El gobierno será el gran avalista económico en esta pandemia

El gobierno que preside Pedro Sánchez se va a convertir en el máximo avalista de las empresas españoles, pequeñas y medianas, pero también grandes, que necesiten préstamos bancarios para poder seguir su actividad. Los avales tendrán una validez máxima de cinco años

El gobierno que preside Pedro Sánchez avalará el 80% de los créditos a PYMES y autónomos recibirán para, cuando concluya esta emergencia sanitaria, tengan capital para poder recuperar su actividad económica.

La primera «andanada» de avales, con una cuantía de 20.000 millones de euros, tendrá efecto retroactivo desde el 18 de marzo, y la función de ese dinero será para circulante, salarios y facturas varias.

Como ya hemos indicado que el «paquete» tiene efectos retroactivos, por lo que a algunas empresas les servirá para devolver créditos que tenían con entidades financieras y que habían quedado en el cesto de los impagos.

La AEB a favor de la medida

La «patronal» de los bancos españoles, la casi sacrosanta Asociación Española de la Banca, ha salido en tromba para alinearse con el gobierno en esta medida que pretende inyectar liquidez al sistema productivo español.

La premura que pide la AEB tiene que servir, según la asociación que preside José María Roldán, para evaluar de una manera rápida el mecanismo financiero que ha puesto en marcha el gobierno.

En una primera fase se trataría de «testar» como se ejecuta el mismo, estableciendo cuantas modificaciones sean necesarias para dotar al mecanismo de la suficiente flexibilidad para adaptarse a lo que se adivina como un entorno volátil y cambiante.

Tal como ha informado el presidente de la AEB, de lo que se trata es de que ninguna empresa española no pueda operar debido a que le falta lo que es el sistema circulatorio del sistema productivo, esto es, la financiación y sobre todo el circulante.

CECA también apoya la medida

Uno de los factótums en lo que a entidades financieras se refiere, la Confederación de Entidades de Crédito y Ahorro (CECA), lo que viene a ser la patronal de las pocas cajas de ahorro que todavía están en pie, también aplaude la medida.

Desde CECA se considera que la medida es imprescindible para dinamizar una actividad económica en España que, a día de hoy, se encuentra completamente ralentizada, a la espera del «maná» económico en forma de liquidez.

De hecho, CECA hace público su compromiso para permitir que las empresas del sector productivo español puedan seguir operando.

Características del primer tramo

Como ya se ha indicado, el primer «tramo» de la inyección de capital que realiza el gobierno será de «solo» de 20.000 millones de euros que estarán dedicados en exclusiva a financiar a la pequeña y mediana empresa española y a los autónomos.  

La calificación de PYME tiene el límite en el número de empleados de la empresa, que nunca pueden superar los 250 trabajadores.

El gobierno, con esta inyección de capital a las PYMES, lo que busca es favorecer el mantenimiento del empleo, permitir que ese tipo de empresas tengan circulante y permitir la continuidad de la actividad productiva.

Estos 20.000 millones de euros son una cuantía similar a la que otros gobiernos europeos están movilizando también para las empresas de su país que no llegan a los 250 empleados, y tiene el mismo objeto que las españolas.

Otro tramo para la mediana y gran empresa

Podemos decir que se trata, sin lugar a dudas, de «la parte del león», ya que se trata de la partida presupuestaria de mayor cuantía, y tienen como objeto que el estado se convierta en el avalista final de los créditos que solicite la mediana y gran empresa española.

En el caso de los nuevos préstamos, el estado avalará el 70% de la cuantía de los mismos, que bajará al 60% cuando de lo que estemos hablando es de la renovación de créditos previamente concedidos.

La elección de los porcentajes ha venido precedida de una intensa negociación a tres bandas – gobierno, banca y organizaciones empresariales, ya que desde CEOE y CEPYME lo que se buscaba era que el aval llegará al 90% de los créditos.

Luchar contra la incertidumbre

De lo que se trata con esta generosa política de avales es dar seguridad, o al menos una cierta seguridad, en un entorno económico devastado por la crisis sanitaria, en donde todavía quedan muy pocos sectores incólumes.

Y eso máxime porque, como las medidas de confinamiento no han sido lo suficientemente efectivas, está cerca un cierre total que dejará operativos solamente el sector de los supermercados y la distribución minorista de alimentos y las farmacias.

De hecho, los avales se van a poder utilizar inclusive con empresas que hayan entrado en mora, utilizando los avales para la renegociación de créditos fallidos con las entidades financieras que las concedieron.

Varias rondas

En el caso de los 20.000 millones de euros en avales para el parque de PYMES españolas, habrá varias «oleadas» de financiación sucesivas, de manera que cuando se acabe la primera, les seguirán las siguientes.

Además, el gobierno ganará dinero, porque el ejecutivo que preside Pedro Sánchez cobrará a cada banco que utilice los avales, entre un 0,20% y un 1,20% por permitir que en caso de impago el tesoro público respalde el impago.

En una lógica impepinable, cuanto mayor sea la cuantía del préstamo y mayor el tiempo, más cobrará el Estado a los bancos, con un máximo, como ya hemos dicho, del 1,20%.

Laissez faire, laissez passer

En una medida que puede ser calificada incluso como neoliberal, el gobierno no se mete en el interés que cada entidad financiera le cobra a cada empresa a la que le presta dinero, ya que lo deja al albur de la política comercial de cada entidad financiera.

A pesar de ello, el gobierno si quiere velar porque los tipos de interés que se apliquen vayan en consonancia con los que las que bancos y cajas de ahorro, han marcado desde el comienzo de la crisis del covid-19.

No más de un lustro

Una de las normas que sí es de obligado cumplimiento es que el plazo máximo para poder devolver el préstamo por parte de las pymes o de la gran empresa no puede superar los cinco años.

Por lo tanto, la validez del aval quedará sin efecto cuando haya pasado un lustro desde la fecha de concesión más cinco años, por lo que todos los avales quedarán sin efecto al finalizar el año 2025.

Como supervisor de la buena marcha de esta «batería» de avales, desconocida en la España contemporánea, se encontrará el Instituto de Crédito Oficial, el tan manido ICO.

Fuente – EL PAÍS / AEB

Imagen – La Moncloa – Gobierno de España / daneshjai / Zulio / Heiko Höhn / David Hall / Tyler Ross / Mooganic / Dick Thomas Jhonson / barrydon

Doscientos mil millones de euros para empresas y trabajadores

De «plan de choque» se puede calificar las medidas que va a tomar el gobierno con una inversión de 200.000 millones de euros para ayudar a empresas y trabajadores para hacer frente a la crisis económica que está provocando la pandemia de COVID-19

Es la medida estrella que ha anunciado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en su última comparecencia pública que se ha producido esta mañana, con los periodistas inquiriendo a través de un grupo de WhatsApp.

Las medidas al detalle tienen que ver con la agilización de los ERTEs, permitir el cobro de la prestación por desempleo de los sometidos a regulación de empleo y avales masivos para que dar liquidez a la pequeña y mediana empresa.

Una cifra incalculable

Este fabuloso presupuesto de coche contra la crisis económica derivada de la crisis sanitaria, para compararlo con algo manejable, es el equivalente al 20% del Producto Interior Bruto de España.

La financiación de la partida correrá tanto a cargo del gobierno y también por la iniciativa privada, y nos informa, la enorme cantidad de dinero, del «shock» económico que el gobierno prevé en la economía española.

Facilitar la liquidez de las empresas

Nos vienen tiempo recios, quizás inclusive más que los que nos cuenta Mario Vargas – Llosa en su última novela homónima, de manera que, a tiempos excepcionales, también medidas, en este caso excepcionales.

El objetivo principal de esta inyección de capital tiene que ver con facilitar a las empresas toda la liquidez que sea necesaria, ya que solo la «línea» de avales, que se concreta en justo la mitad del dinero que se va a invertir, esto es, 100.000 millones de euros.

Nunca, al menos en el periodo democrático, se había aprobado una «línea de vida» económica tan ambiciosa, y hay que ponerla en valor, ya que Alemania, la «locomotora» económica de Europa inyectara solo 100.000 millones más que España.

Alemania, el país del Mittelstand, el país con una economía modélica que es espejo el que se mira todo Europa, tiene un PIB que triplica al español.

Minimizar los daños

El espíritu de este plan de choque es que la crisis económica sea transitoria y que la curva que se dibuje en la economía sea en forma de V, esto es, una rápida recesión económica, que dure lo menos posible, y a partir de ahí un crecimiento económico robusto también en poco tiempo.

El objetivo es que la situación de crisis económica dure lo menos posible y también que los daños que provoquen al tejido empresarial y al empleo en España sean los menores posibles.

De cualquier manera, Pedro Sánchez, en la comparecencia pública en la cual anunció las medidas en ningún momento se mostró triunfalista, que probablemente salir de esta situación será difícil, aunque finalmente se logrará.

Las medidas tienen dos objetivos principales: el primero de ellos es que no se destruya el tejido productivo español, o al menos poder hacer un control de daños que no coarte la posterior actividad económica una vez se supere la pandemia.

En segundo lugar, y ni mucho menos importante, es la de crear un «escudo social» con el que se puedan guarecer millones de asalariados y autónomos, muchos de ellos, en el caso de los trabajadores por cuenta ajena, ampliamente sometidos a ERTE.

En el caso de los trabajadores autónomos, y como ya explicamos en el artículo de ayer, el gobierno facilitará que puedan acceder a una prestación de desempleo todo el tiempo que no puedan ejercer su actividad profesional.

Mora en las hipotecas

Es otra de las «medidas estrella» de un real decreto de 45 páginas, y establece la moratoria de pago de hipotecas para trabajadores y autónomos que se encuentren en situación de vulnerabilidad económica.

Sin embargo, los beneficiarios de la medida deberán, en el caso de los trabajadores por cuenta ajena aquellos que se queden sin trabajo producto de la crisis del COVID-19 y en el caso de los trabajadores autónomos los que hayan sufrido una merma importante en sus ingresos.

De mismo modo, ningún ciudadano sufrirá un corte de suministros básicos – agua, luz o gas – por no poder hacer frente a las facturas, si pertenece a lo que se denomina los colectivos vulnerables.

También existe una fuerte partida presupuestaria para el Centro Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y demás institutos de investigación para intentar desarrollar una vacuna con la que se pueda luchar contra el COVID-19.

100.000 millones de euros de avales

En este caso se trata de medidas fiscales, ya que lo que va a realizar el gobierno es una función de avalista, con lo que va a permitir que las empresas puedan acceder a crédito en España o en los mercados internacionales, teniendo la seguridad que «detrás» esta el Reyno de España.

Al mismo tiempo, agilizar el «papeleo» para los ERTES está en relación directa que parte de las medidas permite que cualquier trabajador que esté dentro de un expediente de regulación de empleo temporal, pueda acceder a cobrar una prestación por desempleo.

Las PYMES, en un proceso de ERTE, están exoneradas al 100% del pago de las cotizaciones sociales si se mantiene el empleo, y en el caso de gran empresa la exención será del 75% siempre, que, también, mantengan el empleo.

Reducción de jornada laboral por cuidado de personas dependientes

También es otra de las medidas a la que podrán acogerse aquellos trabajadores y autónomos que tienen a cargo alguna persona dependiente.

En los casos en que la persona que se está cuidando sea un gran dependiente, el trabajador podría ser exonerado del 100% de su jornada laboral.

De cualquiera de las maneras, la categoría de cuidador de persona añosa o dependiente deberá de estar debidamente acreditada para poder ejercer ese «derecho».

John Maynard Keynes

El economista británico suele aparecer en casi todas las crisis económicas que se han producido desde los años cincuenta del pasado siglo XX, y ahora en el siglo XXI sus teorías siguen siendo válidas para paliar muchas crisis.

La teoría keynesiana establece la necesidad de la intervención en el estado en la economía, que es justo lo que este gobierno de coalición entre el PSOE y Unidas Podemos es lo que está haciendo en estos momentos.

Pero tal como establecía Keynes, la intervención del estado tiene que favorecer la actividad económica, y eso pasa por ayudar a empresas y trabajadores.

Fuente – EL PAÍS / John Maynard Keynes en Wikipedia

Imagen – La Moncloa – Gobierno de España / Jason Baker / Ben Cooper / Justin Henry / Mike Mozart / Frankie Leon / Bruce Eric Anderson / Racconish