde algunas instancias se explica esa desregulación producto que regular los lobbies obligaría a que los políticos se tuviesen que regular a sí mismos, algo a lo que parece no son muy proclives.

Controlar a los políticos

Es lo que piden muchos en la Unión Europea, donde recordemos que la actividad de los lobistas se encuentra plenamente regulada.

De lo que se trataría, según el Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO), es que quedase constancia de las dádivas que reciben los políticos comunitarios por parte de los grupos de presión.

Se tratan, en la mayor parte de los casos, de saber cuántos viajes y cuántos regalos reciben sus señorías europeas al cabo del año, consignando también quién realiza esos regalos.

Con esa información lo que se pretendería evitar es comportamientos claramente delictivos y que los lobbies tengan en nómina a políticos que legislan y deciden sobre los intereses de las empresas a las que representan.

Los lobbies quieren ser regulados

Es una de las reivindicaciones del sector, que todavía no se explican porque no se ha legislado sobre ellos en España y siguen actuando en una zona gris, donde tácitamente se consiente sus actividades.

Es el propio sector el que considera que la función de un lobby solo es efectiva y real si su actividad se encuentra regulada, sobre todo debido que su actividad representa muchas veces desde empresas privadas a instituciones públicas.

Actualmente en España los lobbies son utilizados por empresas cotizadas del IBEX 35, PYMES, empresas familiares y sobre todo multinacionales.

Y la actividad de esos lobbies no se hacen «a tontas y a locas», ya que su actuación está plenamente profesionalizada.

Por ejemplo, estos lobbies lo primero que hacen para sus clientes son informes de impacto, en donde miden para quienes les contratan, las consecuencias que podrían tener para ellos determinados cambios legislativos.

Además, la actividad de los lobbies se entiende en unos contextos en los cuales el poder de decisión se ha descentralizado, ya que no recae exclusivamente sobre ejecutivos y parlamentos.

Ahora también tienen poder de decisión otros actores del sector público, como organizaciones no gubernamentales, asociaciones de todo tipo, fundaciones y hasta think tanks del más variado tipo.

Fuente – EL PAÍS

Imagen – Jeffry Zeldman / Clint Mason / Håvar og Solveig / Piqsels / Carlos ZGZ / European People`s Party / pxfuel

Las cúpulas se digitalizan

Sobre todo, en las cotizadas del IBEX 35, se empiezan a introducir plataforma de gobernanza para poder realizar los consejos de administración en «remoto» y siempre con la suficiente seguridad para evitar que decisiones y documentos caigan en manos de la competencia o de otras empresas

El 2020 fue el primer año en el cual, en nuestro país, muchos consejos de administración se tuvieron que llevar a cabo de manera telemática debido al confinamiento obligado por la pandemia de SARS-CoV-2.

En pleno «cerrojazo» en el 2020, cuando las restricciones de movilidad eran estrictas, muchas reuniones de las cúpulas de las empresas se tuvieron que realizar Zoom, Google Teams o similar.

En realidad, las empresas que han cambiado de mentalidad y ya estaban prácticamente digitalizadas han sido las más entusiastas de mantener las reuniones de sus consejos de administración por videoconferencia.

Y esto es solo el principio

Aunque vivimos en un país donde en el ecosistema laboral, también en las cúpulas, a estar físicamente en el trabajo y en las reuniones, el cambio todavía tardará en llegar.

Que somos un país en el cual, algunas veces, lo único importante es estar presente, no trabajando por objetivos sino por «calentar» la silla, se ve ahora cuando la mayor parte de las empresas han vuelto a sus oficinas.

El siguiente paso, aunque no sabemos en cuantas décadas eso será posible, es que sea utilice la inteligencia artificial para la toma de decisiones empresariales. Con eso y el Big data, la operativa de las empresas adquirirá un cariz más racional.

La dirección a favor

En los últimos estudios sobre el nivel de digitalización de los consejos de administración en España, que ha llevado a cabo ESADE, el 43% de las empresas califican como “excelente” su nivel de digitalización.

Asimismo, el 63% de los consejos de administración entrevistados consideran una prioridad ahondar en el proceso de digitalización como una manera de hacer la actividad de la dirección mucho más efectiva.

También hay que poner en valor la influencia que ha tenido la pandemia de SARS-CoV-2, que desgraciadamente aun padecemos, como un catalizador para acelerar la digitalización de los consejos de administración.

De hecho, el grueso de las empresas del IBEX 35 ya poseen plataformas que les permiten realizar los consejos de administración de una manera virtual, pero incidiendo sobre todo en lo que tiene que ver con la seguridad en las comunicaciones.

Seguridad, ante todo

Estas plataformas que permiten los consejos de administración en «remoto» destacan sobre todo por la seguridad en las telecomunicaciones, así como en lo que tiene que ver con la compartición de forma segura de documentos societarios.

En un consejo de administración se manejan muchos documentos que en caso de llegar a manos de la competencia podría resultar el hundimiento de la empresa por lo que todas estas plataformas tienen repositorios seguros.

¿Cómo se construyen estas plataformas?

Por lo general, estas plataformas se construyen a base de módulos, esto es, cada empresa puede elegir, hasta cierto punto, la configuración que va a tener la misma.

Dependiendo de las funcionalidades que se deseen así será el precio, añadiéndose unos módulos que no son precisamente baratos, aunque las empresas que compran ese software difícilmente van a tener problemas con el precio.

Por lo general una plataforma para gobierno cooperativo oscila en unos precios entre 15.000 y 100.000 euros.

Inteligencia artificial, la próxima frontera

Será el próximo paso que se dará, y aunque las decisiones en los consejos de administración serán tomadas por humanos, es posible que las opciones sean gestadas a través del análisis de Big data y el uso de inteligencia artificial.

Por lo tanto, las nuevas plataformas tendrán también que incorporar módulos de inteligencia artificial y de análisis masivos de datos.

En estos momentos, la principal queja en los consejos de administración se basa en la falta de conectividad entre las plataformas de gestión de gobernanza y la falta de compatibilidad con otras plataformas que se utilizan en el trabajo de la empresa.

De lo que se trataría, es que las decisiones llevadas a cabo en los consejos de administración se puedan poner en conocimiento de los departamentos implicados de manera automatizada, con lo cual se ahorraría tiempo y dinero.

Ahondar en la digitalización de los directivos

Pero para que la digitalización llegue a los consejos de administración no es necesario solo tener acceso a completas plataformas digitales de gobernanza, sino también incidir en la digitalización de los directivos.

Al mismo tiempo, también es necesario cambiar la cultura empresarial española, que como ya hemos indicado se basa en la presencia física, de trabajadores y directivos en el centro de trabajo.

Sería necesario que la empresa española mutase hacia el trabajo por objetivos, en lo que importa es el resultado obtenido y no el número de horas que has estado trabajando en la oficina.

Y para ello tienen que ser los «primeros espadas» de cada organización los que se impliquen en la necesaria digitalización profunda que permee a toda la empresa en ese cambio de paradigma empresarial.

Sin embargo y como Roma no se construyó en un día es necesario que ese proceso sea progresivo y vaya introduciéndose en pequeñas dosis de digitalización para que los empleados y directivos de la organización la vayan interiorizando.

Por ahora son muchas las cotizadas del IBEX 35 que se han metido en semejante berenjenal debido a que para ellos es también una cuestión de imagen para demostrar que son empresas modernas que están a la última.

¿Y las PYMES?

En la pequeña y mediana empresa los procesos de digitalización de la gobernanza, y otros muchos, están todavía en pañales y adolecen de falta de profesionalidad.

Esa endeblez de sus estructuras digitales se produce por varios motivos, entre otros del desconocimiento de lo que supone la gobernanza digital y por el otro que también se desconocen sus ventajas.

Con todo, como otros procesos tecnológicos, finalmente acabarán llegando a la pequeña y mediana empresa, aunque es un proceso en que habrá que invertir un tiempo.

Fuente – EL PAÍS

Imagen – U.S. Army / Maryland GovPics / Brad / Sarah Page / Thomas Liske / Nicolas Nova / Manuel Schmalstieg

¿Una empresa pública de energía?

Por primera vez, la ministra de transición ecológica, Teresa Ribera, ha hecho declaraciones sobre la posibilidad de crear una gran empresa pública de energía, aprovechando que en estos próximos años caducan las concesiones de los saltos de agua de muchas presas hidroeléctricas

Es una de las medidas estrella que lleva pidiendo Unidas Podemos casi desde su fundación, y la intención se ha producido en cada programa electoral que ha firmado la coalición electoral que liderase Pablo Iglesias Turrión.

El gobierno se ha puesto manos a la obra para intentar limitar las cifras récord que está alcanzando en estos últimos meses el recibo de la luz.

Una de las soluciones sería que las eléctricas cambiasen la política de tarifas, por una tarifa regulada, mucho más estable que el sistema de las subastas, en la que a cambio las eléctricas introducirían una prima.

Soluciones

De lo que sí está convencido el gobierno y la ministra del ramo, es de que como no se va a solucionar el problema es convocando movilizaciones en la calle, como quieren algunas organizaciones políticas de izquierda.

A favor de la tesis de crear una empresa energética pública se encuentra el hecho de que en estos próximos años las concesiones de los saltos de agua que generan electricidad van a ir caducando.

Teresa Ribera, la ministra para la transición ecológica considera inoperante organizar un calendario de movilizaciones para lograr bajar el precio de la energía.

Algo que, aunque pueda ser un buen símbolo de lo que opina la ciudadanía sobre la subida del recibo de la luz, es algo así como organizar una manifestación para que baje el precio del petróleo, una boutade.

Lo que sí se puede hacer, y o está haciendo el ministerio de Rivera, es extender la protección a los clientes vulnerables y hasta aquellos clientes que, aunque pueden pagar el recibo de la luz, ven como cada vez tiene que pagar más dinero por él.

Una empresa pública de energía

Es una de las posibles soluciones que el gobierno está barajando, aprovechando que en los próximos años caducan las concesiones sobre los saltos de agua que en España general electricidad hidroeléctrica.

Desde su socio de gobierno, su lideresa Ione Belarra considera como una buena noticia que el PSOE esté plateándose la posibilidad de crear una empresa pública de energía, con lo que la posibilidad de una tarifa regulada sería posible.

Sin embargo, en fechas recientes, el pasado enero, la propia Ribera negaba la viabilidad de una empresa pública de energía, aunque también opinó que hay ejemplos interesantes en los países de nuestro entorno.

Otras alternativas

Una tarifa regulada sería una de las soluciones para evitar las subidas en el recibo de la luz, aunque se prevé que en los próximos meses se puedan seguir produciendo aumentos en el precio de la electricidad.

Para ello, las eléctricas piden poder tener acceso a una prima, que desde fuentes del ministerio de Transición Ecológica afirman que sería pequeña.

Inclusive una tarifa regulada también debería de tener un tramo fijo mayor del que se está produciendo en la actualidad, ya que hay que tener que el Precio Voluntario al Pequeño Consumidor da poco juego a las eléctricas.

El PVPC se indexa a las oscilaciones del mercado de la energía, lo que ha provocado estos últimos meses unas subidas del recibo como no se conocían hasta ahora.

Variables no controlables

Realmente, y así lo ha intentado trasladar Teresa Rivera a los españoles, el aumento del precio de la energía, en estos últimos meses, ha dependido de la subida de precio del gas natural y el precio de las emisiones de CO2.

Son dos variables que escapan al control del gobierno ya que esos precios se regulan internacionalmente y están completamente gobernados por el mercado.

Sin embargo, Ribera si ha considerado que la regulación marginalista del precio de la energía, en manos de las eléctricas, fundamentalmente IBERDROLA y ENDESA está completamente desfasado.

Además, estas eléctricas consiguen en su gran mayoría la electricidad de los saltos de agua, y el agua, lo establece la Constitución, es un bien público a partir del cual estas empresas logran su beneficio privado.

Sin respuesta de Bruselas

Sin embargo, Bruselas sigue como convidado de piedra, pudiendo ser un factor de cambio ya que parte de la legislación de energía emana directamente del Parlamento Europeo.

Por ello las peticiones, parte de ellas desde España, de cambiar la fórmula para determinar lo que les llega a los ciudadanos en el recibo de la luz ha caído en saco roto.

Bruselas considera que [el sistema marginalista] es el más cómodo, el más eficiente, el más sencillo y nos ha permitido beneficiarnos mientras los costes de las distintas tecnologías eran parecidos.

El recibo de la luz sube un 35% en un mes

A pesar de que junio ha sido el mes donde más ha subido el recibo de la luz, todo parece indicar que en el mes de agosto será todavía mayor.

En tarifa regulada, cuyo índice es el PVPC y si se tiene contratada una potencia de 4,4 kW, en el mes de agosto un usuario medio pagará 84,35 euros en una factura media, lo que supondría superar en casi tres euros la factura de julio.

Y todo ello después de que el gobierno se haya avenido a bajar el IVA del 21% al 10%, ya que, en caso de no haberse aplicado el IVA reducido, el recibo hubiese escalado hasta los 92,79 euros.

El kilovatio / hora para el usuario adherido a la tarifa PVPC ha sido de 11 euros y 88 céntimos, algo que no se recordaba desde hace algunos años.

La OCU protesta

La Organización de Consumidores y Usuarios denuncia que la tarifa PVPC está ocultando a los usuarios el verdadero precio de la electricidad.

En una factura tipo de cualquiera de las productoras y / o comercializadora de electricidad no aparecen los precios desglosados, por tramos horarios, de la energía que se ha consumido en el mes, o en dos meses si eso recoge la tarifa.

En no recoger el desglose por tramo horario no permite a los consumidores organizar su consumo de energía dependiendo del coste que tiene en cada horario.

Fuente – el diario / LA VANGUARDIA

Imagen – kecko / Mark Turnauckas / Naotake Murayama / Chris Potter / Matthew Smith / European Parliament / Steven Jackson / ocu

Un verano sin camareros

En este verano atípico, cientos de locales de hostelería se encuentran que no pueden cubrir sus necesidades de empleo, debido a que con las sucesivas oleadas de SARS-CoV-2 la masa laboral ha preferido buscar empleo en otros sectores en los cuales se trabaja al 100%

Con un verano ya sin restricciones, las que había las ha «tumbado» el poder judicial, y ahora que parece que finalmente nos visita la canícula, las costas españolas se llenan de locales de hostelería abiertos para satisfacer a los turistas.

Sin embargo, ahora los problemas vienen de mano de los locales. En buena parte debido a que el sector ha estado sujeto a cierres y aperturas constantes, una gran cantidad de sus trabajadores ha buscado otros horizontes laborales.

No hay personal suficiente – camareros y personal de cocina y de sala – para hacer frente a una demanda que fundamentalmente es nacional, dado las restricciones que están sufriendo en sus países los foráneos que pretenden hacer turismo en España.

No hay personal

Lo que antes de la pandemia eran decenas de currículos que los dueños de los locales hosteleros debían de cribar para seleccionar a solo unos pocos, este año es un erial donde casi no hay candidatos.

Insólitamente, este año muchos locales hosteleros de las zonas turísticas han tenido que recurrir a ofertar empleo en diversos portales de empleo en internet e inclusive insertar anuncios en medios más tradicionales.

Estos problemas se reproducen en las zonas más turísticas de Almería, Murcia, y Castellón, pero también en otras zonas como el interior de Castilla y León, donde los gobiernos regionales han tenido que «ponerse las pilas».

Formar personal

Es a lo que se ha aprestado varias comunidades autónomas, que haciendo proyecciones desde hace meses, han detectado que podría faltar personal para trabajar en locales hosteleros.

En el caso de Castilla y León han formado a 3.500 personas para que puedan realizar funciones de camarero y de personal de sala.

Lo que en un primer momento podría resultar paradójico, como es el caso de que muchos de los trabajadores de ese sector han buscado nuevos horizontes laborales, y que la demanda de empleados de hostelería existe nuevamente este verano.

Y esa carestía es producto de que llevamos más de un año con cierres y aperturas del sector de la hostelería producto de las sucesivas olas del SARS-CoV-2 ha convertido la hostelería en sinónimo de trabajo precario e inseguro.

Huida de trabajadores

Es lo que detecta la patronal de la región de Murcia, donde los trabajadores han acabado hasta el copete de los ERTE sucesivos y el desempleo obligado debido a las sucesivas olas de SARS-CoV-2.

Muchos trabajadores, sobre todo aquellos que tienen cargas familiares, han preferido migrar a otros sectores en los cuales el trabajo no se ha resentido y que trabajan al 100% de su capacidad.

En caso de la región de Murcia, muchos de los expulsados del sector de la hostelería se han reconvertido en el sector del transporte de paquetería o se han empleado en el nuevo centro logístico que ha creado Amazon en la región.

Sin embargo, tampoco se descarta que, en el futuro, cuando el sector de la hostelería murciana se reordene, la mano de obra que se ha ido a otros sectores retorne a sus antiguas ocupaciones.

Faltan profesionales

En muchos portales de empleo, como es el caso de Infojobs, son hasta 11.000 las vacantes que se pueden encontrar bajo el epígrafe de hostelería y turismo, y las empresas se las ven y se las desean para encontrar empleados.

Además, hacen falta profesionales ya que el perfil del estudiante que se enrola el verano para hacer un dinero que le permita cubrir sus gastos el resto del año todavía es abundante.

Lo que ya no lo es tanto es el perfil del profesional de la hostelería y el turismo que lleva lustros en el sector y que huye del mismo no solo por la pandemia de SARS-CoV-2.

El sector de la hostelería tiene fama de ser donde se trabajan muchas horas, muchas más que las que marcan los contratos, y encima que esas horas extras no se pagan ni reconocen con otras compensaciones, como puedan ser días libres.

Sin estudios

Otra de las losas que tiene el sector es que trabajar de camarero es sinónimo de no haber llegado muy alto en el sistema educativo, algo que podía ser cierto hace lustros.

La realidad es que los estudios de hostelería han tenido un inusitado desarrollo en los últimos años, y hay formación en formación profesional, de grado medio y superior, de personal de sala y restauración.

Si ya nos vamos al personal de cocina, allí la formación puede llegar a ser inclusive universitaria, siendo una de las mejores escuelas universitarias de cocina y hostelería el Basque Culinary Center que tiene varios grados universitarios.

También se da el caso de profesionales de la hostelería y de la concina que dada la inestabilidad laboral que existe en estos momentos prefieren seguir en ERTE hasta que la situación se acabe resolviendo.

Aflorar la economía sumergida

La pandemia de SARS-CoV-2 también ha hecho aflorar lo mucho de economía sumergida que hay en sector.

Y el afloramiento ha demostrado que muchos trabajadores laboran sin contrato y que hay una divergencia entre las horas contratadas y las horas que realmente se trabajan.

Y este destape ha sido producto de que muchos trabajadores, al entrar en ERTE, han visto como el estado les compensaba por las horas que realmente tenían estipulado en le contrato, y mejor no hablar de los que trabajaban en «negro».

Desde las centrales sindicales advierten que la crisis económica derivada de la pandemia se ha llevado por delante cerca del 25% de empleo que había en el sector, pero dudan que se haya producido desde la desbandada que se indica desde la patronal.

Abrir el abanico

La reactivación económica que ya se adivina tras este mal sueño que ha sido el SARS-CoV-2, se está creando empleo al nivel de 2019, abre el abanico a emplearse en otros sectores.

Uno de los sectores que no logra encontrar suficientes profesionales que trabajen en él es el de las tecnologías de la información, y eso se nota en los portales de empleo, caso de Infojobs.

En dicho portal de empleo, el pasado mes de julio se quedaron sin cubrir 347 empleos con perfiles TIC. Además, se trata de unos empleos mucho mejor remunerados que los que se pueden encontrar en otros nichos de empleo.

Fuente – EL PAÍS

Imagen – Sarah Stierch / Elliot Brown / Matt Brown / Thomas Bresson / Stephanie Young Merzel / Janice Waltzer / Images Money / Rafa Brancho

Con los brazos abiertos

MásMóvil ha logrado con una OPA que contaban con el asenso de los principales accionistas de Euskaltel, hacerse con el control de la única empresa de telecomunicaciones vasca. Mientras tanto la falta de previsión lastra el desarrollo de la tecnología 5G, también en España

Casi el 100% de los accionistas de Euskaltel han acudido la OPA que le ha lanzado el operador de telecomunicaciones MásMóvil.

Con la operación se fusionan el cuarto y quinto operador de telecomunicaciones que existe en España, por lo que en un mercado más, las «cartas» se reparten entre pocos jugadores.

En manos de la CNMV

La entidad que preside Rodrigo Buenaventura ha informado que la opa que ha realizado Kaixo Telecom, subsidiaria del grupo MásMóvil sobre le 100% de Euskaltel ha sido aceptada por casi el 100% de los accionistas de la empresa vasca.

Se trata de la OPA que ha sido aprobada con el mayor consenso entre los accionistas en tres lustros, ya que habría que remontarse a la OPA sobre EUROPAC para encontrar tanto consenso entre los accionistas.

La OPA está valorada en 2.000 millones de euros, e integra en una misma empresa al cuarto y el quinto grupo de telecomunicaciones en España.

Comunicado de MásMóvil

En el mismo, el servicio de prensa de la empresa cuyo consejero delegado es Meinrad Spenger comunica lo obvio y lo ya sabido.

Esto es que la OPA ha sido un éxito y que ha concitado casi el 100% del apoyo de los accionistas de la que fuera la primera «teleco» vasca.

El consenso va a permitir que en poco tiempo MásMóvil pueda comprar el 100% del capital social de Euskaltel, y realizar una operativa rápida que deje todo en estado de revista para seguir ampliando el mercado.

MásMóvil había valorado cada acción de Euskaltel en 11,17 euros, aunque cuando Euskaltel informó de que iba a repartir un dividendo de 0,17 por acción, hizo que MásMóvil finalmente pagase la acción de vasca con un recorte de 1,52% por título.

Complementarias

Desde el Grupo MásMóvil, controlado por los fondos de inversión Civen, KKR y Providence, la fusión permite unir dos compañías de telecomunicaciones que son complementarias.

Esto bien podrían ser los prolegómenos para convertirse en el primer grupo de telecomunicaciones en España, habida cuenta la implantación que tiene Euskaltel en la periferia.

Eso se complementaría con la expansión que MásMóvil ha realizado, y sigue realizando, por la zona centro de la península, inclusive con planes de extenderse hacia Portugal.

Además, mientras que MásMóvil se ha desplegado comercialmente en el área residencial, Euskaltel siempre ha apostado más pro los clientes empresariales, corporativos y la función pública.

Por tierra, mar y aire

La suma de las dos compañías muestra unas cifras de escándalo, como son 14 millones de contratos entre móviles y banda ancha.

Además, da servicio a 26 millones de hogares con una oferta de fibra óptica de las más rápidas de las que ahora se puede encontrar en el Estado, complementado por servicio 4G en todo el Estado y servicio 5G en 200 municipios españoles.

En un principio esta «teleco» de nuevo cuño ha previsto unos ingresos, en su primer año, de 2.700 millones de euros, y mantener toda la plantilla producto de la fusión, alrededor de 2.000 personas.

Uno de los asuntos que el Grupo MásMóvil todavía tiene pendiente es la refinanciación de la deuda de Euskaltel, que es de 1.516 millones de euros hoy por hoy.

Los principales accionistas «hacen caja»

Entre estos grandes accionistas encontramos a Kutxabank, el fondo de inversión británico Zegona y Alba.

Los tres van a recibir en «cash» 390, 421 y 216 millones de euros respectivamente, y no son los únicos accionistas que van a recibir importantes cantidades de dinero.

En el caso de Abanca cobrará 88 millones de euros, NN Group se llevará 134,7 millones de euros, JP Morgan se embolsará 109 millones de euros y Magnetar 108 millones.

A vueltas con el 5G

Después de una subasta en el espectro radioeléctrico donde va a operar el 5G que no ha colmado ni las expectativas ni las arcas del Estado, ahora es momento de la reordenación de ese espacio radioeléctrico.

Ahora, cansadas de la inacción del Estado, Vodafone y Orange se han puesto de acuerdo para reordenar las frecuencias de los 3,5 GHz, para que todas las operadoras de telefonía móvil puedan operar en la banda de espectro continuo.

La reordenación va a acabar afectando también a MásMóvil, máxime cuando ahora suma sus líneas de telefonía móvil a las de la recién absorbida Euskaltel.

Como la banda de los 3,5 GHz es la que va a soportar, ya lo hace en el resto de Europa, la reordenación de ese espacio radioeléctrico va a permitir que el 5G en España opere a mayor velocidad.

El acuerdo también va a permitir que se pase del 5G actual – 5G SA – al 5G completamente nativo, tecnología que todavía no está completamente desarrollada. 

La reordenación todavía esta a expensas de que la apruebe el gobierno, pero dado que son las «telecos» las que están haciendo el trabajo que debería hacer el gobierno, el ejecutivo de Pedro Sánchez dará ese trabajo por bueno.

La venganza es un plato que se come frío

A nadie se le escapaba que el veto de Estados Unidos y Canadá a que la tecnológica china Huawei instalase infraestructura 5G en esos países no iba a quedar ahí.

Ahora China, con la «sartén por el mango» para decidir quién entra en el negocio de infraestructura de 5G en ese país, acaba de vetar a Ericsson.

La justificación por la cual se vetó que en América del Norte la china Huawei desarrollase infraestructura de 5G era realmente pueril: la administración Trump aducía que los datos de ls norteamericanos podrían ser robados.

Y eso cuando ninguna de las investigaciones del gobierno norteamericano sobre Huawei nunca ha podido demostrar que la empresa que dirige Ren Zhengfei hubiese robado ningún tipo de datos.

Difama, que algo queda, y mientras tanto el desarrollo de una tecnología que está llamada a cambiar radicalmente como nos comunicamos y lo más importante, como se comunican los objetos entre sí, queda varada por estas guerras comerciales.

Fuente – CincoDías / CNMV en Wikipedia / naiz: / xataka móvil / xataka

Imagen – Billie Grace Ward / Zarateman / Javier McAllan / Anthony Cramp / José A. del Moral /Kārlis Dambrāns /