Debate sobre las pensiones

Llega septiembre y con el nuevo «curso» político comienza de nuevo a debatirse la reforma de las pensiones, con posiciones encontradas entre sindicatos, organizaciones empresariales y gobierno, y con Bruselas metiendo prisa para que se tenga un esquema claro de cual va a ser la reforma

Con la llegada del mes de septiembre y como se retoma el curso político y el país vuelve al trabajo, se inicia un interesante debate sobre las pensiones, en el que van a participar, entre otros, los agentes sociales.

En un horizonte que es todo menos lejano, se encuentra la jubilación masiva, a partir del 2030 de la generación del baby boom, un grupo generacional enorme que además de largos historiales de cotización van a tener buenas pensiones.

La primera tarea de la negociación que se abre es dotar al sistema de pensiones de sostenibilidad, para unos años en el que van a disminuir el número de trabajadores que va a financiar la pensión de cada jubilado.

Un paquete de medidas a aprobar

Parte de la reforma de las pensiones ya se encuentran en el Congreso y con la llegada de septiembre se iniciará el debate sobre la misma.

El principal elemento a reformar es el denominado factor de sostenibilidad, que con otro contenido pasará a llamarse mecanismo de equidad intergeneracional, y la negociación se adivina bronca.

Es el elemento de la negociación donde mayor distancia hay entre el titular de la cartera de Seguridad Social, José Luis Escrivá y el resto de los agentes sociales, en unos momentos en los cuales todavía está por definir dicho mecanismo.

En las previsiones del gobierno se encuentra que el mecanismo de equidad intergeneracional esté definido para el 15 de noviembre, e introducirlo en la nueva Ley de Seguridad Social por medio de una enmienda.

Un gobierno con prisa

En esencia proviene del hecho que para satisfacer a los sindicatos el factor de sostenibilidad se derogó con lo cual, y por utilizar un símil náutico, el sistema nacional de pensiones se ha quedado sin timón.

Recordemos que el factor de sostenibilidad era auténticamente lesivo para los pensionistas ya que establecía una revalorización pírrica para las pensiones, cifrada en el 0,25%, sin tener en cuenta el efecto de la inflación en las pensiones.

Además, Bruselas está exigiendo al gobierno de Pedro Sánchez que introduzca lo antes posible el mecanismo de equidad intergeneracional como parte de las medidas para lograr un nuevo tramo del «rescate».

Mediados de septiembre

Es para cuando está previsto que se retome el diálogo social a tres bandas entre organizaciones sindicales, gobierno y patronal.

La parte del León será definir el mecanismo de equidad para que no sean solo los miembros de la Generación Y los que carguen sobre sus hombros las cotizaciones de la generación del baby boom.

Como ya hemos indicado, los nacidos entre 1958 y 1977 van a ser pensionistas con largos historiales de cotización y con una pensión media que será de las más altas de toda la historia de la Seguridad Social en España.

Los planteamientos de un factor de sostenibilidad se remontan al año 2011 en las conversaciones del Pacto de Toledo, aunque el PP salió por la tangente y aplicó unilateralmente el citado factor de sostenibilidad.

Posiciones enfrentadas

El diálogo social sobre pensiones parte de posiciones enfrentadas del gobierno, los sindicatos y las organizaciones empresariales.

Desde el Ministerio de Seguridad se pretende generar un mecanismo que permita la solidaridad intergeneracional y que no sea la Generación Y la que tenga que cargar sobre sus espaldas las cotizaciones.

Lo que trataría el gobierno de Pedro Sánchez, al igual que pretendía el gobierno de Mariano Rajoy, es reducir la factura de las pensiones, pero de otra manera, esto es, repartiendo entre pensionistas y cotizantes el esfuerzo.

Cambios en el sistema de pensiones español

Lo que sí ha querido dejar bien claro el ministro Escrivá es que los cambios que se van a introducir en el sistema de pensiones van a conllevar un retraso en el año de jubilación y una menor pensión.

Sin embargo, el vendaval que provocaron sus palabras hizo que José Luis Escrivá se desdijera de las mismas y las plantease como simplemente reflexiones en voz alta.

De hecho, los sindicatos salieron en tromba ante las palabras del ministro y algo parecido sucedió con las dos principales organizaciones empresariales, CEOE y CEPYME.

La patronal lanzó un duro comunicado en el cual indicaban que el nuevo mecanismo de equidad se debe basar en la solidaridad intergeneracional y en la equidad evitando que sean solo los nuevos cotizantes los que sea vean afectados por la reforma.

Los sindicatos quieren saber en concreto cuál es el citado mecanismo de equidad y cuánto dinero va a suponer en términos de PIB, ya que si se hablan de décimas de ese indicador sería fácilmente lograble.

Sin embargo, si de lo que habla el ministro es de puntos del PIB eso puede suponer mucho dinero, que en parte financiarían los nuevos pensionistas lo que supondría de hecho una merma en la cuantía de sus pensiones.

Que no haya merma en las prestaciones

Es lo que pretenden los sindicatos, ya que para ellos existen soluciones más imaginativas que la típica estrategia de reducir las prestaciones de las pensiones para equilibrar el sistema.

Desde UGT y CC OO existen una buena cantidad de medidas que se pueden utilizar para aumentar la «caja» del sistema de pensiones por ejemplo vía impuestos para que la retribución de los pensionistas no disminuya.

A pesar de todo se prevé un otoño caliente con los pensionistas tomando la calle para defender sus derechos, sobre todo aquel que impida que se reduzca la cuantía de sus pensiones o bien haga aumentar el tiempo de cotización.

La posibilidad de crear impuestos específicos que sufraguen las pensiones ha estado siempre sobre la mesa del Ministerio de Seguridad Social, aunque es una medida que levantaría ronchas ya que serían todos los españoles los que pagarían las pensiones de solo una parte de la sociedad.

Fuente – el diario

Imagen – Curtis Foreman / Roy Luck / La Moncloa – Gobierno de España / Loving Klein Blue / José María Rivas Cuellar / Mike Fleming / Kārlis Dambrāns

La jubilación del Baby Boom

Las jubilaciones, de ahora hasta el 2050, de la generación del Baby Boom, va a suponer un problema para la Seguridad Social ya que son jubilados con historiales de cotización largos y elevados sueldos. El gobierno y los agentes sociales buscan como solucionar el problema, aportando diferentes soluciones

La España nacida desde finales de los años sesenta del pasado siglo y hasta mediada la década de los años setenta del siglo XX, comienza a jubilarse.

Se trata de personas con un largo historial de cotizaciones y con unos sueldos que determinarán altas pensiones cuando comiencen a jubilarse.

Ahora, la polémica ha saltado debido a que el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, ha hecho unas polémicas, casi hasta desafortunadas, declaraciones que a nadie han dejado indiferente.

Trabajar más o menor pensión

En la entrevista concedida a Televisión Española, el que fuera presidente de la AIReF, indicaba que para el ministerio que dirige, las jubilaciones masivas de los hijos del Baby Boom van a suponer una desafió para las arcas de la Seguridad Social.

Las declaraciones, que a casi nadie han dejado indiferentes, coincidieron con el día en que los agentes sociales – la patronal y los sindicatos – firmaban un acuerdo sobre la reforma de las pensiones.

En el acuerdo todos asumen que, en un futuro muy cercano, las pensiones tendrán que buscar nuevas vías de financiación, pero que la solución no pasa por «meter la tijera», buscando fórmulas imaginativas.

Otra de las consecuencias del acuerdo entre gobierno y agentes sociales es que se deroga completamente la reforma que se llevó a cabo en la época de Mariano Rajoy y su tan cacareado «factor de sostenibilidad».

Rectificar es de sabios

Tras las declaraciones, patronal y sindicatos se desvincularon de la ocurrencia el ministro, y en el caso de la CEOE, cargó las tintas indicando que no compartían las opiniones de Escrivá y que no había ningún acuerdo sobre el particular.

Ante la falta de apoyo concitado, el ministro recoció que se trataba de un «globo sonda» y que únicamente eran, tal como las definió, pensamientos en voz alta.

El contingente humano más grande de la historia

El concepto, como otras muchas cosas, lo importamos de Estados Unidos, y en el país que gobierna Joe Biden designó a la cohorte nacida entre los años 1946 y 1964, generación marcada por el final de la II Guerra Mundial y la guerra de Vietnam.

Fue una época de bonanza económica donde muchas parejas veían que tenían la suficiente capacidad económica para procrear y tener hijos.

El término se exportó a otros países, y en España, como ya hemos indicado, designó a la cohorte nacida entre finales de los años sesenta del pasado siglo y hasta, aproximadamente, el año 1976.

Millones de pensionistas más

Las estimaciones informan de que los diez millones de pensionistas que hay en estos momentos en España, pasarán, en el umbral del 2050, a ser 15 millones de personas.

El «pistoletazo de salida» de las jubilaciones comenzará en el 2023, de una generación que tiene más esperanza de vida que todas las precedentes.

Pero el panorama se complica: la generación posterior, que será la que pague con sus cotizaciones las pensiones de la generación de Baby Boom, es una de las de menor natalidad de la historia de España.

Sistema de reparto

Además, la principal característica del sistema de pensiones español no ayuda, ya que se trata de un sistema de reparto, esto es, los que en estos momentos están cotizando a la Seguridad Social, son los que pagan las pensiones de los jubilados.

A una situación – una gran masa de jubilados con cada vez menos cotizantes – que se presume que durará tres décadas, se suma que los hijos del Baby Boom tienen largos historiales de cotización y buenos sueldos, que es lo que finalmente acaba determinando la pensión que se recibirá.

Con un gasto en pensiones que alcanza el 12% del PIB, esta cohorte tiene aseguradas sus jubilaciones, pero nadie «pone la mano en el fuego» por las pensiones de las generaciones futuras.

Proyecciones demográficas para echarse a temblar

Si el sistema sigue sin reformarse, dentro de tres décadas habrá 1,8 cotizantes por cada mayor de 66 años; ahora esa ratio es de 3,4 cotizantes por cada pensionista.

Las proyecciones del Banco de España son todo menos halagüeñas: para mantener el sistema de pensiones como en la actualidad, habría que aumentar un 35% las cotizaciones a la SSGG para que el sistema siga intacto en el 2050.

Además, sería necesario que en España el 80% de las personas en edad de trabajar lo hiciesen, unas cuotas de ocupación que solo se pueden encontrar, en nuestro entorno europeo, en Suiza.

Hoy, en España solo trabaja el 60% de las personas en edad de trabajar, de manera que mucho tendría que mejorar el mercado laboral para lograr que se llegase en el umbral del 2050 al 80%.

Más impuestos

En los planes enviados a la Comisión Europea, el gobierno de Pedro Sánchez indica que debido a la enorme cifra de desempleados no es una solución subir las cotizaciones, algo que solo iba a conseguir tensionar más el sistema.

La solución pasaría por subir los impuestos o utilizar una «batería» de ellos para financiar las pensiones, que es una de las medidas que apoyan las centrales sindicales.

Para UGT y CCOO, la receta pasaría, además de financiar la Seguridad Social con impuestos, sumar una mayor inmigración, un mayor crecimiento económico y una lucha decidida contra el fraude fiscal y financiero.

Poner los puntos sobre las íes

La AIReF, Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, estima que una vez anulada la reforma de las pensiones que llevó a cabo el Partido Popular, que el gasto en pensiones aumentará unos cuatro puntos del PIB.

Para hacer frente a ese aumento, sería necesario aumentar la recaudación de IRPF un 60%, algo que puede ser calificado, al menos en el momento actual, de economía ficción.

El Banco de España, que en estas situaciones suele actuar como un «pepito grillo», ha advertido que una subida de impuesto en semejante magnitud dañaría tanto la economía como subir las cotizaciones.

Una posible solución, por tanto, pasaría por aumentar la productividad, auxiliándose para ello de la revolución tecnológica y la digitalización.

Otra posible solución tendría que ver con aumentar la tasa de ocupación hasta llegar a la que tiene países como Suiza, Holanda o Nueva Zelanda, aunque eso solo solucionaría la mitad del problema.  

Fuente – EL PAÍS / José Luis Escrivá en Wikipedia

Imagen – Beatrice Murch / J. Stimp / La Moncloa – Gobierno de España / Rick / Hsing Wei / Marco Verch / Google Maps / James Morris / Café Credit

Fumata blanca

Todo parece indicar, aunque todavía no hay un texto definitivo, que los agentes sociales han llegado a un acuerdo sobre la reforma del mercado laboral y de las pensiones, incentivando el trabajo más allá de la jubilación y una tributación de autónomos por la cuantía que ingresan mensualmente

Todo parece encarrilado para que los agentes económicos y sociales lleguen a un acuerdo para la reforma de las pensiones.

A pesar de todo la CEOE todavía no ha dado su sí y esperará a ver la redacción final del documento para dar su pláceme.

Mientras tanto los dos sindicatos mayoritarios están contentos con el borrador del acuerdo y coinciden con el hecho de que lo único que falta por arreglar son los últimos flecos.

Acuerdo político

Al menos sobre el camino que debe de llevar a cabo para la reforma de las pensiones, aunque como ya hemos indicado la CEOE esperará al texto final para dar su visto bueno, o no.

Desde el gobierno se indica que en unos pocos días el texto estará listo, y después de comunicárselo a los agentes sociales, se publicará en el Boletín Oficial del Estado para que sea público.

Debemos de recodar que los 140.000 millones de euros que van a llegar desde Bruselas – la mitad en subsidios y la otra mitad en préstamos – están condicionados a un ambicioso paquete de reformas.

El paquete de reformas se centra en una reforma en profundidad de las pensiones y el mercado de trabajo, unos cambios que no son del agrado de los dos sindicatos mayoritarios, CC. OO. y UGT.

Hay que tener en cuenta que la crisis financiera de hace 10 años provocó unos recortes brutales en las pensiones y ahondó la precarización del mercado laboral, con poca calidad en el empleo.

Endurecer la jubilación

En el caso de las pensiones, la nueva reforma va a traer un endurecimiento de las mismas, con un aumento del tiempo de cómputo, que llegará a los 35 años para poder lograr el 100% de la pensión.

A regañadientes los sindicatos han asumido los 35 años como el tiempo que cualquier trabajador tendrá que cotizar para cobrar su pensión íntegra, lo cual supone una gran victoria para el ministro Escrivá.

Además, de esa manera, deja lo más peliagudo de la negociación, la reforma del mercado laboral, para el próximo año, una negociación que será mas llevadera con el SARS-CoV-2 dejado atrás y con un PIB creciendo más del 5%.

Aunque hasta ahora lo que se ha llegado a un acuerdo es a un borrador, fuentes del ministerio indican que en pocos días se podrá publicar la redacción del texto definitivo, donde también se establecen modificaciones con respecto a las pensiones no contributivas.

Problemas en seno de la CEOE

Aunque la Confederación de Organizaciones Empresariales finalmente ha firmado el acuerdo, el mismo es de su entera satisfacción.

Además, cualquier ligero cambio en la redacción del documento puede provocar borrasca en la CEOE, habida cuenta de que la comisión de diálogo social de dicha organización está compuesta por 280 miembros.

Además, la asunción del texto se produjo primeramente en UGT, unos días después en la CC. OO. y los últimos en asumir el acuerdo fueron los empresarios.

Cada vez menos cotizantes

La realidad del mercado laboral español es que cada año que pasa hay menos cotizantes, y en estos momentos hay 3,4 personas trabajando por cada pensionista.

El envejecimiento de la población y la baja natalidad abonan el pesimismo en un escenario en el cual en pocos años no habrá suficientes cotizantes para sostener las pensiones.

En estos momentos se gasta el 11% del PIB en pagar pensiones, y las previsiones para el 2050 es que el gastó será más del 15% en el 2050, según el informe España 2050.

Precisamente es con esa reforma que se va a efectuar en las pensiones lo que pretende lograr es una sostenibilidad del sistema, tanto a corto, como a medio y largo plazo.

Otros temas de índole menor: revalorización de las pensiones

Ha sido uno de los compromisos del gobierno para con los pensionistas, y es que estos no solo no pierdan poder adquisitivo, sino que lo ganen en cada ejercicio fiscal.

En el caso en el cual haya inflación negativa, las pensiones no se revalorizarían ya que es un corrector automático que aumenta la capacidad de compra de los pensionistas.

Con ello se deroga la reforma de las pensiones que realizó el PP, que, en caso de desequilibrio en las cuentas del Estado, la revalorización sería solo del 0,25%.

Jubilarse cuando se debe

Lo que se pretende logar es que la edad efectiva de la jubilación se equipare con la edad legal, y no como ahora en la cual el pensionista tipo se jubila dos años antes de su edad legal de pasar a retiro.

Para ello la Seguridad Social estrena una nueva panoplia de bonificaciones y penalizaciones para aquellas personas que acceden a su jubilación, lo hagan cuando deben.

Por otro lado, desde la Seguridad Social también se pretende incentivar que los mayores alarguen su vida laboral, máxime cuando esta más que demostrado que ello no tampona el acceso de los jóvenes al empleo.

Aquellas personas que decidan seguir trabajando después de su edad de jubilación recibirán, por cada año de más trabajado, 11.000 euros o un 4% más de pensión.

Los autónomos cotizarán en función de su facturación

Con ello se logra una de las reivindicaciones históricas del colectivo de los autónomos, que es tributar por la facturación que tiene, y no como hasta ahora por una cantidad fija.

La cotización sería entre una horquilla entre 90 y 1.220 euros mensuales en dependencia directa de sus ingresos.

El método entraría en vigor en 2023 y existiría un periodo de transición de nueve años hasta la completa implantación del modelo.

Hasta ahora, además de una cantidad fija, los autónomos podían también tributar por módulos, aunque a esa figura se adscribían aquellos trabajadores por cuenta propia que más facturaban.

Fuente – EL PAÍS

Imagen – La Moncloa – Gobierno de España / CEOE / Daniel X O’Neill / Universidad de Deusto / Public Services International / 401 (K) 2012 / Pedro Ribeiro Simões / John Morgan

Los autónomos acarician un viejo sueño

Mientras poco a poco la economía, y en especial la hostelería recuperan empleo y actividad, los autónomos ya casi acarician una histórica reivindicación del colectivo: poder cotizar proporcionalmente a lo que se factura

Un sueño largamente acariciado por los autónomos, cotizar por lo que ingresan en vez de una cuota fija, podría estar más cerca.

En el último borrador presentado por el gobierno a los agentes sociales y que, por primera vez, establece que los pagos se harán por tramos, con unas cuotas que irán desde los 90 euros a los 1.220 euros mensuales.

El gobierno tiene intención de aprobar la norma para el 2022 y que sus efectos económicos comiencen a tener efecto un año después.

Novedades importantes

En caso de ser aprobada la reforma, el despliegue de la misma se hará en nueve años, y cada tres años se evaluará si la medida va por buen camino.

Asimismo, serán los propios autónomos los que decidirán en que base de cotización quieren estar, en previsión de la cantidad de ingresos que van a tener en el año entrante.

En caso de que el autónomo tenga unos ingresos superiores a los previstos, antes de que termine el año fiscal el trabajador podrá modular su cuota para que sus ingresos reales se ajusten a los estimados.

En caso de ingresar más de lo previsto, el autónomo tendría que pagar una cuota añadida, y si el caso es que no ha ingresado tanto como esperaba, la Seguridad Social le devolverá una cantidad proporcional.

Revalorizar las pensiones

Es otro de los grandes proyectos del gobierno socialista y del ministro José Luís Escrivá, que abre nuevamente la puerta a la revalorización de las pensiones.

En el borrador se puede leer que en caso de que los pensionistas pierdan poder adquisitivo en el año en curso, eso se compensará, al año siguiente, con lo que en términos coloquiales se llama «paguilla».

Y los más interesante, en caso de que, por diversos motivos, como puede ser una inflación negativa, los pensionistas ganen poder adquisitivo, no se les detraerá nada de sus pensiones.

A eso se une que cada lustro se hará una evaluación de si las pensiones han logrado aumentar su poder adquisitivo: en caso negativo se establecerían mecanismos para lograr ese efecto.

Aumentan las penalizaciones

Hasta ahora, aquellos cotizantes que se jubilaban antes de la edad legal de jubilación – de media los trabajadores se suelen jubilar dos años antes de llegar a la edad efectiva – tenían una penalización del 4%.

A partir de ahora la penalización se equiparará al del resto de los trabajadores, que va del 13% al 21%, dependiendo de los casos posibles.

Con esta nueva medida lo que se pretende es desincentivar a las jubilaciones anticipadas, aunque le gobierno prevé un periodo transitorio de 12 años, en los cuales se irá progresivamente aplicando la medida.

Trabajar más allá de la jubilación

Es otro de los puntos fuertes del plan del Ministerio de Seguridad Social y Migraciones, y es que, voluntariamente, se siga trabajando más allá de la edad de jubilación.

Son muchos los trabajadores que más allá de su jubilación pueden seguir trabajando, siendo unos años en los cuales se tiene una valía profesional y unos conocimientos, atesorados tras una larga vida de trabajo, que muchas veces se desaprovechan.

Para incentivar que se siga trabajando más allá del retiro, se va a prohibir la jubilación forzosa al llegar a los 68 años y medidas de apoyo a las empresas para que mantengan el empleo de los trabajadores añosos.

España crea empleo a pesar de la pandemia

Con los últimos datos en la mano, los de abril del 2021, en España se han creado 134.000 nuevos empleos, el mejor dato de creación de empleo desde julio del 2020.

Hoy la Seguridad Social ha recuperado a 19 millones de cotizantes, bien es cierto que gracias al efecto el calendario.

En lo que respecta a datos interanuales, en los últimos doce meses se han creado 600.000 puestos de trabajo, aunque también es cierto que en estos momentos hay 200.000 afiliados menos a la Seguridad Social que antes de la pandemia.

Buen dato de paro

Como es lógico y natural, la creación de empleo ha traído con consecuencia una mejora en los datos del desempleo.

En el pasado mes de abril se crearon 39.000 empleos, con lo que en estos momentos hay desempleados 3.910.628 personas, y serían muchas más si el gobierno no se hubiese sacado de la chistera los ERTE.

Al mismo tiempo, buena parte del empleo que se está creando es de calidad: de los contratos firmados en abril, 164.080 fueron indefinidos, lo que supone un 12,01% del total de los contratos establecidos.

En una situación de recesión económica, el dato dice mucho del estado de la economía nacional, ya que en un mes «normal» los contratos indefinidos no pueden superar el 10% de los firmados.

Pero en los meses precedentes, con la economía a medio gas y las olas sucesivas del coronavirus SARS-CoV-2, en marzo la seguridad social perdió 45.000 cotizantes y en febrero las bajas fueron 30.000.

Las empresas se recuperan

Y el mejor índice de eso no es otro que el dato de los trabajadores que salen cada mes de los ERTE, que, en marzo, último mes del que hay datos, han llegado a 36.621 personas.

El número de trabajadores en ERTE actualmente en España es de 638.238 personas, y el 50% de estas proviene del gremio de la hostelería, y 100.000 de ellas específicamente de negocios de hospedaje, principalmente hoteles.

En el último año se ha conseguido que tres millones de trabajadores hayan podido volver a sus puestos de trabajo, mientras todavía 13.500 empresas siguen con expedientes de regulación de empleo temporal.

La hostelería a la cabeza de la recuperación

La hostelería es, con mucho, el sector que más empleo crea, en concreto con 40.000 nuevos afiliados a la Seguridad Social.

Uno de los sectores más pujantes de la economía nacional, como es la hostelería, se va recuperando poco a poco a medida que la caída de las restricciones y del estado de alarma permiten hacer más negocio.

Fuente – EL PAÍS / CincoDías

Imagen – Tom Chapman / Nenad Stojkovic / Carlos Ebert / Coryn Wolk / Bob Dass / DaMongMan / Banalities / Paul Sobczak / Laura LaRose

Pensiones a la baja

La reforma de las pensiones que plantea el gobierno, y exige la Unión Europea, se plantea en términos de aumentar el periodo de cómputo de los 25 años actuales a los 35, lo que supondrá la pérdida de la pensión media de más de un 5%

El futuro de las pensiones en España no parece ser muy halagüeño, aunque los dos grandes partidos han sacado el debate del combate partidista, todo hace pensar que el futuro de las pensiones, y sobre todo su cuantía está en peligro.

El nuevo sistema, que tendría en cuenta todo el periodo de cotización, haría bajar, de media, un 5,5% las pensiones; hay que recordar que, hasta ahora, se computa la cotización de los últimos 25 años trabajados.

Con destino a la Unión Europea

En estos momentos el gobierno de coalición, con claras tiranteces entre Unidas Podemos y el PSOE, está elaborando la propuesta que sobre pensiones quiere hacer a la UE, con una reforma de calado.

La piedra de toque del documento es la modificación de los años de cotización para tener derecho al 100% de la pensión, que pasaría de los 25 actuales a sumar una década más.

Dicho aumento del tiempo de cotización hará que, en el futuro, los pensionistas cobren hasta un 5,5% menos que si dejase el tiempo de cotización en los últimos 25 años.

Déficit crónico

Otro de los problemas que se han hecho endémicos en el Sistema Público de Pensiones es el déficit, que suma cada año 15.000 millones de euros, sobre todo debido a la falta de cotizaciones.

Hay que recordar en este punto que el Sistema Público de Pensiones en nuestro país es de reparto, esto es, aquellas personas que están trabajando pagan las pensiones de los que están jubilados.

Uno de los problemas actuales es que las últimas «hornadas» de pensionistas cobran unas prestaciones más abultadas que la anterior generación de pensionistas, por lo que el problema se agrava.

Es el siguiente problema que acecha a las pensiones españolas, y es que la generación que nació entre 1967 y 1980, cuando España vivió una auténtica revolución demográfica, el baby boom, empezarán a jubilarse en el año 2023.

Aumentar el periodo de cómputo

Es el debate que está convirtiendo en un campo de batalla el Consejo de Ministros de los viernes donde la bancada socialista lucha a brazo partido por aumentar el número de años que tienen que cotizarse para tener acceso al 100% de la pensión.

Por ahora el documento es solo un borrador que circula entre los ministros, pero el tiempo apremia ya que Bruselas ha pedido que el documento llegue en el fondo y la forma adecuados a la UE lo antes posible.

Fue en el año 2011, cuando un ejecutivo socialista presidido por José Luis Rodríguez Zapatero aumentó de 15 a 25 años, el computo de cotización para poder gozar de la pensión completa, aunque con una pequeña salvaguarda.

Dicha «bala de plata» no era otra que los trabajadores podían seleccionar los 15 mejores años de cotización de cara a recibir su pensión.

Otra de las reformas que exige Bruselas tiene que ver con el hecho de que la edad real de jubilación se acerque lo más posible a la teórica, ya que, en esos momentos, y de media, se produce casi tres años antes de la edad teórica.

Indexadas al IPC

Teniendo en cuenta siempre la previsión de inflación, el ejecutivo ha considerado mantener la capacidad adquisitiva de las pensiones, con una revalorización, igual a la inflación y que será del 0,9 %.

En cuanto a incrementar el gasto de la partida de pensiones también hay que tener en cuenta que los nuevos pensionistas, dentro de poco los de la generación del baby boom, tiene unas pensiones más sustanciosas que la generación anterior.

De lo que ya nadie duda es de que Bruselas ha arrancado al gobierno de Pedro Sánchez de que se contendrá el gasto en pensiones, lo cual pasa por aumentar el tiempo de cotización de los 25 años actuales a los 35 futuros.

Automáticamente eso va a producir una reducción abrupta de la cuantía de las pensiones, habida cuenta que la mayor parte de los trabajadores suelen tener los peores datos de cotización los primeros años de su singladura laboral.

Más de 5%

En la extrapolación que ha realizado el gobierno con los 35 años de cómputo, de media de la cuantía de las pensiones van a menguar más de un 5% en los próximos años.

Sin embargo, las previsiones del gobierno se quedan cortas, debido a que hay otros estudios, realizados por entidades independientes, que afirman que en algunos casos la reducción de la pensión podría llegar al 7%.

Sin embargo, también se pueden dar situaciones que harían que la cuantía de las pensiones siguiera creciendo a pesar de aumente el número de años de cómputo: empleos con mejores sueldos dejarían a la Seguridad Social como a hasta ahora.

Otras alternativas

Aunque la presión de Bruselas está siendo constante, desde el gobierno descartan que se tome ninguna decisión sin tener en cuenta a los agentes sociales.

Una alternativa es que los trabajadores puedan obviar los años de cotización que hayan sido especialmente malos, lo que sería una alternativa a que sean los trabajadores los que seleccionen los años que se tomarán en cuenta para el cálculo.

El nuevo cómputo ha hecho sonar las alarmas en Unidas Podemos, que ya ha mostrado su intención de no apoyar con sus diputados esa reforma.

Desde la coalición que gobierna Pablo Iglesias Turrión se plantean otras alternativas para no tener que aumentar el tiempo de cómputo, como podría ser financiar las pensiones con impuestos específicos.

Desde la formación morada también se aporta la posibilidad de eliminar el tope superior de las cotizaciones, de manera que la cotización de cada trabajador se acerque más a la real, borrando el límite de 4.070 euros.

En la misma línea se han manifestado los sindicatos mayoritarios, CC.OO. y UGT, que se muestran contrarios a aprobar lo que de facto supone una disminución de la cuantía de las pensiones.

Fuente – EL PAÍS

Imagen – Pat Wilson / Tea Meister / Nathaniel / Lukas Pohlreich / Michael Ocampo / Selipu / Discasto

Pan para hoy y hambre para mañana

La Fundación de Estudios de Economía Aplicada (FEDEA) se muestran críticos con el acuerdo al que se ha llegado en al Pacto de Toledo, aduciendo que el sistema sin los «gastos impropios» es sostenible, aunque desde el organismo dependiente del Banco de España la sostenibilidad se pone en solfa

Es la principal crítica que realiza FEDEA a lo que ellos denominan «contrarreforma» de las pensiones que está llevando a cabo el gobierno.

Para los investigadores de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada, el no lleva a cabo, por motivos electorales, una profunda reforma del sistema de pensiones aboca a una reforma «abrupta» en un futuro cercano.

Excesivamente optimista

Es como califican desde FEDEA la visión que de las pensiones tienen en el Pacto de Toledo, que recordemos fue un acuerdo de las fuerzas políticas para sacar a las pensiones de la lucha partidista.

Para la comisión parlamentaria, las disfuncionalidades del sistema de pensiones provienen de que la Seguridad Social lleva realizando una serie de gastos impropios lo que ha provocado un déficit.

Eliminando esos gastos impropios, el gobierno está convencido de que el sistema público de pensiones va a poder hacer frente al envejecimiento de la población, por lo que ha decidido eliminar la caución en el gasto que se impuso en el 2013.

La única medida que va a adoptar el gobierno pasa por aumentar la edad de jubilación, algo que desde FEDEA se considera insuficiente, un diagnóstico que comparten Ángel de la Fuente, Miguel Ángel García Díaz y Alfonso R. Sánchez Martín.

Cuentas ilusorias

El gobierno cifra la sostenibilidad del sistema público de pensiones a aumentar la recaudación en medio de una crisis económica que no se conocía desde la Guerra Civil y al aumento de la edad real de jubilación.

Con ello, abunda FEDEA, lo único que se va a lograr es un aumento significativo del gasto sostenido en el tiempo que acabará provocando que llegue un momento, cercano en el tiempo, en que el sistema sea insostenible.

Desde el Ministerio de la Seguridad Social se afirma que con cada año que se logre retrasar la jubilación se ahorrarán 1.2 puntos del PIB.

Además, si se logra cuadrar la edad de jubilación real con la legal se perderían las penalizaciones en las pensiones, que supone un buen dinero para la Seguridad Social todos los años.

Solidaridad intergeneracional

Según FEDEA sería uno de los principales elementos que se vería lastimado, porque dado que el sistema de pensiones público es un sistema de reparto – los que están trabajando pagan las pensiones de los jubilados – la presión sobre los trabajadores aumentaría.

Inclusive con la apreciable participación de los trabajadores extranjeros a la «caja común», el déficit anual de la Seguridad Social, además durante muchos años, sería entorno al 3% del PIB, que supone la mitad de lo que se recauda por IRPF.

Para el ministro Escrivá «el diablo está en los detalles», y todo pasaría por que la Seguridad Social no tuviese que soportar unos gastos impropios que supusieron el año pasado 23.000 millones de euros.

Sin embargo, para FEDEA los gastos impropios solo supusieron, el anterior ejercicio fiscal, alrededor de 4.500 millones de euros.

Bayb boomers que se jubilan

Denominamos el baby boom a la generación nacida en España entre los años 1960 y 1975, estando la primera «hornada» a punto de comenzar a jubilarse masivamente a partir del 2023.

Eso supone que hasta el año 2042, toda es generación va a ir engrosando las filas de los pensionistas, con un panorama económico agravado por el COVID.

Desde FEDEA para evitar una situación económica que podría llevar al Estado a una suspensión de pagos, será necesario una importante inyección de capital al sistema de pensiones, por ejemplo, con impuestos específicos.

Desde FEDEA se piensa que, si no se ensaya que la pensión se calcule teniendo en cuenta toda la vida laboral, sería necesario establecer un factor de sostenibilidad, que aumentaría la edad de jubilación a la esperanza de vida.

En cuanto a la actualización de las pensiones, aunque desde FEDEA se está de acuerdo de que las de menor cuantía se indexen al IPC, se pide que el resto se actualicen teniendo en cuenta la situación financiera del país.

En «román paladino» eso supone que la mayor parte de los pensionistas sean los que sufraguen los ajustes que se tengan que producir, con unas pensiones menores que los salarios.

Unas pensiones muy rentables

FEDEA echa por tierra una de las principales argumentaciones del ministro Escrivá: que España parte de un menor gasto de PIB en pensiones que los países europeos del nuestro entorno.

Pero desde FEDEA se niega la mayor: se trata de una situación temporal porque España es un país más joven que nuestro entorno, un efecto que se diluirá a medida que la población española se vaya haciendo más añosa.

Otro de los «problemas», suponemos que no para los pensionistas, es que, por término medio en la pensión, cada cotizante recibe, de media, un 74% más de lo cotizado.

Otro tema capital es que, en los próximos 30 años, se pasará de 10,5 millones de pensiones a casi 15 millones, cuando en el 2050 la tasa de dependencia pasará al 56%.

La «mochila austriaca»

Se trata de un sistema muy alabado por los economistas, sobre todo aquellos de orientación neoliberal, y consiste, a «grosso modo», de un sistema por el cual la empresa va aportando a su «mochila» una cantidad todos los meses.

Esa «mochila» es accesible al trabajador por múltiples motivos: despido, traslado, formación o llegado el caso en su jubilación.

Se denomina «austriaca» porque fue ese país centroeuropeo el que impuso ese modelo en el año 2003, y todavía lo mantiene vigente, con una aportación mensual del 1,53% del salario del trabajador.

De ese modo el sistema de pensiones austriaco ahorra, ya que al final el dinero que recibe el trabajador es el mismo que ha aportado a lo largo de toda su vida laboral.

Fuente – EL PAÍS / Público

Imagen – Pedro Ribeiro Simões / Eva Swensen / cea + / Michael Dadino / Thomas Kholer / Images Money / Franck Michael

Dinero fresco para los ERTE

Los expedientes de regulación de empleo temporal que han llevado a cabo muchas empresas españolas se financiarán, a partir de ahora, con un fondo, denominado SURE, del que España podrá disponer de 21.300 millones de euros, con 100.000 millones más para subsidios de desempleo

La Comisión Europea acaba de librar un crédito de 21.300 millones de euros para financiar los expedientes de regulación de empleo que se está llevando a cabo en España.

Con esa cantidad es posible que, tal como quieren los agentes sociales, los ERTE se puedan «alargar» hasta octubre, ya que de otra manera miles de trabajadores verían mermados sus ingresos.

España se sitúa de esa manera, junto a Italia, a la cabeza de los países europeos que más dinero reciben de la UE para luchar contra la crisis económica producto de la pandemia del covid-19.

Debacle en el empleo

Hay que tener en cuenta que producto de la crisis sanitaria que ha devenido en económica, en el conjunto de la Unión Europea se han destruido 5,5 millones de empleos, y eso solo en el segundo trimestre del año.

La primera cantidad que recibirá España serán los ya citados 21.300 millones de euros que, aunque es un préstamo, se da en condiciones muy ventajosas, y va en la línea con lo solicitado por el gobierno de Pedro Sánchez.

Los 17 países que han solicitado fondos recibirán 81.400 millones de euros, de un fondo, como el SURE, que está dotado con 100.000 millones de euros y todavía se está a la espera que sustancie cuál será la cantidad que reciban Portugal y Hungría.

Dinero para muchas partidas

Aunque «sobre el papel» las ayudas ya están concedidas, todavía falta que la Comisión Europea las apruebe, y se trata de un ambicioso programa para hacer frente a varios conceptos, que todos ellos tienen que ver con el empleo.

El grueso de la ayuda económica tiene que ver con la financiación de los expedientes de regulación de empleo, un paso intermedio para evitar los ERE, esto es, los despidos.

La cuantía de los ERTE ha ido disminuyendo a medida que los trabajadores volvían al trabajo y se recuperaba la actividad económica en España.

Otro concepto que también se encuentra englobado dentro de las ayudas es financiar el cese de actividad de los autónomos, que solo en el mes de mayo han supuesto un total de 5.000 millones de euros.

España y Grecia, campeones en desempleo y en fondos

Son los dos países de la Unión Europea que más desempleo han generado producto de la crisis económica provocada por la pandemia del virus SARS-CoV-2, lo cual en el caso de España tiene fácil explicación.

Por las características del mercado laboral español, que reside en su mayor parte en sectores como el turismo y la hostelería, que han sido especialmente afectados por la pandemia, el covid-19 está produciendo una auténtica sangría en el empleo.

Ambos países han sido de los primeros de la UE en solicitar adherirse a los fondos del plan SURE, aunque las cantidades solo han sido libradas ahora después de que se ha sabido lo que solicitan el resto de los estados que conforman la UE.

Finalmente, la situación se ha resuelto de una manera amistosa, debido a que Francia ha decidido no acudir a la financiación SURE por lo que el resto de los países van a recibir las cantidades que habían solicitado.

España sale muy beneficiada por la omisión francesa, ya que se hace con el 26% del total de los fondos económicos del SURE.

Financiado con deuda

Como el dinero del SURE son préstamos y se van a lograr apelando a los mercados mediante la «colocación» de bonos, en sentido estricto, el interés de los préstamos dependerá de los inversores.

De cualquiera de las maneras la colocación de los bonos no debiera de ser un problema, dado que, para las principales agencias de calificación crediticia, la deuda emitida por la Unión Europea tiene la calificación de AAA, la más alta de las posibles.

Aunque se está en dependencia de cuando se pueda «colocar» el grueso de la deuda, se supone que el primer pago a España llegará el próximo otoño, y el segundo pago será ya en el 2021.

Fundamentalmente los países del sur de Europa

Con una merecida fama, sobre todo en el norte de Europa, de ser unos manirrotos, los países del sur de Europa son los que van a monopolizar las ayudas de la UE, y en concreto las libradas en el programa SURE.

De los 17 países que van a ser rescatados, el único de los denominados «frugales» que van a participar del SURE es Bélgica, un país que, aunque tiene una economía saneada, tiene una enorme deuda pública.

Con el milmillonario plan de rescate, basado en tres «redes de seguridad», lo que pretende conjugar la UE es los errores cometidos en anteriores crisis, esto es, que la recesión se acentúe por no haber utilizado la suficiente «potencia de fuego».

De esa «red de seguridad» forma parte el fondo de rescate europeo, el MEDE, dotado con 240.000 millones de euros, los fondos, de 200.000 millones de euros, aportados por el Banco Europeo de Inversión (BEI) y los 100.000 millones de euros del citado SURE.

Sobre terreno abonado

Por utilizar un símil, podríamos decir que «llueve sobre terreno abonado», y esto es así, porque los 540.000 millones de la «red de seguridad» hay que sumar las políticas económicas y fiscales que lleva años implementando el BCE.

La crisis económica de la pandemia ha llegado cuando el organismo que preside Christine Lagarde sostiene políticas monetarias expansivas, esto es, «dar a la máquina de los billetes».

Eso ha hecho que la debacle económica no haya sido mayor, aunque entre abril y junio la depresión económica ha sido del 11,7%.

El primo de Zumosol

A todo ello, no nos olvidemos, se suma el Gran Berta de la artillería económica que ha lanzado la Unión Europea que supone un paquete de estímulos de 750.000 millones de euros.

La mitad de esa fabulosa cantidad de dinero son subsidios, esto es, subvenciones a fondo perdido y la otra mitad se entrega en una fórmula de préstamos, condicionados a reformas.

Dichas reformas son de tipo económico y las dos más importantes son aquellas que tienen que ver con la reforma del mercado de trabajo y de los sistemas públicos de pensiones.

Fuente – EL PAÍS

Imagen – Rawpixel Ltd / Anna Shvets / Pictures of Money / Gabriel García Marengo / Pikist / Rob Berthoff / Tom Lane / EU2017EE

Aprobado el ingreso mínimo vital

Un hito histórico largamente acariciado por muchas organizaciones sociales se ha logrado: la aprobación de un ingreso mínimo vital, de ámbito estatal y que llegará a 850.000 hogares y un millón seiscientas mil personas, con el objetivo de paliar la pobreza severa en España

Algo que muchas organizaciones humanitarias llevaban pidiendo más de 20 años en el Estado, un mecanismo de Ingreso Mínimo Vital, algo que ya existe en Euskadi hace 30 años y que se denomina Régimen General de Ingresos (RGI), ha sido aprobado por el Consejo de Ministros.

Su objetivo es, prioritariamente, combatir la pobreza en general, y la pobreza sobrevenida producto del parón de actividad económica en la pandemia, y para el vicepresidente de derechos sociales, Pablo Iglesias, es el mayor paso en derechos sociales desde la aprobación de la Ley de Dependencia.

Una medida largamente anunciada

Con la premura que marca la crisis del coronavirus, el gobierno de Pedro Sánchez ha aprobado el Ingreso Mínimo Vital, con el fin de paliar los estragos que está causando el coronavirus en la economía de empresas y familias.

La idea de un ingreso mínimo vital era largamente acariciada por Unidas Podemos, y estaba planteada mucho antes de que se produjese sorpresivamente esta crisis sanitaria y económica, pero la debacle ha puesto en bandeja al gobierno aprobarla.

Su objetivo no es otro que 850.000 hogares tengan un mínimo ingreso y evitar que 1,6 millones de personas tengan que vivir en situación de pobreza extrema, una de las mayores de toda la Unión Europea.

Mientras que las cifras de pobreza en España sacarían los colores a cualquiera, supone el 12,4% de la población, la media de la Unión Europea es prácticamente la mitad, un 6,9%. El ingreso mínimo vital tendrá un coste de 3.000 millones de euros.

Pablo Iglesias no ha dudado en calificar la medida como la adquisición de un nuevo derecho social, largamente acariciado por las organizaciones no gubernamentales que luchan contra la pobreza en España.

El vicepresidente de Derechos Sociales ha valorado el ingreso mínimo vital como un hito en los derechos sociales en España, solo parangonable a la aprobación de la Ley de Dependencia.

Relación directa con la Gran Recesión

En relación directa con la crisis financiera e inmobiliaria que eclosionó en el 2008, se produjo una situación de crisis económica y pobreza estructural que todavía no se había solucionado cuando estalló la crisis sanitaria y socioeconómica del covid-19.

En la actualidad, y antes de que el coronavirus trastocase la actividad socioeconómica tal como la conocíamos hasta ahora, el 26,1% de la población está en riesgo de pobreza, que engloba al 13% de la masa laboral.

Lo que se denomina pobreza severa engloba al 12,4% de la población española y la pobreza infantil afecta a 120.000 hogares sin ingresos en los que al menos vive un niño que es pasto de la pobreza.

Ineficiente redistribución de la riqueza

Y eso con datos refrendados por organizaciones supranacionales tan prestigiosas como el INE, la OIT y Eurostat, que afirman, con datos en la mano, que las políticas para la distribución de la riqueza yerran.

Tal como aparece publicado en un reciente informe de la Fundación La Caixa, elaborado por los profesores Luis Ayala y Olga Cantó, la principal razón del fracaso de las políticas de redistribución de la riqueza y que no reducen la desigualdad es la menor capacidad del sistema de impuestos y prestaciones para reducir la misma.

Algo más que un complemento

Será el Instituto Nacional de la Seguridad Social el encargado de distribuir el subsidio, y llegará a 850.000 familias, que tienen una renta menor de 310 euros, y tendrá como función complementar los ingresos de los hogares más vulnerables.

El nuevo subsidio irá de los 461,5 euros mensuales para aquellas personas que viven solas hasta las 1015 que cobrará una «unidad de convivencia» tipo formada por dos adultos y tres niños.

Las instancias para solicitar el Ingreso Mínimo Vital se pueden presentar entre el 15 de junio y el 15 de septiembre, y aquellas que sean aprobadas se cobrarán, con carácter retroactivo, desde el 1 de junio.

A la hora de realizar la valoración sobre la pertinencia de recibir la ayuda, se evaluará la renta neta de los hogares, sin entrar en el cómputo ni las becas ni las ayudas al alquiler, siendo compatible el nuevo subsidio con los salarios sociales autonómicos, como la RGI vasca.

Que el nuevo Ingreso Mínimo Vital complemente a los «salarios sociales» es una manera de orillar el espinoso tema de invadir las competencias autonómicas sobre asistencia social, lo que servirá también para que las comunidades autónomas liberen 1.500 millones de euros que podrán destinar a otros menesteres.

Las comunidades autónomas gestionaran el subsidio

Es lo que ha logrado «arrancarle» el Partido Nacionalista Vasco al gobierno en una negociación que ha logrado que las 17 comunidades autónomas puedan gestionar el subsidio, y en el caso de la existencia de subsidios sociales autonómicos, el subsidio estatal lo complemente.

Hasta la aprobación del Ingreso Mínimo Vital, las únicas ayudas sociales de ese tipo eran las autonómicas, lo que ha provocado agravios comparativos entre las diversas autonomías, ya que, por ejemplo, en Euskadi el 71% de las personas en situación de pobreza cobran el subsidio.

Sin embargo, debido a la «jungla burocrática» que supone llegar a cobrar el subsidio, en determinadas comunidades autónomas, caso de Castilla – La Mancha o Andalucía solo el 2% de las personas en situación de pobreza acceden al subsidio.

La dificultad señalada hasta por organismos internacionales

Son muchos los organismos internacionales que han subrayado la dificultad que tienen en España muchas de las personas en situación de pobreza para poder llegar a cobrar los subsidios.

La gestación del texto legal que da lugar al ingreso mínimo vital no ha sido fácil, pero finalmente ha cristalizado sobre todo por el impulso de los agentes sociales, en especial de los dos sindicatos mayoritarios, como son CCOO y UGT.

Las organizaciones sindicales de la cuales son secretarios generales Unai Sordo y Pepe Álvarez, respectivamente, iniciaron en el año 2015 una recogida de firmas para una Iniciativa Legislativa Popular, presentada al Congreso en al año siguiente.

Ante la iniciativa de lo que ha cristalizado finalmente como el Ingreso Mínimo Vital hubo altos funcionarios del estado muy críticos, como el actual ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, que dudaba que pudiese servir para luchar contra la pobreza severa, y sí para incrementar el gasto.

Fuente – EL PAÍS

Imagen – La Mocloa – Gobierno de España / TCU Alumni Association / Francoise Gajour / matthieu chollet / Craneys / EAJ – PNV / World Trade Organization