Perseguir a los malos

La Unión Europea se dota de un nuevo organismo – Autoridad Europea contra el Blanqueo de Capitales para luchar contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, poniendo especial atención al uso de criptomonedas por redes mafiosas y criminales

Es lo que pretende la Unión Europea con una autoridad de nuevo cuño, que recibirá el nombre de Autoridad Europea contra el Blanqueo de Capitales.

La nueva autoridad tendrá la potestad de imponer sanciones de hasta 10 millones de euros, con una cuantía en sus sanciones que dependerán de la gravedad del delito o del número de países implicados.

Las dos principales «dianas» del nuevo organismo serán perseguir el blanqueo de capitales, así como la persecución del financiamiento de terrorismo mediante el uso de criptomonedas alojadas en la web oscura.

Un ambicioso paquete legislativo

Todas estas actividades se encuentran dentro de un objetivo más ambicioso para crear un marco normativo que permita luchar con eficacia, dentro del territorio de la UE, del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.

La nueva autoridad recién creada tiene la capacidad de imponer sanciones de tipo administrativo, de una cuantía que puede llegar al 10% del volumen de negocio de la empresa o diez millones de euros, lo que sea más lesivo para el infractor.

De lo que se trata es de que la nueva autoridad funcione como un «cortafuegos» que pueda detectar las actividades fraudulentas, y tiene como misión cerciorarse que el sector privado se ajusta a las normas europeas.

Además, la Autoridad Europea contra el Blanqueo de Capitales se coordinará con las unidades de inteligencia financiera que haya en los países miembros, para crear sinergias que permitan una mejor persecución de los delitos financieros.

Jurisdicción europea

AMLA, esas son las siglas en inglés del nuevo organismo europeo, tendrá jurisdicción en los 27 países que forman parte de la Unión Europea, y contará con un importante contingente humano que se cifra en 250 personas.

Dentro de su jurisdicción se encuentran instituciones financieras transnacionales que operan de diversos países europeos y también ejercerá de entidad coordinadora de sus pares nacionales.

Su rango de alcance es tanto las autoridades financieras como las no financieras, y permitir un uso integrado y coordinado de las instituciones nacionales que persiguen en fraude fiscal y el blanqueo de capitales.

Al mismo tiempo, se coordinará en una aplicación todas las cuentas corrientes de bancos europeos como un repositorio en el que poder «bucear» tanto la AMLA como las policías nacionales buscando cortar la financiación del terrorismo.

Ampliar la legislación

Hasta ahora la legislación europea contra el blanqueo de capitales donde su utiliza como vehículo de evasión las criptomonedas estaba muy «verde», ya que solo alcanza a unos pocos proveedores de servicio.

A partir de ahora, y auxiliados por la AMLA todos los proveedores de servicio de criptomonedas que operen en Europa tendrán que aplicar los controles de blanqueo de capitales a todos sus clientes.

A partir de ahora, y tal como permite de manera fácil la tecnología de la cadena de bloques en la que se basan las criptomonedas, se tendrá que asegurar la trazabilidad de todas las operaciones financieras.

Otra operativa que dice adiós tiene que ver con la existencia de «monederos» de criptomonedas anónimos; a partir de ahora los propietarios de los «monederos» tendrán que estar completamente identificados.

Las criptomonedas, un riesgo cada vez mayor

Las policías de los 27 países miembros llevan años avisando la de la peligrosidad de las criptomonedas, por su casi completo anonimato, en la financiación de actividades ilícitas, como es el caso del terrorismo.

Algo parecido sucede con el blanqueo de capitales, que han visto en las criptomonedas un aliado sigiloso, en donde se pueden blanquear millones de euros de una manera fácil y sin dejar rastro.

Por su parte el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) solo establece recomendaciones a los países miembros de la Unión Europea sobre como actuar para evitar el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.

Son los grandes pagos, los que superan los 10.000 euros la principal «puerta de entrada» para el blanqueo de capitales, por lo cual GAFI recomienda a los gobiernos que cualquier pago que se realice mayor que esa cantidad tendrá que ser realizado mediante transacciones financieras que son trazables.

Lista negra, lista gris

Es otra de las recomendaciones de GAFI, y pasa por tener una lista negra – países que son de facto paraísos fiscales – y una lista gris, en la cual se recogerá a aquellos países que permiten actividades financieras que podrían ser catalogadas como dudosas.

De lo que se trata es, fruto de la colaboración de los países miembros y de las autoridades europeas, dejar cada vez menor margen de maniobra a aquellos que pretenden desarrollar actividades financieras opacas.

En casi todos los países europeos se descubren casos de blanqueo de dinero que inclusive utilizan la legislación opaca de algunos territorios, caso de Mónaco o algunas islas del canal de la Mancha, para blanquear dinero.

De lo que se trataría es de recuperar a los países de la lista gris y hacer caer todo el peso de la ley internacional sobre los paraísos fiscales que se encuentran ubicados en esa precisa zona negra.

José Luis Moreno

Recientemente hemos conocido la imputación del productor televisivo que ha sido detenido acusado de blanqueo de capitales y por estafa.

El ventrílocuo ha «caído» en una operación de la UDEF que se ha practicado en Madrid y que también ha tenido parte de la investigación en Barcelona que ha llevado a cabo la Guardia Civil de la Ciudad Condal.

Se acusa a Moreno de, utilizando una maraña societaria, haber blanqueado dinero del que Moreno se habría apropiado fraudulentamente a partir de créditos bancarios y créditos privados que nunca devolvía.

La investigación depende del Juzgado Central de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional del juez Ismael Moreno y se creé que la estafa del ventrílocuo y sus socios podría ascender a 50 millones de euros.

Por ahora, y según la policía, las investigaciones todavía están abiertas, sobre todo en Madrid y en la capital catalana que es donde la red operaba de manera casi impune, teniendo como «tarjeta de visita» al mediático artista.

Fuente – el diario / CincoDías

Imagen – Tobias / Joan Amigó / Tonbo Nuske / Olympia Law / Son Dakika Haberler / Study Abroad University of Glasgow / Lawrence OP

Un Rato en el juzgado

Rodrigo Rato está a punto de volver a tenerse que sentar en el banquillo de los acusados, esta vez imputado por delito fiscal, blanqueo de capitales y corrupción por delitos contra la Hacienda Pública

El que fuera presidente económico en los gobiernos de José María Aznar, Rodrigo Rato, está a un paso de sentarse en el banquillo de los acusados, imputado por delito fiscal, blanqueo de capitales y corrupción.

Los presuntos delitos tienen que ver con la gestión de las partidas de publicidad cuando él era presidente de Bankia, además de ser investigado por la introducción de manera ilegal de 7,28 millones de euros en España.

Un lustro de investigación judicial

Han sido 5 años de pesquisas judiciales realizada por el juez Antonio Serrano – Arnal, y en donde el objeto de investigación ha sido la licitud, o no, de la fortuna de Rodrigo Rato.

En el proceso judicial, a punto de incoarse, también serán investigadas otras 13 personas, además de expresidente de Bankia.

Inclusive también se va a imputar a dos personas jurídicas: un bufete de abogados y dos empresas que se habrían utilizado para el blanqueo de capitales.

Con dichas empresas y dirigido por el bufete de abogados, se creó una maraña societaria que permitió la repatriación de casi ocho millones de euros.

Hay delito

El titular del Juzgado de Instrucción número 13 de Madrid, Antonio Serrano – Arnal considera que en las pesquisas que ha llevado a cabo sobre Rodrigo Rato hay indicios constitutivos de delito.

Entre ellos se encontrarían corrupción en los negocios, blanqueo de capitales y contra la Hacienda Pública, para lo que ha librado un auto que es el prolegómeno a la apertura de juicio oral.

El siguiente paso es que el juez libre un Auto de Juicio Oral, y daría verosimilitud al escrito de acusación que en el 2019 presentó la Fiscalía Anticorrupción por los contratos de publicidad de Bankia.

En el escrito, la Fiscalía Anticorrupción daba por demostrado que Rodrigo Rato había manipulado dichos contratos y solicitaba dos años de cárcel y 2,5 millones de euros de multa por esos hechos.

En libertad provisional

Es como se encuentra Rodrigo Rato desde el 12 de febrero, después de haber cumplido parte de la condena de 4 años y seis meses por el que había sido condenado por la Audiencia Nacional por el caso de las tarjetas «black».

En otro proceso judicial, el de la salida a Bolsa de Bankia, Rato ha sido absuelto como los otros 33 imputados.

Por ese caso, la Fiscalía había solicitado ocho años y medio de prisión por delitos de estafa y falsedad contable.

Actualmente, y aquí viene el nuevo vericueto judicial para Rato, el juez Antonio Serrano – Arnal establece que el expresidente de Bankia contrató los servicios de publicidad de las empresas Publicis y Zenith.

Según el auto del juez, las dos empresas, para conseguir el contrato, pagaron 2,2 millones de euros de comisiones, que se quedó Rato.

Investigado por la Unidad Central Operativa

A instancias de la fiscalía la UCO de la Guardia Civil descubrió que las comisiones fueron pagadas a una empresa de nombre Albisa Inversiones controlada por Alberto Portundo.

Dicho gestor trabajaba como consultor en Bankia, y fue contratado por el propio Rodrigo Rato mientras era el presidente de la entidad.

Parte del dinero que llegó a Albisa Inversiones fue transferida a Kradonara 2001, controlada directamente por Rodrigo Rato, y que cobró 835.024 euros.

Otros 190.000 euros fueron cobrados por Miguel Ángel Montero, un testaferro de Rodrigo Rato y que gestiona un buen número de empresas de la familia Rato.

Otra parte de ese dinero fue enviado a la empresa Bagerpleta GMBH, que se dedica a la explotación hotelera en Alemania, en un complejo proceso de ingeniería financiera.

Repatriación de dinero

En otra de las piezas, se está investigando la repatriación a España, por parte de Rato y por medio de diversas sociedades, de 7,28 millones de euros, al menos la mitad de origen desconocido.

El envío de dinero a España se ha producido por medio de testaferros y desde sociedades radicadas en paraísos fiscales y que se sustentan en falsos negocios lícitos.

Una de las sociedades más activas en el blanqueo de capitales ha sido la sociedad británica Vivaway y Kradonara, en especial esa última.

Desde Kadronara se ingresaba dinero en los diversos negocios que tenía Rodrigo Rato, con una fórmula que simulaba préstamos y negocios jurídicos.

Contra la Hacienda Pública

Es otro de los delitos que se imputan a Rodrigo Rato, entre los años 2006 y 2015, con la evasión en muchos de esos ejercicios fiscales de más de 120.000 euros, cantidad a partir de la cual se está cometiendo un delito.

El primero de los delitos tendría que ver con la repatriación de capitales de una manera opaca, mediante el uso de Kradonara, eludiendo sus responsabilidades fiscales.

La sociedad Vivaway, también controlada por Rato, otorgaba préstamos participativos a Kradonara, que esta nunca devolvía.

En otra vertiente del fraude, y mediante sociedades instrumentales, Rato facturaba por conceptos ficticios, como servicios profesionales o impartición de conferencias que nunca se producían.

Condenado por las tarjetas «black»

Fue en el 2018 cuando el Tribunal Supremo confirmó la sentencia que condenaba a Rodrigo Rato a cuatro años y medio de cárcel.

El caso de las tarjetas «black» consistió que, entre directivos y altos cargos, con unas tarjetas de crédito opacas, se gastaron 12 millones de euros, sin justificar.

En la trama también estuvo implicado Miguel Blesa, con el que compartió banquillo de los acusados, que según la Audiencia Nacional fue el «ideólogo» de dichas tarjetas de crédito opacas.

Es más, de los 12 millones de euros gastados, 9.300.000 euros se gastaron durante la época en la cual Miguel Blesa fue el presidente de la entidad financiera.

Sin embargo, la estructura que permitió el fraude se creó en el año 1988 para uso y disfrute del presidente de la entidad, consejo de administración y la comisión de control.

El uso de las tarjetas no estaba sujeto a fiscalización, por lo cual se dieron casos de consejeros que inclusive la utilizaban para sacar efectivo en cajeros automáticos.

Fuente – EL PAÍS / LA VANGUARDIA

Imagen – Convergència Democràtica de Catalunya / It`s no Game / Jobs for Felons Hub / Jorge Franganillo / Heralder / Rusty Clark / Agencia Tributaria / QuoteInspector