A pesar de todo hay dividendos

Con una crisis económica que no se conocía desde hace un siglo, y con varias empresas del IBEX que han perdido la mitad de su valor en Bolsa, las cotizadas, un año más, han vuelto a repartir beneficios

Y no en un número menor, ya que los dividendos que van a repartir las cotizadas ascienden casi a 10.000 millones de euros.

Y eso a pesar de una crisis económica, producto de la pandemia de SARS-CoV-2 que ha provocado un hundimiento de PIB que no se recordaba desde hacía 100 años, cuando se perdieron las colonias de Cuba y Filipinas.

El 60% de las cotizadas del IBEX 35 han repartido, en dividendo, 9.558 millones de euros, en pleno periodo bajista.

Menor que en el 2019

La crisis, que ha supuesto un desbarajuste económico en unos momentos, comienzos del 2020 donde las empresas comenzaban a «hacer negocio», evidentemente ha hecho reducir el dividendo.

Como no podía ser de otra manera, han sido las blue chips las que más dividendos han repartido, caso de BBVA, Santander, Iberdrola.

Sin embargo, también ha habido otras compañías, caso de MásMóvil o ACERINOX que han dejado el reparto del dividendo para, al menos, el año que viene.

Bien es cierto que el dividendo que se ha repartido ha sido un 30% menor que el que los bonistas recibieron en 2018, algo en lo que también ha tenido mucho que ver el BREXIT y otro tipo de turbulencias financieras.

Inclusive compañías cotizadas que han entrado en pérdidas se han atrevido a repartir dividendo, caso de Endesa, Ferrovial, Telefónica y Repsol.

Tributar lo menos posible

Del informe La hora del compromiso. Las empresas del Ibex 35 ante el reto de la pandemia, de Intermón Oxfam, se desprende que las empresas del IBEX tenían 740 filiales en paraísos fiscales.

Aunque eso supone un 8% menos que en el ejercicio fiscal precedente, también supone multiplicar por treinta las filiales que tenían hace diez años.

Las cotizadas que más usa los paraísos fiscales son el Santander, Repsol y ACS, con, respectivamente 176, 62 y 98 filiales.

Sin embargo, otras cotizadas, caso de AENA, Bankia, Mediaset, o Indra no tenían, a tenor de los datos que obran en poder de Intermón Oxfam, filiales para eludir impuestos en paraísos fiscales.

Falta de equidad salarial

Es otra de las constantes de las cotizadas en el IBEX 35, algo que con el tiempo parece que no se ha solucionado.

A pesar de que la «brecha» salarial se redujo en el 2019, la diferencia salarial de las cúpulas de las cotizadas y sus «soldados rasos» son enormes.

Un consejero delegado de algunas de las empresas del IBEX recibe en solo 3 días lo que la mayoría de los trabajadores de dicha compañía les cuesta ganar todo un año.

Esto es, un CEO de alguna de esas compañías gana 123 veces más que lo que ingresa anualmente un trabajador con ingresos medios de esas empresas.

El ejemplo más destacado es ACS, donde su primer ejecutivo gana 531 veces más que lo que supone el sueldo medio de la empresa.

Sigue la brecha de género a efectos retributivos

Las mujeres, en los «buques insignia» de la empresa española, ganan, de media, un 15% menos que sus pares varones, realizando el mismo trabajo.

Las empresas donde más se produce la «brecha salarial» son, con diferencia, Santander, ENDESA y ACS.

También encontramos empresas, pocas, donde de media las mujeres ganan más que los hombres, como son Meliá Hotels, Arcelor Mittal, Siemens Gamesa, Iberdrola y Acerinox.

Pocos ejecutivos

Es otra de las realidades del IBEX 35, en donde, aunque el 46% de la masa laboral son mujeres, solo están representadas con el 25,9% de los puestos ejecutivos, aunque con los años se ha producido una mejora.

Con esos datos, se tardarán 58 años en lograr la equidad en cuanto a la representación de las mujeres en los puestos de alta dirección.

Una excepción en unos puestos directivos mayoritariamente masculinizados es INDITEX, donde el 79% de los puestos ejecutivos están cubiertos por mujeres.

Un IBEX solidario

Como lo cortés no quita la valiente, la mayoría de las empresas del IBEX 35 han sido profundamente solidarias en esta crisis de SARS-CoV-2 que todavía nos afecta.

Las iniciativas han sido de todo tipo: reparto de material sanitario, manteniendo el sueldo íntegro de sus empleados y más.

Desde Intermón Oxfam se aplaude que la gran empresa española comience a tener responsabilidad social corporativa, y se dé cuenta de que vive inserta en un entorno social asolado por una pandemia.

Empresas españolas en el punto de mira

Es otra de las derivadas de la pandemia de SARS-CoV-2, y es que grandes inversores internacionales andan al acecho de grades empresas españolas que estén «de capa caída».

Son muchas las cotizadas que están en tal situación de fragilidad, que muy bien grandes inversores y fondos de inversión extranjeros podrían optar por efectuar una OPA.

Las «piezas» más cotizadas son las grandes infraestructuras y las grandes empresas hoteleras, ahora que estás últimas están en números rojos por haber perdido las temporadas de verano y Semana Santa.

Hasta septiembre de 2020, la inversión en España ascendía 3.712 millones de euros, y de ese volumen inversor el 80% procedía de fondos internacionales de inversión y solo un 18% respondía a inversores nacionales.

Y todo parece indicar que ese «apetito» inversor podría aumentar en los próximos meses, máxime cuando en la Bolsa española se están ejecutando más órdenes de venta que de compra.

Hasta en el IBEX

Y el panorama es desolador, con 28 de las 35 compañías que conforman el IBEX con su balance en números rojos.

De esas, siete – IAG, Banco Sabadell, Meliá Hotels, Repsol, Merlin Properties, Telefónica y Santander – han perdido un 30% de su valor bursátil.

Repsol y Telefónica están en el punto de mira de los grandes inversores internacionales, siendo Deutsche Telekom el principal candidato para hacerse con la compañía que dirige Álvarez – Pallete.

Otra de las cotizadas, Merlín Properties, está siendo observada con detenimiento por el grupo canadiense Brookfield, a pesar de que todavía no ha hecho ninguna oferta de compra.

Fuente – EL PAÍS / EL MUNDO

Imagen – Iberia Airlines / World Travel & Tourism Council / Anonymous Account / Senado Federal / gauge opinion / Eric Chan / Anthony Easton / Rob Dammers / Nick Fewings

El programa económico de Joe Biden

A lo largo de la campaña electoral Joe Biden y Kamala Harris han ido desgranando lo que será el plan económico de su administración: más impuestos para la gran empresa y para los que más ganan, subida del salario mínimo e impulsar las fuentes de energías renovables

Sí de algo estamos seguros es que la nueva administración norteamericana, comandada por el ticket Biden – Harris, va a suponer una ruptura con todo lo anterior, también en materia económica.

A la espera que se produzca el traspaso de poder – nadie garantiza que el mismo sea civilizado y exento de problemas – a lo largo de la campaña electoral, Joe Biden y Kamala Harris han ido desgranando lo que será su programa económico.

Con medidas que favorecen a las bases del Partido Demócrata, quizás las «medidas estrella» sean la subida del impuesto de sociedades a las grandes corporaciones y la subida del salario mínimo.

Estímulos financieros

Quizás sea la medida más urgente, en forma de un amplio y bien dotado plan de estímulos económicos para sacar a la primera economía del mundo del marasmo que ha provocado la crisis económica provocada por la pandemia de SARS-CoV-2.

Se trataría de continuar el plan de estímulos que «armó» la administración de Donald Trump, que estuvo dotado con 3,4 billones de dólares, un dinero que se ha repartido entre empresas, ciudadanos y gobiernos estatales.

Paradójicamente se trata de un tema – estimular la economía – en el que ambos partidos, Demócrata y Republicano, se encuentran en perfecta sintonía casi desde que Estados Unidos fue asolado por la pandemia.

Las negociaciones entre ambas formaciones políticas se han centrado en el volumen de nuevo plan de estímulos, que el partido de Joe Biden quiere que sea de 2,2 billones de dólares.

Debido a que seguramente el Partido Republicano tenga la mayoría en el Senado, es posible que dicho «paquete» se quede solo en 1,8 billones de dólares.

Que paguen más los que más tienen

Joe Biden llega al 1600 de la Avenida Pensilvania con un ambicioso plan fiscal que revertirá los estragos tributarios que ha cometido Donald Trump que ha rebajado los impuestos a las grandes empresas y a los más ricos.

Todo parece indicar que el impuesto de sociedades subirá del 21% al 28% con un tipo efectivo que se situará en el 15%, muy lejos del 35% que impuso la administración Obama, donde Biden fue vicepresidente.

Otra de las medidas va a ser subir el IRPF a las rentas del trabajo más altas, y gravar más el impuesto de sucesiones.

Con estas medidas, si se pueden mantener durante una década, es posible que el gobierno norteamericano pueda recaudar, en una década, el equivalente a 3,2 billones de dólares.

Made in America

En este sentido, la administración Biden, bien es cierto que, con unos métodos menos groseros de Donald Trump, pretende poner en el frontispicio de la Casa Blanca el consume americano.

Los economistas de la administración entrante han diseñado un plan de 700.000 millones de dólares que impulse la manufactura norteamericana, que podría generar cinco millones de empleos en el territorio de la Unión.

El plan llevará el nombre de Build Back Better, y pretende, también, reconstruir la clase media norteamericana, que durante los años de administraciones republicanas ha sido desarbolada con una carga impositiva desmedida a las PYMES y pequeños negocios.

Al mismo tiempo, de lo que se trata es de crear empresas y negocios que desarrollen alta tecnología, como una manera de dotar de más valor añadido ha tejido productivo norteamericano y hacer frente a la revolución tecnológica china.

Sostenibilidad

Es otro de los principios rectores de la reforma económica que pretende imprimir la administración Biden.

Como primera medida la energía «verde» va a ser impulsada y estimulada, evolucionando hacia una economía que disminuya progresivamente el uso de combustibles fósiles, bonificando el uso de energías renovables.

Para el sector inmobiliario, una de las «patas» de la economía de EE. UU., propone incentivar la construcción de vivienda sostenible, a ser posible que se autoabastezcan de energía con la instalación de paneles solares.

Reducir la tensión comercial

Principalmente con China, pero también en menor medida con la Unión Europea, aunque reducción no es sinónimo de desaparición, siendo posible que la conflictividad continúe.

Visto que la política de aranceles a los productos chinos, impuesta por la administración Trump, no ha impedido que la balanza comercial siga siendo favorable al país que gobierna con «mano de hierro» por Xi Jinping.

Son tres, a decir de las autoridades chinas, los productos que desequilibran esa balanza: maquinaria, productos electrónicos y medicamentos.

15 dólares la hora, por lo menos

Uno de los grandes logros de la administración Obama, imponer un salario mínimo, va a ser retomada por los Demócratas, que pretenden que el «suelo» de ese salario mínimo sean los 15 USD.

En estos momentos el salario mínimo está fijado en 7,25 dólares norteamericanos la hora, lo que supone, si las intenciones se transforman en realidades, duplicarlo.

Otras medidas serán mejorar la prestación por desempleo y mejorar las condiciones financieras de los estudiantes universitarios que piden un crédito para sufragarse la «carrera».

Volver al Acuerdo de París

Hace pocas semanas, Donald Trump, mediante una orden ejecutiva, abandonó el Acuerdo de Paris, lo cual resulta preocupante ya que Estados Unidos es el mayor emisor de gases de efecto invernadero a la atmósfera.

Todo parece indicar que Joe Biden va a hacer retornar a Estados Unidos al acuerdo, y hará efectivo la intención de crear un plan contra el cambio climático dotado con 1,7 billones de dólares en una década.

Además, Joe Biden es un convencido de la necesidad de revertir el cambio climático, por lo que cree que habría que abandonar los combustibles fósiles, sobre todo el petróleo, para utilizar energías limpias.

Biden ha tenido que matizar sus palabras para no verse enfrentado a la poderosa industria de extracción de petróleo, diciendo que lo que su administración va a dejar es de subsidiar los combustibles fósiles.

Además de tranquilizar al sector diciendo que en el mismo no se va a acabar el empleo, también ha magnificado que el sector de las energías limpias va a crear miles de trabajos.

Fuente – CincoDías

Imagen – Joe Biden / Nan Palmero / Foto Sleuth / Tom Shockey / CDC Global / Images Money / CGP Grey

Buen dato en el empleo, a pesar de todo

Los datos de empleo de este mes de septiembre, a pesar de la sangría de destrucción de empleo que ha supuesto la pandemia, muestra un saldo muy positivo, ya que se han creado 84.000 empleos en solo un mes

Inclusive con la pandemia de covid-19 de nuevo desencadenada, el dato del empleo llama a la esperanza de que todavía estemos a tiempo de domeñar la debacle económica que se anuncia al menos para este año y el próximo.

El dato de la creación de empleo es el mejor de la historia desde que se tiene registros, y en el pasado mes se han sumado 84.000 personas a las cotizaciones de la Seguridad Social.

Esos datos suponen recuperar la mitad de empleo que resultó destruido durante el periodo en el que España estuvo en estado de alarma.

Un septiembre decisivo

Ha sido una recuperación fulgurante, con un espejismo estadístico provocado por la vuelta al trabajo de muchas personas que se encontraban en ERTE, por lo que el empleo creado no es tanto como parece.

Para encontrar semejante creación de empleo es necesario «viajar en el tiempo» hasta el año 2005, cuando nos encontrábamos en pleno estallido de la «burbuja inmobiliaria», y en un momento en el cual se produjo una regularización masiva de inmigrantes.

Y esto se produce en un momento, finalizados los contratos de verano, cuando el dato habitualmente suele ser malo, la afiliación a la Seguridad Social ha subido hasta los 109.271 trabajadores.

Al mismo tiempo, el desempleo ha caído en 66.000 personas, datos que provienen del ministerio de Seguridad Social y del ministerio de Trabajo, donde son titulares José Luis Escrivá y Yolanda Díaz respectivamente.

Recuperar lo perdido

Los datos informan que se recupera casi la mitad, en concreto el 46%, de lo perdido durante la fase más aguda de la pandemia.

Entre el 12 de marzo y el 31 de abril la Seguridad Social perdió 947.000 afiliados, en una de las mayores debacles en el empleo que se habían conocido desde que se tienen series históricas.

Entre los meses de mayo y septiembre se han logrado 447.000 nuevos afiliados a la Seguridad Social, por lo que en estos momentos están cotizando 18,84 millones de personas.

Bien es cierto que a 12 de marzo el número de cotizantes era de 19,33 millones de personas, por lo que todavía falta de recuperar casi un millón de cotizantes.

Fundamentalmente educación y tareas administrativas

Son los dos sectores donde repunta con fuera el empleo; en le caso del sector educativo es producto de la vuelta a las aulas, con lo que, en ese nicho, se crean 55.428 empleos, 10.000 más de los que destruyó la pandemia.

Otro de los sectores que crean empleo con fuerza es el de las tareas administrativas, que suman 40.000 empleos, el doble de los que se crearon en el ejercicio 2018 – 2019.

Dos de los sectores que tradicionalmente pierden empleo en septiembre, como son el comercio y las actividades agrícolas, moderan la destrucción de empleo.

En el caso del empleo agrario, se agradece que no se haya destruido tanto empleo, teniendo en cuenta que es un trabajo estacional y que depende de las cosechas que se recogen en cada fase del año.

Si el año anterior en el mes de septiembre, y en actividades relacionadas con el comercio, se perdieron 34.000 cotizantes, este 2020 «solo» se han perdido 20.000 y algo parecido ha sucedido en el campo.

En actividades agrarias la buena temporada ha hecho no solo que no se pierda empleo, sino que se gane, en concreto 11.000 cotizantes más, de un total de 35.000 mientras que los contratos en 2019 fueron 24.000.

Las mujeres, las principales beneficiadas

Son el colectivo más beneficiado con la creación masiva de empleo de este mes de septiembre, muy por delante de otros colectivos.

En términos de empleo neto, la mayoría de los nuevos cotizantes – 82.528 afiliados – son féminas, y solo 1.485 son cotizantes varones.

Ello se explica porque los sectores más beneficiados por la creación de empleo son sectores tradicionalmente feminizados, como puedan ser la educación y en parte las tareas agrícolas, done tradicionalmente la mano de obra es femenina.

El patito feo

Sin embargo, existen otros sectores donde la pérdida de cotizantes se cuenta por miles, como es el sector de los servicios.

Con un anno horribilis producto de una pandemia que ha herido de muerte la campaña de verano, tradicional fuente de miles de contratos en hostelería, las restricciones establecidas en buena parte del territorio nacional, ha provocado una profunda destrucción de empleo.

De hecho, a pesar de que hasta cierto punto se ha recuperado el empleo, la pandemia ha destruido 420.000 empleos en ese sector, uno de los que más trabajo crea en nuestro país.

Otros sectores, habituales «graneros» de empleo, como son la construcción y la industria han tenido una caída mucho más suave, que ha hecho que la recuperación de empleo haya compensado las pérdidas.

Sobre todo, los temporales

Los trabajadores sujetos a contrato temporales han sido los que más empleo han perdido, ya que el embate sobre la población ocupada con contrato fijo ha sido mucho menor.

En parte se puede entender que echar a la calle a alguien con contrato fijo supone unos costes laborales que muchas empresas no pueden asumir, por lo que lo más socorrido es despedir a aquellas personas con contrato temporal.

La pandemia ha llevado a que se extingan 310.000 empleos de tipo temporal, lo que supone un 7,31% de la masa laboral, por solo un 1,06% de los empleos fijos, que ha supuesto en términos absolutos el despido de 100.162 indefinidos.

Empleo público: sobre todo en los ayuntamientos

En términos absolutos, la pandemia no ha supuesto un despido masivo de personal laboral que trabaje para la administración pública, con la excepción de los ayuntamientos.

Los consistorios españoles han sido, de las Administraciones públicas, los que más han despedido durante la pandemia, habiendo prescindido de 14.044 empleados, lo que supone un 2% de sus plantillas.

Si embargo, si se toma como unidad de medida la administración pública en su conjunto, esta ha ganado un 1% de efectivos con respecto al año anterior, con un saldo positivo de 3.785 trabajadores.

Fuente – CincoDías

Imagen – Needpix / Allagash Brewing / Travis Wise / fivehanks / Official GDC / Evgeniy Isaev / FaceMePLS / gdsteam

Primera regulación de teletrabajo en España

Finalmente, se ha llegado a un acuerdo entre el gobierno, sindicatos y empresarios para la regulación del teletrabajo, bajo la fórmula legal del Decreto – Ley que posteriormente tendrá que ser convalidada por el Congreso. Queda excluido del teletrabajo el que se desarrolla por causa de fuerza mayor durante la pandemia

Lo que hasta hace poco tiempo estaba en mantillas, hablamos del teletrabajo y la inevitable digitalización, con la irrupción de la pandemia se ha convertido, sobre todo entre la clase profesional, en casi una obligación.

El principal problema del teletrabajo, por lo menos en España, es que está escasamente regulado, aunque mejor sería decir que se encuentra absolutamente desregulado.

Debido a ello el ministerio de Trabajo ha querido dotarlo de unas normas básicas de uso, aunque sería aventurado decir que ya tiene una regulación, ya que eso se deja para más adelante.

Como primera medida no entran en esta suerte de regulación aquellos que se hayan visto obligados a irse a trabajar a casa producto de la pandemia, aunque de cualquiera de las maneras la empresa se tendrá que hacer responsable del gasto que el teletrabajo ocasione.

Acuerdo con los agentes sociales

El pacto se logró el pasado lunes, en una mesa de diálogo en la cual estaban presentes, además el gobierno, los principales sindicatos y las organizaciones empresariales.

Una vez muñida la regulación, el espaldarazo oficial llegó con la promulgación por parte del gobierno, el pasado martes, de un Decreto – Ley donde se articula en acuerdo y las condiciones del teletrabajo.

Como ya hemos indicado en el preámbulo, el porcentaje del teletrabajo en comparación con otras modalidades de desempeño laboral era residual hasta antes de la pandemia, pero el covid-19 ha hecho que se cuenten por miles las horas teletrabajadas.

La efectividad de la norma llegará a los 20 días de que el Decreto – Ley sea publicado en el Boletín Oficial del Estado, para posteriormente pasar a ser tramitado por el Congreso y después por la Cámara Alta.

El teletrabajo provocado por el covid-19

Es una categoría que no es contemplada en el Decreto – Ley, por lo que todos aquellos trabajadores que se hayan visto obligados al teletrabajo por fuerza mayor, esto es, producto de la crisis sanitaria del SARS-CoV-2, no se encuentran incluidos.

Pero, aunque en esas condiciones las empresas no tengan que cumplir lo promulgado por el gobierno, en cualquier caso, sí están obligadas a sufragar los gastos en que incurra el trabajador por el teletrabajo.

Otro punto importante de la norma legal que será que también queda regulado el tiempo de trabajo, para evitar peligros como – los que llevamos teletrabajando más de una década lo sabemos – es que finalmente se encadenen maratonianas jornadas laborales.

Regular el teletrabajo

Es lo primero a lo que se dedica el Decreto – Ley que considera que teletrabajo es cuando, durante al menos un periodo de tres meses, el 30% de la jornada laboral se ha realizado fuera del centro de trabajo.

Por lo tanto, no se considera como teletrabajo si el profesional trabaja algunos días desde su casa, ya que eso tiene la calificación de flexibilidad laboral, pero no de teletrabajo.

La definición de teletrabajo fue un de los elementos de controversia en la mesa de diálogo, provocando las tiranteces entre los sindicatos mayoritarios – UGT y CC. OO. – y las organizaciones empresariales más relevantes, COE y CEPYME.

Las intenciones de los sindicatos son que el computo de horas fuese del 20% de la jornada laboral durante 3 meses, pero posteriormente los empresarios consiguieron que esa consideración subiese un 10%.

¿Quién se hace cargo de los gastos?

Fue otro de los «tira y afloja» entre sindicatos y organizaciones empresariales, aunque finalmente UGT y CC. OO. Lograron que fuese la empresa la que se haga cargo de la compra o alquiler de los equipos informáticos.

Además, tendrá que ser el empresario el que dé mantenimiento a los equipos, haciéndose cargo también de las facturas de las posibles reparaciones a las que hubiese lugar.

Será en posterior desarrollo legislativo cuando los gastos en los que incurra la empresa y el trabajador sean regulados en los convenios colectivos y en los convenios privativos de la empresa, si los hubiere.

Acuerdo por escrito

Para que un trabajador trabaje telemáticamente desde su casa o espacio de coworking, esa relación laboral tiene que estar explicitada en un contrato entre él y la empresa donde rinde sus servicios.

Los representantes de los trabajadores tienen que estar informados de la relación laboral y el contrato firmado entre las dos partes – trabajador y empresa – tiene que ser remitido en un plazo de 10 días a la oficina de empleo.

Por regla general, las condiciones de contrato tienen que estar amparadas por el convenio del sector por el que se encuentre regulada la actividad laboral, y en caso de no existir, el contrato tiene que cumplir unas condiciones mínimas.

Esos doce puntos, que son un mínimo, recogen un inventario del material que es necesario para la modalidad del teletrabajo, y en la misma estará incluido tanto el mobiliario como el material informático.

Otros puntos tratados en el acuerdo serán el horario de trabajo, tiempo en el que el empleado tendrá que estar disponible, dónde se producirá el trabajo en remoto.

Otros elementos que se tendrán en cuenta son los métodos de control del trabajo por parte de la empresa y la duración de contrato, así como la compensación económica que recibirá el trabajador por los gastos en los que incurra.

Exenciones al teletrabajo

La exención nodular es que no se considerará teletrabajo la actividad laboral en remoto que se está desarrollando producto de la pandemia de covid-19.

En ese caso se consideran que los empleados teletrabajan debido a una causa de fuerza mayor y que los trabajadores no acuden a la oficina debido a la crisis sanitaria producto del covid-19, ya que todos los expertos advierten que nos encontramos en una segunda ola.

Ese aspecto, no considerar el teletrabajo cuando es producto de la fuerza mayor, ha sido uno de los principales escollos que se ha encontrado la negociación entre los sindicatos y las organizaciones empresariales.

En cuanto a la legislación laboral que se aplicará al teletrabajo, será la ordinaria, pero es obligado que la empresa provea al empleado de todos los recursos para que pueda desempeñar su actividad laboral.

Fuente – EL PAÍS

Imagen – Rawpixel Ltd / La Moncloa – Gobierno de España / University of the Fraser Valley / Woody Hibbard / Images Money / NobMouse / Kai Hendry

Hasta octubre, por lo menos

Todos los agentes sociales y el gobierno están convencidos que la extensión de los ERTE debería llegar por lo menos a octubre, y también se ensayan otras medidas para que empresas subsidiarias también puedan optar a efectuar ERTE

A pesar de que, a pesar de la pandemia, la mayoría de la actividad laboral se está recuperando, hoy todavía existen muchos trabajadores que se encuentran en situación de expediente de regulación temporal de empleo.

Y estar en esa situación, es lo que permite que todos ellos estén cobrando un sueldo, que, aunque no es el 100%, se le acerca mucho, por lo que la caída de los ERTE supondría un trauma para miles de personas.

Más allá de septiembre

Ahora, la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha anunciado que en pocos días es posible que se llegue a un acuerdo con los agentes sociales para extender los ERTE para prolongarlos más allá de septiembre.

Esas declaraciones las ha realizado Díaz en rueda de prensa después de la última reunión con los secretarios generales, de la rama catalana, de los sindicatos UGT y CC. OO, Camil Ros y Javier Pacheco.

También para cuidado de hijos

Es otra de las medidas que ha prometido la ministra, y que es en caso de que los progenitores se tengan que quedar en casa para cuidar con un hijo infectado por covid-19, caerán bajo el «paraguas» de la Seguridad Social.

La figura que se utilizará para dar cobertura a los padres será la de la incapacidad temporal, y también se aplicará a los progenitores que tengan que cuidar a los hijos que, aunque no estén infectados, deban de guardar cuarentena.

Tal como ha citado la ministra, la aplicación de la medida será casi automática ya que se trata de uno de los supuestos, la incapacidad temporal, que se encuentran recogidos en la Ley de la Seguridad Social.

Nuevas situaciones

El ministerio de Trabajo ya reconoce la incapacidad temporal debido a cuarentena para trabajadores o que bien han dado positivo o bien tienen que confinarse en caso para ver si han contraído la enfermedad.

De hecho, la incapacidad laboral indirecta no deja de ser una situación especial, ya reconocida por el ministerio, de la incapacidad temporal que lleva reconocida desde hace décadas en el ordenamiento laboral español.

Complementando a esas dos figuras de incapacidad laboral se encuentra el programa Me Cuida, que permite que aquellos padres que tienen que cuidar a sus hijos por motivos relacionados con el covid-19, puedan tener reconocida la ausencia laboral.

De lo que se trata a toda costa es hacer compatible de que la pandemia de covid-19, en la cual estamos ya en la segunda oleada, pueda ser compatible con la actividad económica y laboral.

Los agentes sociales deben de estar implicados

Es a la conclusión a la que han llegado los participantes en la reunión, en la que tomo parte la ministra, del Consell de Treball Econòmic i Social de Catalunya, en la cual han estado representados los agentes sociales.

La ministra aprovechó la visita a la Ciudad Condal para mantener una reunión con los trabajadores de la empresa Nobel Plastiques Ibérica, en la que también participó Joaquín Pérez Reyes, Secretario de Estado de Trabajo.

La idea – fuerza que ha querido resaltar la ministra tiene que ver con el hecho de que esta situación de crisis económica solo se va a poder salir airoso si todos – gobierno y agentes sociales – reman en la misma dirección.

Aliados en el Consejo de Ministros

La ministra de Trabajo no está sola en la intención de alargar la extensión de los ERTE más allá de septiembre, y son muchos los que piden que lleguen hasta diciembre.

En el Consejo de Ministros también son favorables a ampliar el plazo temporal de los ERTE ministros como José Luis Escrivá, Nadia Calviño y Reyes Maroto.

Pero, según determinados cálculos, la extensión de los ERTE solo se adjudicaría a los sectores más dañados en esta crisis económica covid-19, como es el sector del turismo y la hostelería, que suponen 190.000 empleos.

De no mediar ninguna otra solución, 500.000 millón de trabajadores se quedarían sin ningún tipo de prestación económica, en unos momentos en los cuales todavía no pueden volver a ocupar sus puestos de trabajo.

Puerta abierta a los despidos

El problema fundamental de que 500.000 de personas se queden fuera del mecanismo de los ERTE, es que muchos de ellos podrían ser despedidos.

Esto es así porque son legión las empresas que habiendo transcurrido ya seis meses desde la contratación del último trabajador, podrán optar por plasmar ERE, donde parte de la plantilla se «iría a la calle».

Para evitar eso, lo cual además de un problema laboral adquiría los tintes de problema social, el ministerio de Trabajo, prepara una atractiva batería de medidas destinadas a las empresas.

Uno de los «vehículos» que se podrían utilizar para evitar los despidos sería una bonificación de los seguros sociales que podría llegar al 80% para las empresas que mantengan el empleo.

Esa medida sería para empresas de aquellos sectores que no están consideradas como de especial protección, esto es, que no son sector turístico, hostelería, y medios de transporte de viajeros.

También para las contratas

Las exoneraciones en las cotizaciones también llegarían a las contratas, es decir, a empresas que son subsidiarias de una empresa mayor.

En el caso de subsidiarias del sector turístico, hostelero y de transporte de viajeros, se les seguirá aplicando la figura de los ERTE, por lo menos hasta final de septiembre.

Un caso tipo sería, por ejemplo, el de una tintorería de Palma de Mallorca, cuya principal fuente de negocio es uno a varios hoteles de la ciudad, que, debido al hundimiento del sector turístico, tiene a la mayor parte de su plantilla en ERTE.

Sin embargo, la tintorería tendría que demostrar ante Trabajo que su principal fuente de ingresos son empresas del sector turístico, y, además, tendría que demostrar que su facturación ha caído de manera importante por esa situación.

Fuente – CincoDías / ABC

Imagen – Lav Ulv / John Brighenti / / Bart Everson / Nenad Stojkovic / Luz Moraleda / La Moncloa – Gobierno de España / Oktober Amsterdam / dom pierre

Encaje de bolillos para volver al trabajo

La inesperada pandemia de covid-19 lo ha trastocado todo, también el mundo del trabajo, donde las empresas, ante la inminente vuelta al trabajo, organizan protocolos de seguridad y reorganizan en espacio físico de las oficinas para que sus plantillas puedan volver a sus centros de trabajo

La vuelta al trabajo, ahora que se inicia el «curso» no va a ser nada sencilla, y todo producto de una pandemia que lo sigue complicando todo, tanto la economía, el mercado laboral y las jornadas laborales de aquellos que todavía mantiene su empleo.

Todo ha cambiado en el intento de hacer compatible una pandemia, la del SARS-CoV-2, un virus que está todo menos controlado en España, con la vuelta al trabajo en condiciones de seguridad.

La mayor parte de las compañías, al menos aquellas que pueden optar por el teletrabajo, contemplan un modelo mixto, combinando la presencia en la oficina con la actividad laboral desde el propio domicilio.

Un entorno desconocido

Muchos de los empleados, sobre todo los profesionales, que se reincorporan ahora al trabajo, después del mes de vacaciones por excelencia, después de mentes de teletrabajar en sus domicilios, llegan a un entorno completamente desconocido.

Mascarilla y gel hidroalcohólico son ahora compañeros indispensables, así como las pantallas de metacrilato que parcelan los lugares de trabajo y que evitan que los aerosoles que se genera la respiración.

Además, la tradicional efusividad de los latinos, aunque en los entornos laborales el común de los españoles es menos efusivo, también se han terminado, por la necesidad de mantener la «distancia social».

Dependiendo del tamaño de la empresa

En los entornos que podríamos llamar «de oficina», la implementación de esta nueva forma de trabajar y los protocolos consiguientes dependen directamente del tamaño de la empresa.

La gran empresa ha invertido este tiempo de obligado trabajo desde casa para diseñar e implementar, inclusive con departamentos enteros dedicados a la labor, los protocolos covid-19 que serán de obligado cumplimiento a partir de septiembre.

En la pequeña y la mediana empresa, donde la flexibilidad en todos los órdenes es casi obligada, sin afirmar que puede haber más improvisación, seguramente se limitarán a seguir a pies juntillas lo que emane de las autoridades laborales.

Lugares comunes obligados

En lo que todo el mundo coincide es que habrá unas operativas que todas las empresas tendrán que seguir, independientemente del tamaño de las compañías.

Lo que sin duda será obligado, sobre todo en empresas grandes es que tanto la entrada al trabajo como la salida sea escalonada, como una manera de evitar aglomeraciones que irían en detrimento del mantenimiento de la «distancia social».

Otro ítem que será inevitable es el control de la temperatura de cada empleado, al menos a la entrada, aunque algunas empresas han tomado la determinación de hacer la toma de temperatura también a la salida.

Además, determinados sistemas de control de acceso, sobre todo los táctiles de huella digital, han tenido que ser sustituidos por aplicaciones móviles, en donde los trabajadores se validan contra una aplicación en su teléfono móvil.

En cuanto al uso de la mascarilla en la oficina, algunas empresas obligan a su utilización siempre que no se pueda mantener la «distancia social» de metro y medio, pero otras son más estrictas y obligan a tener permanentemente puesta la mascarilla en el centro laboral.

Extremar la limpieza

Pero todas esas medidas son fútiles si no se refuerza la limpieza a fondo de las oficinas una vez que se ha terminado la jornada laboral, para que al día siguiente la plantilla de la empresa acceda a un «entorno limpio».

Nuevamente, las trabajadoras y trabajadores de limpieza vuelven a salir a la palestra, y el de limpieza ha pasado de ser una ocupación laboral a al cual no se la tenía en mucha consideración a convertirse en algo esencial sin lo que no se puede trabajar.

Las grandes empresas, para conjurar la posibilidad de que vuelva a haber un desabastecimiento como en los inicios de la pandemia, han hecho acopio de todo tipo de insumos relacionados con la higiene.

En el caso de Correos, ha repartido entre sus trabajadores 16 millones de pares de guantes, seis millones trescientas mil mascarillas del estándar FFP2 y ha comprado 97.000 litros de gel hidroalcohólico, 7.600 mamparas y 2.000 pantallas faciales.

Reconfigurar la oficina

Además de las ya citadas mamparas que aíslan a cada puesto de trabajo del resto de los compañeros, muchas empresas han rediseñado el lugar de trabajo.

Lo que se busca es que, entre puesto y puesto de trabajo, también se han reconfigurado distancias de seguridad para acceder a servicios comunes, como puedan ser impresoras en red o máquinas de café o servicios higiénicos.

Paradójicamente han sido las PYMES las que más han adoptado la reconfiguración de las oficinas, porque necesitan más la presencia de la mayoría de sus plantillas, porque, entre otras cosas, carecen del «músculo» tecnológico para poder gestionar el teletrabajo.

Se podría calificar incluso que las medias de seguridad ante el covid-19 se está gestionando, en la pequeña y mediana empresa de una manera más informal, mientras que en la gran empresa se está siendo más sistemático.

Ya que el Pisuerga pasa por Valladolid…

Inclusive algunas grandes empresas han utilizado la excusa de la pandemia para fortalecer el modelo de teletrabajo o modelos híbridos a los que esperaban dar un espaldarazo de cualquier manera.

El Corte Inglés, al menos en los departamentos de gestión, se han creado pequeños equipos burbuja que se ensamblan con otros equipos que están trabajando desde su domicilio, y lo cierto es que el modelo está sacando el trabajo adelante.

Otra de las grandes empresas españolas, el BBVA, ha instaurado un modelo que combina el teletrabajo con la comparecencia presencial en la oficina varios días de la semana, y los que ha sido un modelo experimental se consolidará a partir de septiembre.

Vodafone, que envío al grueso de su plantilla a teletrabajar en sus domicilios como una medida temporal para vadear lo peor de pandemia, ha decidió mantener a su plantilla teletrabajando sine die.

Otro de los grandes bancos españoles, CaixaBank, que tiene una plantilla de casi 40.000 personas, ha establecido un plan progresivo para que sus empleados vuelvan a la oficina, priorizando la seguridad de sus trabajadores.

Fuente – EL PAÍS

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Crece el empleo

El empleo, aunque resentido por los meses de confinamiento, vuelve a reverdecer adoptando una fisonomía como un verano cualquiera, a pesar de que no se ha conseguido recuperar el empleo perdido y los datos son peores que el año pasado por estas fechas

Y también decrece el número de desempleados, que son casi 90.000 menos en las listas del desempleo, lo que supone el mejor dato desde 1997.

A pesar del buen dato del empleo, no se ha logrado llegar a nivel de ocupación de antes de la pandemia de covid-19.

El desplome de los meses en los cuales estuvo en vigor el cerrojazo, en mayo y junio se recuperó algo el empleo y el espaldarazo definitivo se ha producido en el mes de julio.

En términos relativos supone el mejor dato del empleo desde el 2005, y se han ocupado 161.217 españoles más.

No se recupera toda la destrucción de empleo

Aunque el dato de empleo es muy bueno no se logra recuperar todo el empleo que se ha perdido producto de la pandemia de covid-19, a pesar de que muchos trabajadores siguen manteniendo el empleo gracias a los ERTE.

Julio supone medio millón menos de empleados que los que había en el mes de febrero, el último mes antes de que se desencadenase la pandemia del covid-19, y eso no son los peores datos.

Si comparamos los datos del empleo de julio del 2020 con los de hace un año, la pérdida de empleo es de 750.000 personas menos y el número de desempleados, suma, en comparación con hace un año, 761.000 más.

Desde la Seguridad Social se explica que los buenos datos de julio se explican por el hecho de que los datos de empleo eran malos producto de la crisis laboral desencadenada por el covid-19, y el rebote era de esperar.

Sujeto a la estacionalidad

En los buenos datos de empleo se entiende porque, a pesar de que la campaña veraniega no va a ser buena, el verano siempre hace surgir más empleo.

Como es habitual, los sectores que emplean a más personas en verano, como la hostelería, sanidad y comercio han «tirado» con fuerza del empleo.

Al mismo tiempo, las buenas cifras de empleo se entienden por el hecho que las contrataciones que estaban previstas para los meses del «cerrojazo», y que no se pudieron hacer en ese periodo, se están haciendo en lo que queda de verano.

ERTES

En estos momentos en los Expedientes de regulacón de empleo temporal se encuentran 1,18 millones de trabajadores, aunque se ha producido una mejora, ya que llegaron a estar en esa situación laboral 3,4 millones de empleados.

Ya desde el mes de junio, muchos trabajadores se han ido reincorporando escalonadamente a sus empleos, siendo junio el mes que más empleo en regulación se han recuperado, llegando a 1,2 millones de puestos de trabajo.

En julio, aunque se ha seguido recuperando empleo que estaba en regulación temporal, pero menos que el mes anterior; con todo el número ha ascendido a 600.000 personas.

La principal incógnita es saber, de los 1,2 millones de trabajadores que se encuentran todavía en Expediente de Regulación de Empleo volverán al trabajo.

Lo que temen autoridades laborales y sindicatos es que muchos Expedientes Temporales de Regulación de Empleo se conviertan en ERES, esto es, en despidos masivos.

Incidencia real en el empleo

Será en los meses que quedan de verano cuando se podrá percibir de manera la afectación real que ha tenido en el empleo la crisis sanitaria del covid-19.

Cuando se sepa el número exacto de ERTES que se conviertan en ERES será el momento de ver la destrucción real de empleo que ha producido la crisis.

Principalmente en sectores muy sensibles en España y que en nuestro país emplean una gran cantidad de mano de obra: turismo, comercio o transporte.

Además, el desempleo, el que finalmente se haya destruido, también será por regiones, especialmente aquellas zonas turísticas como las islas Baleares, islas Canarias o zonas de la Península.

No todos recuperarán el empleo

Es algo que el ministerio de Trabajo, empresarios y sindicatos ya tienen meridianamente claro, y es que muchas personas se quedarán en la cuneta, laboralmente hablando.

Por lo menos, ministerio de Trabajo e interlocutores sociales han logrado que los ERTE se prorroguen hasta el 30 de septiembre, aunque la ministra de Trabajo Yolanda Díez ha indicado que se podrían prorrogar todavía más.

Pero otros miembros de la intelligentsia económica de este país, caso del gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, ha indicado que sería necesario ser más «selectivos» con las ayudas.

La tesis de Hernández de Cos es que lo que no se puede es seguir insuflando oxígeno a empresas que se ve bien a las claras que no son viables, convirtiéndolas en compañías «zombis» que no tiene ningún futuro.

Divergencias con la EPA

Lo primero que se observa es que los datos que aporta el ministerio de Trabajo y los de la Epa difieren sustancialmente, lo que tiene su explicación.

La principal diferencia, y de ahí los diferentes resultados, proviene del hecho de que la toma de datos se ha hecho en momentos diferentes, dicho de otra manera, no se han hecho al mismo tiempo.

La Encuesta de Población Activa toma datos durante 13 semanas consecutivas, y sus resultados son más fieles para interpretar el estado del mercado de trabajo el pasado mayo, pero no lo que sucede con el empleo a principios de agosto.

En cuanto al número de contratos que se firmaron en julio, un índice que el mercado laboral, a trancas y barrancas, vuelve a la normalidad, es de 1,5 millones.

A pesar de ello, el dato de contratos firmados, con respecto al mismo mes del año 2019, es un 30% menor, por lo que el dato no se puede calificar como bueno.

Esperar a ver

Sin embargo, nadie puede con seguridad afirmar que derroteros seguirá el mercado laboral en nuestro país.

Y sobre todo porque nadie sabe cómo va a evolucionar la pandemia, en unos momentos en los cuales hay más de 500 brotes activos en España.

Nadie puede asegurar que no nos encontremos ante una segunda oleada del covid-19, que podría evolucionar, en el peor de los escenarios, hacia un nuevo confinamiento.

Fuente – EL PAÍS

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Los ERTES llegarán a septiembre

Producto del acuerdo entre los agentes sociales y del gobierno de Pedro Sánchez, se ha logrado que los expedientes de regulación de empleo temporal lleguen hasta el mes de septiembre y que en los tres meses que queda las empresas vean reducidas ampliamente las cotizaciones sociales, pero no puedan acogerse a las horas extra

Finalmente, la negociación entre los agentes sociales ha concluido con éxito, ya que se ha acordado que los expedientes de regulación de empleo temporales se extiendan, como poco, hasta septiembre.

Además, en el articulado del acuerdo se recoge que, en el caso de los ERTE por fuerza mayor, las condiciones de mantenimiento del empleo se extenderán a la totalidad de la plantilla de cada empresa.

Partiendo de un borrador que se había preparado en Moncloa, a la llegada a la mesa de diálogo, Antonio Garamendi, ha trasladado al ejecutivo y a los sindicatos que aceptaba los términos que había presentado el ejecutivo de Pedro Sánchez.

Parabienes desde el ejecutivo

La ministra de Trabajo, Yolanda Díez, ha alabado la «cintura» que han tenido sindicatos y empresarios para haber puesto los mimbres para poder cerrar un acuerdo sobre los ERTE.

Sobre todo, ha querido poner en valor la capacidad de muñir una posición única y común en unos momentos de crispación máxima en lo político, que se ha contagiado a lo social y amenazaba en extenderse a lo económico.

En similares términos se ha expresado José Luis Escriba, ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, que ha aprovechado su comparecencia para anunciar una batería de ayudas para autónomos para los próximos tres meses.

Al Consejo de Ministros

Será en un Consejo de Ministros extraordinario, a celebrar con la mayor brevedad, el próximo viernes, en lo que podría definirse como un ejercicio de funambulismo, extremando el plazo temporal de la vigencia de los ERTE, que «caducan» el próximo martes 30 de junio.

El pláceme de las organizaciones empresariales, CEOE y CEPYME, ha tomado la forma de comunicado de prensa, donde los órganos empresariales que presiden Antonio Garamendi y Gerardo Cuerva.

Las entidades que presiden ambos empresarios también expresan su esperanza de que, a la conclusión del presente acuerdo, se prosiga la negociación para seguir solventando los problemas que aquejan al sistema productivo, empresas y trabajadores.

Del mismo modo, también se muestran convencidos que a final de año muchos de los problemas que afectan al mundo del trabajo estén ya resueltos y se pueda recuperar la senda del crecimiento económico.

Resistencias entre los empresarios

Mientras que el camino ya estaba allanado con otros agentes sociales, caso de los sindicatos, las organizaciones empresariales todavía mostraban ciertas reticencias al acuerdo.

Y todo ello a pesar de que, sabiéndolo, desde el ejecutivo de Pedro Sánchez se había intentado dulcificar la propuesta para de ese modo tener un más fácil acuerdo con los representantes de los empresarios.

La generosa oferta del ejecutivo fue que el gobierno aceptaba que se mantuviesen hasta septiembre de los ERTE por fuerza mayor total, esto es, aquellos que afectan a la totalidad de las plantillas.

Entre la batería de nuevas medidas para lograr la anuencia del empresariado también se incluyó la posibilidad de que, en caso de que la pandemia se vuelva a desmandar, aquellas empresas que lo deseen podrán acogerse a ERTE de fuerza mayor.

Como una concesión a los sindicatos, dado que estos también habían exigido mejoras para los trabajadores, cualquier trabajador, mientras se halle inmerso en un ERTE, podrá acogerse al subsidio de desempleo.

A vueltas con las cotizaciones sociales

Era uno de los escollos que existían en las conversaciones a tres bandas entre gobierno, sindicatos y organizaciones empresariales, y tenían que ver con el pago de las cuotas de la Seguridad Social.

Los empresarios pugnaban porque en los casos en que las empresas mantuvieran a sus plantillas en ERTE, el gasto más oneroso en seguros sociales corriese a cargo del gobierno, y en parte eso han conseguido.

Diferentes modalidades

A pesar de que, tal como se ha escenificado el acuerdo, parece que ha sido fácil de muñir, en el articulado se sustancian muchas de las fisonomías que puede tener un ERTE y la solución que se ha dado a cada caso concreto.

En el caso de los ERTE por fuerza mayor total, se establecen importantes modificaciones que hacen que se amplía a toda la plantilla de la empresa inclusive superado el estado de excepción, algo a lo que en un primer momento el ejecutivo era reacio.

En cuanto a las cotizaciones sociales, si la empresa tiene menos de 50 trabajadores, el ahorro llegará al 70% de su cuantía de julio, si la situación continúa en el mes de agosto el ahorro será del 60% y solo del 30% si la situación se cronifica hasta septiembre.

Para la casuística de compañías con una plantilla que supere los 50 trabajadores, en el mes de julio se evitarían pagar el 50% de las cotizaciones sociales, el 40% si la situación se prolonga al mes de agosto y solo un 25% en septiembre.

ERTES por fuerza mayor parcial y ETOP

En el caso del primer tipo, que son los expedientes de regulación temporal donde solo se ve afectada parte de la plantilla, también se establece un parteaguas entre consorcios con más de 50 trabajadores y empresas con menos.

En el último caso el ahorro en seguros sociales será del 60% en el caso de los trabajadores ocupados y del 35% en el caso de los que todavía se encuentren en expediente de regulación de empleo.

Cuando la compañía tenga más de medio centenar de trabajadores, estas se ahorran el 40% de la cuota de la Seguridad Social de los trabajadores que hayan vuelto al trabajo y el 25% de los empleados sujetos todavía a ERTE.

Sin horas extraordinarias

Pero las concesiones a la patronal también tienen la contrapartida de la puesta en marcha de medidas propugnada por gobierno y sindicatos.

Una de las cruciales es que aquellas empresas que hayan ejecutado un ERTE por fuerza mayor o aquellas compañías que lo hayan hecho por causas objetivas, no podrán acogerse a la figura de las horas extras.

Y del mismo modo esas empresas tendrán que utilizar solo a sus trabajadores en el proceso productivo, evitando en todo momento la subcontratación de personal externo para la realización de trabajos propios.

Fuente – el diario

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Piden un pacto por la digitalización

Si algo parece claro, a tenor de las intervenciones en la cumbre de la CEOE que se está celebrando en estas fechas, que una de las claves para el desarrollo político de España pasa por la digitalización, con una hoja de ruta clara que también ponga el «foco» en las políticas industriales que están vigentes

La iniciativa ha partido de tecnológicas y empresas de telecomunicaciones y tal como señala Eduardo Serra, el «foco» debe pasar ya de lo sanitario a lo tecnológico, dando la responsabilidad a los empresarios.

Ese ha sido el principal titular que se puede extraer de la séptima jornada de la reunión que mantiene la Confederación de Organizaciones Empresariales (CEOE), en la cual ha habido una masiva participación de actores de la tecnología y las telecomunicaciones.

Pacto por la digitalización

Importantes empresarios del sector de la tecnología y las telecomunicaciones han intentado persuadir al aforo que lo que ahora toca es un pacto por la digitalización, que tiene que extenderse a todos los sectores.

Entre estos han subrayado la necesidad de introducir la tecnología en una gran mayoría de sectores donde su uso es residual, como la sanidad, la educación, la industria de la alimentación o la administración.

Los ponentes también han aprovechado para comunicar la idea de que tienen que ser las empresas las que tienen que liderar la reconstrucción de país para paliar, al menos en parte, la crisis económica derivada de la pandemia.

Una de las intervenciones más celebradas ha sido la de Eduardo Serra, presidente de la asociación DigitalES, que ha incidido en la idea de que el protagonismo debe de ser de aquellos que crean riqueza y empleo.

Inclusive, Serra ve en la crisis económica ya presente, y la que se avecina, una oportunidad para que se vuelvan a valorar conceptos como el esfuerzo, la disciplina y la cultura del esfuerzo que muchos creían olvidada.

Hoja de ruta

Es la que propone la que fuera ministra socialista en el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, Cristina Garmendia, y que ahora preside la Fundación Cotec para la Innovación, incide en la necesidad de tecnificación y digitalización.

Pero la empresaria y bióloga considera que dichos procesos se tienen que realizar diseñando una hoja de ruta, en la cual se deben involucrar los partidos políticos, en un pacto que entrañe el compromiso de desarrollar el plan tal como se diseñe.

También cree que uno de los pilares para lograr la recuperación económica, pero también para la buena salud económica de un país es la educación, que debe ser una política de Estado y la mayor de las prioridades para cualquier país.

Y hoy por hoy, ha subrayado Garmendia, la prioridad es educar a los trabajadores y al conjunto de la población en destrezas digitales, alabando las políticas que ha llevado a cabo en ese campo nuestro país vecino, Portugal.

Allí se ha protegido y se ha invertido en la Investigación, Desarrollo e innovación (I+D+i), lo que pone más en evidencia la desinversión que se ha llevado a cabo en España durante décadas.

Pero sin olvidar la industria

Esa idea ha sido el objeto casi exclusivo de la intervención del presidente de Indra, Fernando Abril-Martorell, que ha puesto el acento en la necesidad de no desatender a la industria española.

El alto ejecutivo considera que la «hoja de ruta» más realista pasa por combinar sabiamente políticas económicas de estímulo tanto de la digitalización como de la reindustrialización, este último proceso que ya se llevaba notando ya en las dos últimas legislaturas.

Abril – Martorell se ha dolido de que las empresas españolas están buscando personal con capacidades digitales avanzadas, tienen graves problemas para encontrarlo, por lo que considera que debería ser el Estado el que invirtiese en que los trabajadores adquieran dichas competencias.

Mejorar la infraestructura de telecomunicaciones

Es en lo que inciden las empresas de telecomunicaciones y tecnológicas, que resaltan la poca «conectividad» que hay en España, lo cual resulta paradójico cuando estamos hablando de la cuarta economía de la zona euro.

Las «telecos» inciden en el hecho de una buena parte del dinero del rescate debiera de invertirse en mejorar la infraestructura de telecomunicaciones que tenemos en el país.

Uno de los intervinientes, el presidente y CEO de Vodafone España, Antonio Coimbra, ha cifrado en seis millones de españoles los que faltan por «conectar», y para lograrlo estima que serían necesarios aproximadamente 1.500 millones de euros.

Potenciar el teletrabajo

Es la tesis que ha explicitado en su intervención Irene Cano, a la sazón CEO de Facebook España, que ha subrayado la necesidad, sobre todo en estos momentos de emergencia sanitaria, de potenciar el teletrabajo.

Entre las virtudes del trabajo en «remoto», la directiva de la empresa propiedad de Mark Zuckerberg ha valorado que ayuda a deslocalizar el talento, lo que permitiría que profesionales cualificados repoblar la España «vaciada».

La red social en cuestión ha hecho firme propósito, y ya ha iniciado las contrataciones, de contratar a trabajadores que trabajen en «remoto» como una manera de ahorrar en costes laborales.

Empleo de calidad

Es en la idea en la cual se ha centrado Helena Herrero, la más alta directiva de HP en España, que ha magnificado las posibilidades que ofrece España, con trabajadores que pueden realizar trabajo de un gran valor añadido.

Debido a ello, el empleo que se genere en el Estado debiera de ser de calidad, una idea que va e la misma línea de la batería de medidas que ha presentado en su intervención Carina Szpilka, presidenta de Adigital.

Entre las medidas que propugna la directiva se encuentran una digitalización de la administración que haría aumentar la productividad, modelos laborales flexibles, protección de los autónomos, una fiscalidad del ¿siglo XXI? y convertir a España en un país de emprendedores.

Al mismo modo Szpilka cree que la digitalización de la nación debe de servir para la configuración de abundantes clústeres tecnológicos formados a partir de startups y que permitan que al país afluya el talento de otras naciones y continentes.

Fuente – el diario

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Empleados públicos ¡A teletrabajar!

Un acuerdo ha visto la luz, entre gobierno y organizaciones sindicales, para permitir que los funcionarios públicos tengan derecho a teletrabajar desde sus domicilios, teniendo preferencia aquellos servidores públicos que tengan menores a su cargo o a personas dependientes

El acuerdo entre el gobierno y los sindicatos mayoritarios en el sector público – UGT y CSIF – ha configurado como será la realidad laboral de los servidores públicos en la «nueva normalidad».

Sin embargo, el sindicato que dirige Unai Sordo considera que con el acuerdo se da carta de naturaleza a que los funcionarios públicos pierdan derechos, a pesar de que el acuerdo ha contado también con la concurrencia de los representantes de trabajadores, al menos de UGT y CSIF.

El teletrabajo se impone

El personal que trabaja para las Administraciones públicas tendrá reconocido como derecho poder teletrabajar un día a la semana, y en caso de que tengan a su cargo menores o personas dependientes podrán trabajar telemáticamente hasta cuatro días.

No estamos hablando de un contingente humano menor, ya que la Administración General del Estado está compuesta por 231.000 funcionarios y las nuevas medidas laborales, entre ellas están incluidas el teletrabajo, entrarán en vigor el 22 de junio.

El plan está diseñado específicamente para funcionarios que tenga hijos menores de 14 años o para aquellos que tengan dependientes a su cargo, pero también para aquellos trabajadores de las Administraciones públicas que tengan patologías que pudieran agravarse con un contagio de covid-19.

Voluntariedad

Acceder al teletrabajo será de todo punto de vista voluntario y reversible, esto es, dependerá de la disponibilidad que tenga el trabajador público para desempeñar así su trabajo, y además estará complementado por el trabajo presencial.

La jornada tipo será de cuatro días teletrabajando y un día con obligatoriedad de acudir a las oficinas, normalmente para actividades de coordinación y reuniones cuando sean necesarias.

Como hemos indicado en otro epígrafe, CC. OO. no ha transigido con el acuerdo y no lo ha firmado al considerar que con esta nueva metodología de trabajo se están restringiendo derechos de los trabajadores.

El principal de ellos es que el acuerdo no establece lo que ya se conoce como «derecho a la desconexión», esto es, que la disponibilidad del trabajador para el teletrabajo quede estipulada.

Tal como considera el sindicato de clase, en la administración, por no estar estipulado lo contrario, parece que el funcionario tiene que estar a disposición de la administración a todas horas y los siete días de la semana.

Desde el gobierno se ve de otra manera

Sin embargo, para la ministra de Política Territorial y de Función Pública, Carolina Darías, el acuerdo supone un reconocimiento la abnegada labor que han desarrollado los funcionarios públicos durante lo peor de la pandemia.

Con la llegada de la «nueva normalidad» lo que se busca es salvaguardar en la medida de lo posible la salud de los trabajadores públicos, algo que ya pasa en muchas empresas y en parte del sector público.

Del mismo modo, la implantación del teletrabajo también busca la gestión correcta de adecuadas políticas de prevención de riesgos laborales, en unos momentos en los cuales, a pesar de que se ha controlado la emergencia sanitaria, el virus sigue circulando.

De hecho, y como una muestra más de la nueva situación que vivimos en el país, la firma entre el gobierno y los sindicatos se ha llevado a cabo no en una reunión presencial, sino en una telemática en la cual la firma ha sido electrónica.

Un nuevo marco de relaciones laborales

Es lo que se impone con la «nueva normalidad», y es en algo en lo que coinciden tanto el gobierno como los interlocutores sociales y la patronal, en la cual se pretende la vuelta a la normalidad laboral con la minimización de los riesgos para los trabajadores.

El principal logro del acuerdo, a decir del sindicato UGT, consiste en que se regulariza, en la función pública, la modalidad del teletrabajo, con unas características que la hacen voluntario y reversible.

Además, este primer acuerdo, va a servir, en lo que se refiere al teletrabajo, como el documento base a partir del cual se regulará el teletrabajo en las negociaciones que se iniciarán el próximo 1 de julio.

De hecho, todavía quedan «flecos» sobre los que hay que llegar a acuerdos, como es el hecho de quien se hará cargo de proporcionar el material de trabajo, y también establecer cuál es la jornada laboral.

Uno de los peligros del teletrabajo, y el que esto escribe lleva más de una década en esa modalidad, es que la jornada laboral, si no se sabe tasar, acaba no teniendo final, dado que siempre hay cosas que hacer.

El acuerdo tendrá vigencia, al menos, hasta que España se encuentre en situación de estar libre de pandemia, algo que en estos momentos no se puede poner fecha.

Orden de prelatura

A pesar de que todos los funcionarios públicos, al menos aquellos cuyo trabajo se pueda realizar bajo la modalidad de teletrabajo, tienen derecho al mismo, se han establecido una serie de preminencias.

Los primeros trabajadores públicos que tendrán derecho a ejercer el teletrabajo serán aquellos que muestren síntomas compatibles con el covid-19, estén en cuarentena o hayan tenido un contacto estrello con algún infectado.

Cuando el cometido laboral sea la atención al público se priorizará la atención telefónica y la telemática, y en caso de que la atención personal sea obligatoria, la misma se desarrollará con la modalidad de cita previa.

En los centros de trabajo de la administración pública, para evitar en lo posible que se produzca ningún brote de covid-19, la entrada y la salida del trabajo se realizará de una manera escalonada.

Bases para el futuro

Los acuerdos firmados por el gobierno con los agentes sociales son la puerta para la regulación del teletrabajo, una modalidad laboral a la que la presente crisis sanitaria ha dado el espaldarazo definitivo.

El acuerdo pone las bases para una posterior regulación, tanto en el ámbito público como privado, del trabajo telemático que no necesariamente se tiene que realizar desde el domicilio.

El trabajo en «remoto» también se puede realizar desde espacios habilitados para lo que se ha denominado como cotrabajo, en el cual un grupo de profesionales alquilan una suerte de oficina para poder trabajar.

Fuente – EL PAÍS

Imagen – 1Day Review / Mary Cullen / Abhishek Kumar / La Moncloa – Gobierno de España / vicvements / Discasto